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La universidad andaluza puede sufrir una reconversión salvaje

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Queda menos de un mes para las elecciones generales y dos meses para que se produzca el cambio de gobierno. A algunos se nos antoja demasiado tiempo para que Zapatero permanezca en el poder. Inexplicablemente, sus últimas decisiones, desde la mal llamada disciplina fiscal hasta la remilitarización del litoral andaluz, favorecen y facilitan la labor de la derecha, medidas que tendrían un alto coste político si las tomase el PP.

La última (¿efectivamente será la última?), la remisión al Consejo de Estado del proyecto de real decreto que, entre otras cosas, abre la puerta a una reestructuración del mapa universitario. Una medida que puede suponer una reconversión salvaje y que responde a criterios puramente económicos: ahorrar costes suprimiendo titulaciones y el profesorado que las imparte, cosa que significa inevitablemente despedir una parte significativa del personal docente e investigador de las universidad es públicas, especialmente a los más jóvenes. Los criterios a tomar en cuenta para la supresión y fusión de universidades son difíciles de cumplir para las universidades pequeñas y especialmente para las creadas recientemente. Parecen diseñados ex profeso para propiciar fusiones sobre la base de las universidades más grandes y más antiguas, algunas de ellas sobredimensionadas y con una inercia poco acorde con los tiempos, donde la investigación –salvo excepciones—deja mucho que desear.

Pero, ¿no es la agregación y la ganancia en tamaño algo positivo? Ciertamente, la creación de universidades públicas ha respondido a motivaciones políticas localistas, antes que a consideraciones académicas y de planificación territorial. En vez de haber crecido en campus o nuevas universidades especializadas, repartidas por el conjunto del territorio andaluz, se optó por dotar a cada provincia de una universidad generalista. Debido a ello se han multiplicado por nueve titulaciones como derecho, económicas y empresariales, geografía e historia, ambientales, biología, etc. e incluso hay proyecto de abrir nuevas facultades de medicina!!! Hubiese sido más rentable becar los estudiantes para que estudiaran en campus especializados que construir y dotar los generalistas que hoy tenemos. Muchos de los grupos de investigación andaluces son demasiado pequeños y poco competitivos como para destacar en el ranking internacional. El gobierno andaluz en poco ha contribuido a que ganen tamaño y competitividad con ayudas indiscriminadas y poco significativas, sin un verdadero sistema de investigación estratégicamente orientado, sólo motivadas por el deseo de contentar a todos, especialmente a las universidades más grandes.

Pero la fusión de universidades no va a resolver estos problemas del sistema universitario andaluz, sino que los va a agravar. Tampoco va a resolver los problemas estructurales que se derivan de la aplicación de Bolonia sin los medios necesarios. De hecho, esta reconversión de sistema universitario andaluz puede servir de cuartada para un nuevo recorte de la inversión pública en educación superior. Los problemas financieros de la universidad vienen, efectivamente, de lejos, son anteriores a la crisis, que en todo caso ha agravado. La adaptación al espacio europeo de educación superior (Bolonia) se está haciendo sin apenas dinero y ello está repercutiendo negativamente no sólo sobre la propia calidad de la enseñanza (por mucho que la calidad sea el centro de la actividad docente), sino lo que es más grave, sobre la investigación. Ésta reside principalmente en la Universidad, porque el sistema de i+d andaluz desgraciadamente debe poco a las empresas. De tal manera, que en las dos últimas décadas, el sistema público universitario y el CSIC han logrado colocar a España en el puesto 9 del ranking mundial por producción científica. Un puesto que se corresponde más o menos con el tamaño de su económica y en el que Andalucía ha contribuido de manera significativa.

La aplicación de Bolonia “a coste cero” está teniendo consecuencias negativas sobre el quehacer científico. De las 40 horas semanales que un profesor o profesora universitaria dedica a su trabajo, 14 horas son presenciales, esto es dedicadas a impartir clases o a realizar tutorías. Pero, el establecimiento de un número mínimo de 60 estudiantes por clase hace que se sobrepasen con frecuencia. No sólo hay que dedicar más tiempo a dar las clases teóricas y las prácticas, que por cierto se han multiplicado por tres al subdividirse por grupos de veinte alumnos, sino también a prepararlas. Además, la carga burocrática se ha elevado exponencialmente: hay que rellenar informes, formularios, autoevaluaciones de calidad, actividades administrativas, presencia en los órganos de gobierno, tutorías virtuales, etc.… Aunque es difícil de calcular el tiempo que se dedica a estas tareas burocráticas, el resultado final de todo es que a la investigación se resiente. Es de prever que en los próximos años veamos una fuerte caída en la posición de España en los rankings de investigación mundiales y, consecuentemente, el aumento de los costes del necesario cambio de modelo de la economía andaluza y española. Contribuirán a ello los recortes en los fondos destinados a la investigación, pero sobre todo en el más que previsible aumento de la carga docente del profesorado (véase lo ocurrido en Madrid).

En este contexto debe entenderse el proyecto de decreto sobre la reestructuración de las universidades. Podría haber servido como un instrumento al servicio de la investigación de calidad, agregando grupos y campus para ganar tamaño y competitividad. Podría impulsar una reconfiguración racional del mapa de titulaciones que evitase o redujese la duplicidad y especializase los campus. Pero, a la vista de las políticas de contención y reducción del gasto público que viene desarrollando el PSOE en Andalucía y que muestra el PP en otras comunidades autónomas, entre la precariedad y los recortes, es de suponer que este decreto abra la puerta a la reconversión salvaje del mapa universitario andaluz, que no por casualidad coincide con el intento de aprobación por vía de urgencia que el PSOE pretende en el Parlamento de Andalucía de una nueva universidad privada. En esto, parece que el PP, firme defensor de la universidad privada y dispuesto a descapitalizar la pública como muestra entre otras la política que lleva a cabo en Madrid, y el PSOE coinciden en lo esencial: una universidad pública cada vez más pequeña, dedicada ante todo la docencia, con escaso peso de la investigación, y una universidad privada cada vez más protagonista, dedicada a formar a los hijos de las clases pudientes, a los de siempre. Un sistema universitario, en definitiva, que se situará muy lejos del papel de vanguardia tecnológica y cultural que la sociedad andaluza necesita.

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