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¿Deben publicarse en los medios de comunicación la identidad de la personas acusadas de algún delito?

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Francisco Garrido.10/10/2011.

Una persona detenida, o en proceso de enjuiciamiento, no es una persona que ha cometido un delito;  es una persona de la que existen indicios y prueba racionales y empíricas  de que  es posible  y altamente probable (presuntamente)  que lo haya cometido. Una persona juzgada y condenada en firme (con la escala de recursos agotada) si  ha cometido un delito. Ninguna de las dos, ni la presunta ni la condenada, son delincuentes  por que en un Estado democrático de Derecho no  existen los delincuentes sino los delitos (tipo teórico) y las actos delictivos (conductas específicas). El sistema jurídico  no juzga personas    (condiciones no contingentes)  sino conductas  (actos concretos  individuales y contingentes).

Puesto que el sistema jurídico no juzga personas sino conductas, resulta repúgnante per se   algunos tipos de penas como la cadena perpetua o la pena de muerte que no  penalizan   conductas  sino individuos. La pena de muerte de manera evidente, y la cadena perpetua  de forma indirecta, pies supone, al menos potencialmente, una amputación tan extensa y brutal de la libertad del individuo que es equiparable a la pena capital.

Viene  todo esto a cuenta  por una una reciente sentencia del Tribunal Supremo  que permite la publicación completa en los medios  de comunicación  de la identidad de las procesadas , no condenadas,  por  delitos  de violencia de género. La  argumentación se basa en la primacía del derecho a la información  en caso de  delitos  de “extraordinaria importancia y trascendencia social”. El daño al honor de una persona que es juzgada  y acusada por  cualquier delito   no es reparable  por ninguna  sentencia absolutoria, esto es cosa bien sabida. Este daño  a la propia imagen es  inherente  al procedimiento judicial ( en el argot se le denomina “pena de banquillo”) pero no por ello debe ser reforzado y  magnificado a través  de la publicación de la  de la identidad del procesado  o procesada  en los medios de comunicación públicos.  

La “pena de banquillo” ha de ser reducida en sus efectos al mínimo imprescindible.  Existe una asimetría  desproporcionada entre  la consistencia  probatoria  que respaldan actos como la denuncia o la apertura de diligencias  y el daño a la imagen de la persona denunciada o investigada si esta información es divulgada por los medios. Solo en el caso de que  la persona denunciada, investigada o procesada sea un cargo público y la denuncia o instrucción verse  sobre delitos concernientes al ejercicio de su cargo, esta justificada esta información; pues  sirve  al “interés público”  que supone  la alimentación de la información disponible por la ciudadanía para el permanente  control y evaluación de sus representantes.

El hecho de que el Tribunal Supremo introduzca un  concepto tan indeterminado como es el de “delitos de extraordinaria importancia y trascendencia social”, abre una puerta al uso  arbitrario de la “pena de banquillo” de forma extensiva y abusiva más allá de los delitos de violencia de género o de otros especialmente odiosos. Como ocurre en otros casos se utilizan  delitos  atractivamente  repugnantes (asesinato de menores, violación, terrorismo, violencia de género) para  agrietar el muro del sistema de garantías  por donde luego pasaran delitos y casos mucho menos odiosos ética y socialmente. La doctrina Parot (un militante de ETA)  del Tribunal Supremo (28/02/2006) sobre la computación de las penas es un ejemplo evidente de esta estrategia de deterioro de las garantías basada en el uso de casos odiosos como ariete de los derechos.

 No, no  deben publicarse la identidad de la procesadas  por violencia  de género, ni por ningún otro delito, a excepción de los delitos de cargos públicos ya mencionados; pues  de lo contrario estaremos construyendo un túnel bajo el sagrado muro de las garantías que dañará, y mucho, nuestros derechos.  No olvidemos que sin garantías los derechos y las libertades son papel mojado, simples flatus  vocis.

Un comentario

  1. Pues yo creo que no, que lo primero es la privacidad de la gente

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