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El peligroso derrotero de la jueza Alaya (principio democrático y principio de legalidad)

alaya

 

Nunca la aprobación de una ley por un órgano representativo en el ejercicio de  la soberanía popular puede constituir motivo de delito. Puede ser nulo  y anulable constitucionalmente pero el acto de aprobar una ley, nunca es delito. Por eso es tan grave lo que está haciendo la jueza Alaya al procesar penalmente a individuos por haber aprobados proyectos de ley, proyectos que se convirtieron en ley después del voto mayoritario del parlamento. En una democracia constitucional el principio de legalidad emana del principio democrático y no al contrario. En una dictadura el principio de legalidad, si existe, proviene del autócrata o de la oligarquía dominante (ya sea esta un partido  o una iglesia).

En las democracias el poder constituyente (la soberanía popular) y el poder constituido (el Estado) están claramente diferenciados, son dos momentos  que no pueden ser ni reconciliados ni sintetizados en uno. Por  el contrario en las autocracias el poder constituyente  y el poder constituido son lo mismo. Y son lo mismo por qué el soberano es “alguien” (el rey, el partido,  Dios, la oligarquía) no es todo o nadie (el pueblo) como en las democracias. El poder constituyente es indiviso, el poder constituido es diviso por naturaleza. Pretender  aplicar  el principio de legalidad ordinario, como hace la jueza Alaya,  al parlamento por encima o al margen de la constitución es olvidar la doble naturaleza que el `parlamento tiene de institución del Estado (y por tanto poder constituido) y de instituto constituyente (sólo sometido a la constitución como forma positiva de la soberanía popular). Y esto es así  porque el poder constituyente no está fundamentado sino  que es fundamento y fundador de todo fundamento del poder político.

¿El control de los actos legislativos del parlamento  no es control de  legalidad? No, es un control de constitucionalidad en lo que la constitución tiene de norma fundante y no de norma fundada. Por eso el control de constitucionalidad de  los actos del parlamento directa o indirectamente lo pueden enervar cualesquiera  que sea  miembro de la comunidad política. La ciudadanía por medio de los tribunales de justicia, de los representantes políticos (diputados, senadores) o del recurso de amparo; los tribunales  a través de la cuestión de inconstitucionalidad; los representantes políticos, los parlamentos y los gobiernos  mediante  el recurso de inconstitucionalidad, todo estos actores pueden iniciar un  procedimiento de control de constitucionalidad.  Y en este  a  diferencia del de legalidad,  todos y todas  estamos, directa o indirectamente,  legitimados para actuar. ¿Pero quién es el que finalmente garantiza en firme  el control de constitucionalidad? ¿Es el poder judicial como en el control de legalidad? No, es el Tribunal Constitucional (TC) que no es poder judicial sino poder legislativo. La legitimación del TC no proviene de la ley sino de la constitución y del parlamento (soberanía popular) por eso no hay otro control sobre el TC que el  que  el parlamento ejerce directamente sobre él.

Es un error frecuente el equiparar  en potencia de legitimación a los tres poderes clásicos del Estado (legislativo, ejecutivo y judicial), esto para nada es así. El poder legislativo es superior y anterior al Estado mismo por qué  es él el  que tiene el vínculo más directo y vigoroso con la soberanía popular. El parlamento es príncipe, el gobierno y los jueces funcionarios; es el único poder que puede crear, los otros a lo sumo innovar. En la teología política medieval , tal como nos enseña Katorowizt, el rey tiene dos cuerpos a semejanza de Cristo; el cuerpo físico que es el monarca  y el cuerpo místico que es la eclessia (la asamblea , el parlamento después). La separación y ruptura de esos dos cuerpos del soberano y el degollamiento de uno (el rey)  en el nombre del otro ( la asamblea), es en eso en lo que consiste  el surgimiento de la democracia  moderna. Cualquier paso atrás en esta escisión comporta la la vuelta de la autocracia.

La soberanía popular pues, y el principio democrático que la expresa, no es una institución del Estado  y por tanto no está sometida al principio de legalidad.  Nadie está por encima de la ley , salvo el pueblo que es  el poder constituyente. Pero el pueblo como poder constituyente y como soberano no es ningún   “alguien”. El pueblo no es  “este pueblo”, ni la mayoría del pueblo;  es  la forma política que permite el continuo e incesante ejercicio de autodeterminación de cada uno y de todos  de  los individuos potenciales  que lo componen. La soberanía popular se revela así no como el poder  de alguien (hipostasis) sino como el poder de todo por medio del procedimiento (proceso y praxis).

Por tanto procesar a  alguien por un acto legislativo parlamentario es atacar directamente al principio democrático y desconectar el poder constituido del poder constituyente. Si las acciones de la jueza Alaya se consolidaran doctrinal y jurisprudencialmente, no estaríamos  ante un conflicto entre poderes, ni ante una extralimitación  del poder judicial, estaríamos, digámoslo, ante un golpe de Estado.

 

 

2 Comentarios

  1. Todo esto viene a cuento , porque se han pasado con los sindicalistos. Defender este tipo de ley, es como defender, el despido libre, el hacer lo contrario de lo que se dice en una campaña electoral, el defender a los poderes fácticos a través de leyes, el dar indultos, a gentuzas de su mismo partido etc..
    Si verdaderamente, esta u otro juez se extralimita con alguna persona, para eso están los tribunales, y tendrán que pagar estos sus excesos.
    Por otro lado, miles de convenios, están llenos de ilegalidades y hay que asumirlos porque estos sindicatos mayoritarios lo firman

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