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Retomar la perspectiva: la reforma de la Constitución como proyecto de regeneración democrática

Aunque la intensidad de la actualidad política nos atrapa, es necesario poner las luces largas para no perder el sentido de la perspectiva. Vivimos un complicado proceso de cambio como resultado de la crisis específica del modelo del Estado español que tuvo como detonante la crisis global. Esta crisis específica, que tiene una naturaleza multifuncional (del modelo económico ineficaz e insostenible, del raquítico Estado del Bienestar, de la democracia de baja calidad que ha encarnado el bipartidismo y de la organización territorial de Estado que ha sido incapaz de evolucionar hacia un sistema federal plurinacional y cooperativo), ha tenido una respuesta política decisiva que demuestra la madurez democrática de la ciudadanía española en su conjunto. En estos momentos vivimos las tensiones para la formación de un Gobierno más allá de los estrechos márgenes que marcaba el bipartidismo. Pero por muy importante que sea este acontecimiento es sólo un paso más en el proceso de cambio que está impulsando la mayoría de la población.

Este proceso de cambio debe tener como un hito determinante la reforma de la Constitución española. En la traumática historia constitucional de España nunca ha sido posible ejercer con normalidad la renovación del vínculo entre la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio mediante la modificación de la Carta Magna. Únicamente a través de la reforma constitucional se puede proyectar esa legitimidad de origen en legitimidad de ejercicio indefinida en el tiempo porque precisamente, “el Estado constitucional es democrático porque puede reformar la Constitución y puede reformar la Constitución porque es democrático” en palabras de Javier Pérez Royo, es decir, reformar la Constitución es, en este proceso, la única forma de defender la democracia y a la propia Constitución como salida imprescindible a la crisis actual.

Sin embargo, la reforma territorial constituye el núcleo central de la reforma del Estado y esta reforma no puede circunscribirse a la modificación del título VIII, ya que hay objetivos reclamados por la mayoría de la ciudadanía como la necesidad de solventar el déficit democrático de nuestro sistema político, garantizar los derechos y servicios públicos, incorporar los nuevos derechos ambientales y poner las bases constitucionales que impidan modelos económicos especulativos e ineficaces.

Como piedra angular frente a la crisis institucional que recorre el Estado español proponemos impulsar un amplio debate social y político para la reforma de la Constitución mediante un proceso con amplia participación de la ciudadanía, que sea capaz de consensuar una nueva arquitectura institucional, económica y social. En particular proponemos abordar:

  • La estructura territorial (reconocimiento de la naturaleza plurinacional de España, naturaleza constitucional de los Estatutos de Autonomía; órganos federales incluido el Tribunal Constitucional; clarificación competencial; supresión de la provincia como demarcación obligatoria; adelgazamiento de la estructura de la administración estatal para evitar duplicidades, etc.)
  • La Jefatura del Estado
  • Una nueva estructura electoral que garantice la igualdad de voto, conectada a la composición del Congreso y del Senado
  • La garantía de los derechos sociales, laborales y civiles
  • La supresión de la modificación del artículo 135
  • Blindar la naturaleza pública de los servicios, recursos y sectores esenciales
  • La incorporación de garantías de nuevos derechos ecológicos
  • La democratización plena y la incorporación de controles efectivos contra la corrupción, reformando el Consejo General del Poder Judicial, el Banco de España, el Tribunal de Cuentas, etc.

La crisis se ha manifestado específicamente en la organización territorial a través de dos grandes efectos: la crisis fiscal de las organizaciones territoriales y el aumento exponencial de la desigualdad. A su vez, ha habido dos respuestas en direcciones contrarias: la acentuación del neocentralismo, que la dinámica del capitalismo financiero y las políticas del bipartidismo ya habían consolidado (y legitimado el Tribunal Constitucional) y el conflicto entre Cataluña y el Estado que ha introducido en la agenda política el derecho a decidir, como una nueva reelaboración del derecho a la autodeterminación en las democracias occidentales. La lucha por la democratización del Estado pasa por el reconocimiento de la plurinacionalidad de España.

Nuestra propuesta para reformar el Título VIIII se basa en:

  • Reconocimiento de la naturaleza plurinacional de España con separación de los conceptos de estado y nación y la soberanía compartida entre los distintos entes con capacidad legislativa propia (Unión Europea, Estado central y Estados federados). Reivindicamos el autogobierno real para las Comunidades en un plano de igualdad y el establecimiento de mecanismos efectivos de cooperación con el Estado y la Unión Europea.
  • Consideración de los Estatutos como Constituciones autonómicas (extensiones de la propia constitución) y por tanto por encima del Tribunal Constitucional con lo que este no puede anularlos (lo que esta en el origen del conflicto catalán actual). Esta es la norma en los Estados Federales y lo que le da coherencia a su arquitectura constitucional.
  • Distribución competencial clara entre las entidades locales, Estados federados, Estado central y Unión Europea bajo el principio de administración única, interiorizando la administración local en los espacios federados.
  • Supresión de la Provincia como demarcación territorial y electoral por ser incompatible con la estructura federal.
    Hacer efectivo el derecho a decidir en condiciones similares a la Ley de Claridad elaborada a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional de Canadá en relación con el referéndum quebequés. Todos los poderes deben estar distribuidos, limitados y sometidos a la Constitución y los Estatutos, bajo el principio de distribución competencial y no de jerarquía.
  • Reforma del Senado como institución central para la representación y cooperación territorial y federalización de los órganos y sedes de los órganos constitucionales.
  • Constitucionalización operativa de la financiación autonómica.

La reforma de la Constitución no está exenta de riesgos y dificultades pero también de esperanza para abrir una nueva etapa que solucione las disfunciones del Estado de las Autonomías y sea un paso decisivo para solucionar el conflicto catalán. La dialéctica de una nueva distribución territorial del poder en España se va a establecer entre inmovilismo, asimetría (nacionalismos soberanistas) o federalismo plurinacional, en el contexto de la crisis del Estado nación. Sólo si Andalucía logra intervenir en el debate como un sujeto político que tiene derecho a su propia realización será posible aunar la plena autonomía y la máxima cooperación para nuestra tierra y para el conjunto de los pueblos que conforman el Estado.

Andalucía tiene que realizar una ofensiva sin complejos para defender un modelo federal avanzado que dé respuesta a la realidad plurinacional en España, a partir del establecimiento de mecanismos cooperativos, del derecho a decidir y de la naturaleza constitucional de los Estatutos. Por ello defendemos una reforma constitucional del título VIII de la CE que sustituya el actual sistema de autonomía por un estado federal cooperativo ya que la vía evolutiva a través de los Estatutos ha sido clausurada por el propio Tribunal Constitucional.

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