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El decreto antidesahucio de la Junta y la retórica reaccionaria

 

Francisco Garrido.

En varias  ocasiones  hemos hecho alusión   al magnífico trabajo de Albert . O Hirschman  titulado “retórica de la intransigencia” y donde expone  el resultado de una ardua investigación sobre los argumentos  que el pensamiento político conservador ha utilizado para  desactivar los cambios sociales sin oponerse formalmente  a ellos. Los reaccionarios conservadores cuando perciben que han perdido la hegemonía ideológica  no expresan rechazo abierto y frontal   a los objetivos y principios  de  las acciones ( leyes, programas, políticas) que  se rechazan sino que tratan de demostrar  que o bien van a  producir “efectos perversos”  que final  generaran consecuencias contrarias a las deseadas, o bien las medidas tomadas  son inútiles ( no sirven de nada) o bien  comportan riesgos y peligros más graves que los efectos positivos que conlleva. Esto es lo que ha hecho el discurso postmachista con las leyes de igualdad de género; no se oponen  l objetivo de la igualdad entre hombres y mujeres  pero .. sí a los instrumentos que la pueden alcanzar. Algo así como  autorizar el ciclismo pero prohibir el uso de bicicletas.

En el reciente debate público sobre el decreto de la Junta de Andalucía contra los desahucios,  el esquema se ha repetido miméticamente.  Nuestros reaccionarios, sin leer seguramente  a Hirschman, repiten meticulosamente  los argumentos  que este ha descrito, hace  ya algunos años. Lo cual no es mérito de los reaccionarios sino de Hirschman.  Nadie de los que han criticado al decreto  ha negado la necesidad de abordar y resolver, desde los poderes  públicos, el drama social de los desahucios pero todos han `puesto una serie de objeciones  que de ser tenidas en cuenta desactivaría los efectos positivos del decreto.   Los conservadores  perciben que este tema la opinión pública está muy  mayoritariamente  del lado de los desahuciados y no del lado de la banca. La estrategia de camuflaje  consiste en   decir una cosa y por la vía de las objeciones  instrumentales (“estoy de acuerdo  con los objetivos pero no con los medios” dice el niño-viejo Javier  Arenas) conseguir lo contraria.

Las líneas argumentales  utilizadas para criticar al decreto repiten el esquema de Hirschmann: “efectos perversos, futilidad y riesgo”. Veamos algunos ejemplos:

(a)    “Los efectos perversos”.  Los que usan este tipo de argumentación   dicen que el decreto  va a endurecer  y encarecer la posición  de los bancos tanto en el crédito como en la renegociación  de las hipotecas,  lo cual acabaría provocando una mayor vulnerabilidad de los ciudadanos para adquirir o conservar la vivienda.  De esta forma, dicen, el decreto pretendiendo  defender el derecho a la vivienda lo acabará  fatalmente  dañando.  Este es la línea editorial de intereconomía  ,LibertadDigital  o de los columnistas de La Razón , El Mundo o ABC. Este argumento es falso pues ignora que  tanto el crédito hipotecario  como la renegociación de las hipotecas  ya no pueden endurecerse y encarecerse más. so riesgo de incurrir en estrategias suicidas  rayanas en la bancarrota.  Pues es precisamente  el corte del crédito (por sobreendeudamiento especulativo  bancario)  y la inflexibilidad en la renegociación  hipotecaria la que ha provocado el incremento  de los  desahucios sociales.  Una misma  variable no puede ser a la vez causa  (corte del crédito e inflexibilidad) y efecto  (desahucios). Por otro lado los desahucios no suponen, en este contexto de crisis por deuda, ningún aumento de la solidez  de los activos  bancarios. (mas bien informan al mercado de lo contrario; la naturaleza tóxica de estos activos). En contraste con esta crítica  el decreto puede tener como efecto colateral  ser un estimulo a la banca para que reduzca la rigidez en la renegociación del pago de las hipotecas.

(b)    “La futilidad”. “Este decreto no añade nada nuevo a lo ya propuesto por el PP”,esto ha dicho Cospedal, ergo es inútil. “El decreto reviste perfiles  de posible inconstitucionalidad  por invasión de competencia” ha manifestado Gallardón. Se trata de convencer a las gentes que el objetivo es bueno, cosa de la cual la gente ya está convencida,  pero  que el instrumento es inútil  (fútil). Falso, el decreto  añade múltiples aspectos que la propuesta del PP  no  contempla:  la  “expropiación provisional” (lo que resolvería todos los casos de desahucios social), las sanciones a los bancos y empresas privadas  por tener  viviendas no habitadas que no esté disponible en el mercado de alquiler , y lo que es más importante; el decreto antepone el derecho  a la vivienda (a la vida)  sobre el “derecho a la propiedad”.

(c)    “Los riesgos”.  Un juez de la Audiencia Nacional, la asociación de la banca y otros han criticado el decreto  porque lesiona el derecho de propiedad y la seguridad jurídica. Para proteger el derecho a la propiedad de algunos pocos (los desahuciados) se pone en peligro el derecho a la propiedad y la seguridad jurídica de todos, vienen a decir. Los efectos negativos superan  pues a los efectos positivos.  Admitir  esta crítica seria como admitir que toda expropiación pública de un bien privado supone un daño general y radical al derecho de propiedad y una disminución sustancial  de la seguridad jurídica,. Nadie, ni siquiera  ellos, aceptarían esta conclusión que por otro lado es  argumentalmente consistente pues  no  hay ninguna diferencia procesal  entre expropiar  un suelo  privado para una infraestructura pública ( una carretera, por ejemplo) y expropiar provisionalmente una propiedad ociosa para suministrar vivienda a personas en unas condiciones  económicas de  emergencia social y habitacional. El uso del derecho de propiedad, como cualquier otro derecho, tiene que ser ponderado pues su ejercicio interactúa y puede colisionar con el ejercicio de otros derechos.  En el caso previsto por el decreto la colisión es entre el derecho a la propiedad  y  el derecho a la vida (concretado en el derecho a la vivienda). El decreto se limita aplicar la distinción jerárquica que ya realizo el constituyente cuando incluyo entre los derechos fundamentales al derecho a la vida y no al derecho de propiedad.

El decreto antidesahucios de la Junta de Andalucia ni tiene efectos perversos que anula los efectos positivos previstos, ni es inútil, ni comporta riesgos superiores a los beneficios. Si el ABC, el PP, El Mundo, los jueces  conservadores y toda le legión de reaccionarios que han comenzado a vociferar contra el decreto dijeran lo que de verdad piensa y desean  deberían decir que en su escala de preferencias  el derecho a la propiedad  y los intereses privados están por encima  que el derecho a la vida y los intereses públicos. Pero no lo dirán, no son tontos y saben donde está  situada la mayoría social. La derecha está condenada a seguir fingiendo pues  en un contexto de ralentización, cuando menos, del crecimiento, su programa es incompatible con los intereses de supervivencia de la inmensa mayoría de la población.

Esta estrategia retórica de oposición al cambio y  al progreso social no es eterna, es un producto netamente  burgués y moderno. Los discursos teocráticos medievales no la necesitaron para  legitimar la dominación y la desigualdad social; no necesitaban  ser engañosos aunque fueran falsos. El “marketing medieval” que representaba el arte sacro (música, escultura, pintura) no mentía cuando describía  hechos ilusorios. La  mentira  estratégica  y conceptual es una conducta exclusivamente moderna. Antes  de la tajante división moderna entre sociedad política (Estado) y sociedad civil (mercado) los valores dominantes eran los mismos para todos los poderes; civil y religioso, político y económico: poder, propiedad  e ideología no estaban escindidos. En la modernidad  sin embargo se ha generado una duplicidad antagónica entre los valores igualitarios de la sociedad política y los valores discriminatorios de la sociedad civil. La hegemonía formal reside en los valores igualitarios políticos ( “Todos los ciudadanos  son iguales ante la ley”, “Un hombre, una mujer: un voto”,” Todos los españoles tiene derecho a la salud, a la educación, al trabajo, a la vivienda…”) pero la hegemonía estructural que controla  la satisfacción del sistema de necesidades (economía) está en manos de los valores del mercado. En  esta pugna entre Estado y Mercado ha habido flujos y reflujos, enfrentamientos y pactos; ahora vivimos, desde la aparición del neoliberalismo, un fuerte reflujo del Estado en beneficio del mercado. ¿Implicara la actual crisis un punto de inflexión de esta tendencia? No lo sé, en todo caso  esta tensión  entre hegemonía formal y material es la explica  por qué la derecha tiene que combatir los avances materiales en la igualdad usando, o invocando,  los  valores políticos igualitarios.

Usar la igualdad formal para producir desigualdad material es el “truco del almendruco” liberal. No por casualidad esta retórica de la intransigencia que estudia Hirschman surge como reacción defensiva contra la revolución francesa. Son los mismos argumentos falaces  que hemos escuchado desde entonces  para criticar la fiscalidad progresiva, el gasto social, la coeducación. Pero si analizamos estas estrategias de camuflaje con cierta finura, no hay lugar para el pesimismo; veremos  como  el hecho de que para ganar  la derecha tenga que disfrazarse  de izquierda, indica claramente  que parte del territorio está conquistado para  la igualdad: defendámoslo  y ¡a por ellos¡.

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