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Proceso constituyente, estado de excepción y democracia

Francisco Garrido.Hablamos en estos meses de iniciar un nuevo periodo constituyente en el que se realice un auténtico, propio,  proceso de constitución política democrática en el territorio de soberanía del  Estado español. Este nuevo periodo constituyente se contrapone al  débil, por no decir inexistente, proceso constituyente  que dio lugar a la constitución de 1978. Esta vez la nueva constitución surgiría desde abajo, desde  el núcleo  del poder constituyente que en una democracia no es otro que el mismo pueblo bajo la forma de asamblea constituyente.

El estado de excepción es un forma de ejerció del poder político sin límites, un ejercicio puro del poder como dominación, todo estado de excepción implica un acto de  fuerza bruta dictatorial. Por ello las dictaduras  viven en un permanente estado de excepción donde la principal fuente del derecho es la voluntad individual o oligárquica  del soberano. K. Schmitt definió al soberano como “aquel que puede decretar el estado de excepción”. La diferencia entre el ejercicio despótico del poder en el estado de excepción y el ejerció democrático del poder bajo la forma de pueblo es que el pueblo usa el estado de excepción para abolir la posibilidad de que haya estados de excepción y el poder despótico lo usa para consagrar el estado de excepción.   Por eso el poder  de la soberanía popular, a diferencia del poder del soberano, se manifiesta  en el estado de excepción como poder constituyente, un poder que se autolimita bajo formas normativas e  institucionales (el Estado sublege).

Por tanto la soberanía popular  tiene una aversión natural al estado de excepción y sólo en contadísimas condiciones y de forma muy limitada y transitoria admite el recuso al vacio que el estado de excepción supone. La historia le previene sobre ello. Las experiencias revolucionarias del siglo XX de ejercicio  de la soberanía popular sobre escenarios prolongados de estados de excepción como fue la experiencia soviética nos aportar un doloroso conocimiento de los enormes riesgos que implica  el abuso del estado de excepción. Ninguna revolución socialista surgió con un programa de perpetuación del estado de excepción (se le llamó dictadura del proletariado) sino como un periodo transitorio y brevísimo de poder constituyente. Ya sabemos que paso y la materia tan delicada que es el estado de excepción con eso no se juega.

La constitución de 1978 no fue pues  en origen  una auténtica constitución ya que no fue promulgada por la pueblo sino otorgada por el poder puro y absoluto que imperaba en el estado de excepción franquista. El poder continuador  de ese  estado de excepción franquista era y es el rey; el rey Juan Carlos I de Borbón y cualesquiera de sus descendientes. No puede haber ninguna transición entre el estado de excepción franquista y la constitución democrática. No hubo transición sino coexistencia entre la persistencia de residuos del  estado de excepción fascistas como el ejército o la monarquía y las instituciones democráticas.  Al día de hoy el rey es el último reducto del estado de excepción. De ahí que el rey sea constitucionalmente  impune, no jura la constitución, la sanciona. El manto de silencio  e impunidad  que hasta ahora ha rodeado al monarca responde  a al olor despótico de poder político brutal que la monarquía desprende.

Ahora bien, el hecho de que la constitución de 1978 no sea el resultado de la transición de una legalidad  a otra  sino de la no legalidad que el estado de excepción  franquista representa a una muy deficiente legalidad democrática ¿anula las potencialidades  democráticas de esta constitución como forma institucional de ejercicio de la soberanía popular?¿Necesitamos introducir el vacío institucional del estado de excepción para iniciar el proceso constituyente?¿La mecánica del ejerció de la soberanía en el estado de excepción es igual si tal ejerció recae en uno o algunos o en la forma informal del pueblo?¿Que costes y riesgos en el momento presente tiene para el proceso constituyente  el uso de la institucionalidad vigente o la apertura del estado de excepción?¿Pueden los lastres originales de la constitución de 1978 impedir el proceso de autoreforma constituyente?  La respuesta a todas estas preguntas implica compromisos teóricos y cálculos estratégicos a partes iguales. La necesidad de iniciar un nuevo proceso de constituyente  es indiscutible, de ahí partimos. Que este proceso debe contemplado entre sus objetivos prioritarios e ineludibles la limpieza de los residuos del estado de excepción  fascista y del nuevo estado de excepción neoliberal es también algo que no puede ser obviado.  Pero  que uso debemos, o no, hacer del estado de excepción es la primera cuestión que hay que dirimir en  la apertura de un proceso constituyente. ¿Podemos abordar  hoy  con más expectativa de éxito este proceso sin recurrir al estado de excepción?

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