El sistema energético andaluz. Alternativa (tercera parte)

 Rafa Rodríguez

0.    Introducción

Andalucía se encuentra en una encrucijada: o se consolida un modelo dependiente y periférico en el sistema energético, o aprovechamos nuestro potencial para avanzar hacia una autonomía energética real basada en renovables y electrificación.

No se trata solo de poner paneles y molinillos sino de organizar un sistema político, económico, técnico y ambiental que aborde una estrategia integral basada en electrificación, almacenamiento, planificación pública y democratización energética como una palanca histórica de autonomía, reindustrialización y mejora de las condiciones de vida. La cuestión no es técnica, es una decisión política sobre qué papel quiere jugar Andalucía en el nuevo modelo energético.

1.    Un gobierno en la Junta y en los ayuntamientos para energías renovables (y renovadas)

Es imprescindible situar la política energética en el centro de la acción de gobierno, tanto en la Junta de Andalucía como en los ayuntamientos. Esto implica una gobernanza activa con participación ciudadana y coordinación institucional, superando el actual enfoque fragmentado.

Se requiere un marco normativo ambicioso que priorice las energías renovables y su plena conexión con la electrificación, facilite su despliegue, garantice su orientación al interés general y favorezca modelos descentralizados. Esto incluye la creación de una empresa pública de energía, para impulsar y gestionar proyectos encaminados a la transformación de la matriz energética andaluza.

Para hacer posible la transición energética es imprescindible avanzar hacia un modelo territorial con más autonomía en un marco federal en el que haya un nuevo equilibrio que permita el desarrollo y la igualdad de Andalucía en financiación e inversiones, adaptando las herramientas fiscales al nuevo contexto energético. Necesitamos en la Junta el impulso de un gobierno de progreso con un proyecto de transformación estructural para Andalucía y con peso político en España y en la UE.

2.    Energías renovables para satisfacer la demanda de un sistema energético completamente electrificado

El objetivo no es solo producir energía limpia, sino cubrir la totalidad de la demanda mediante un sistema plenamente electrificado. Esto implica transformar sectores como transporte, industria y climatización.

En la UE las energías eólica y solar han generado más electricidad que los combustibles fósiles en 2025[1].

El desarrollo de la eólica marina representa una oportunidad estratégica para Andalucía, especialmente en sus costas atlánticas. Debe abordarse con criterios ambientales rigurosos y participación territorial en el marco del Real Decreto 150/2023, de 28 de febrero, por el que se aprueban los planes de ordenación del espacio marítimo de las cinco demarcaciones marinas españolas y del Real Decreto 962/2024, de 24 de septiembre, por el que se regula la producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables en instalaciones ubicadas en el mar.

3.    Reducir la demanda

La transición no es solo producir energía limpia, sino usar mejor la energía con incentivos para reducir los consumos en la industria, la movilidad y los hogares, y un uso eficiente del agua para la gestión de las renovables.

Ante la grave crisis energética global provocada por la interrupción del tráfico en el Estrecho de Ormuz, por donde circula aproximadamente el 20% del petróleo mundial, la Agencia Internacional de la Energía (AIE), ha propuesto distintas medidas inmediatas para reducir la demanda de petróleo, en movilidad, consumo y eficiencia energética, aunque deben insertarse en medidas estructurales de electrificación y transición energética[2].

4.    Justicia social energética

Es necesario un Plan andaluz contra la pobreza energética que garantice el acceso universal a la energía básica, en línea con la recientemente aprobada Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030 (ENPE 2026-2030)[3].

La clave es construir un proyecto que conecte las exigencias de la emergencia climática con la diversidad de demandas democráticas, vinculando la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero con el objetivo de resolver los problemas sociales, basado en una distribución equitativa de los costes de la transición.

La transición energética debe incorporar criterios de justicia social y territorial, garantizando que los costes de la transición no recaigan de forma desproporcionada sobre los hogares más vulnerables o los territorios con menor capacidad económica. Esto implica diseñar mecanismos de apoyo específicos para la rehabilitación energética de viviendas, el acceso a tecnologías limpias y la reducción de la pobreza energética.

5.    Reindustrializar Andalucía con energías renovables

Esta ventaja en la generación de electricidad sostenible a través de energías renovables y de bajo coste puede posicionar a la industria andaluza en una situación favorable para acabar con nuestra brecha industrial y tecnológica.

Se trata de hacer de la transición ecológica el motor para incorporar a Andalucía a la revolución industrial verde. No se trata solo de producir electricidad sino de evitar ser una “colonia energética”[4].

6.    Movilidad

El transporte constituye uno de los principales sectores de consumo energético en Andalucía y con mayor dependencia de los combustibles fósiles. Al igual que ocurre en el conjunto de España, el transporte concentra en torno a un 40% del consumo final de energía, siendo el ámbito donde la electrificación es más limitada, lo que lo convierte además en altamente vulnerable a las fluctuaciones de los precios internacionales y a posibles interrupciones del suministro de petróleo.

El vehículo privado y el transporte de mercancías por carretera dominan claramente la movilidad cotidiana y económica, consolidando un patrón intensivo en consumo de combustibles fósiles.

Frente a esta realidad, el desarrollo del ferrocarril emerge como una alternativa estratégica de primer orden. El tren presenta ventajas claras en términos de eficiencia energética ya que puede consumir entre tres y cinco veces menos energía por pasajero o tonelada transportada, y permite una electrificación directa, facilitando su integración con un sistema energético basado en fuentes renovables. Además, el ferrocarril contribuye a reducir emisiones, disminuir la congestión viaria y mejorar la cohesión territorial.

Sin embargo, Andalucía arrastra déficits históricos en su red ferroviaria, especialmente en lo que respecta a conexiones transversales, cercanías metropolitanas y transporte de mercancías. La prioridad otorgada durante décadas a la alta velocidad radial hacia Madrid no ha ido acompañada de un desarrollo equivalente de las infraestructuras ferroviarias internas ni de los corredores logísticos.

Impulsar un sistema ferroviario que vertebre el territorio, capilar y orientado tanto al transporte de pasajeros como de mercancías es, por tanto, una condición necesaria para avanzar hacia la transición energética. Esto implica hacer realidad los corredores europeos, especialmente el corredor Mediterráneo, reforzar las redes de cercanías en las áreas metropolitanas, mejorar las conexiones transversales entre provincias y ciudades andaluzas, desarrollar un ferrocarril de mercancías competitivo y facilitar la intermodalidad con puertos y centros logísticos.

La transición energética pasa por una movilidad electrificada, con impulso al transporte público, especialmente del ferrocarril, la electrificación del vehículo privado y el desarrollo de infraestructuras de recarga.

7.    Vivienda

La rehabilitación del parque de viviendas con el impulso al autoconsumo y la mejora de la eficiencia energética, deben situarse en el centro de cualquier estrategia en Andalucía. Se trata de avanzar en la descarbonización y al mismo tiempo abordar de manera directa uno de los principales problemas sociales y económicos de la comunidad: el elevado coste de la energía para los hogares y la vulnerabilidad energética que sufre una parte numerosa de la población.

Andalucía cuenta con un parque residencial envejecido y, en muchos casos, ineficiente desde el punto de vista energético. Una gran parte de las viviendas fueron construidas antes de la existencia de normativas exigentes en materia de aislamiento térmico, lo que se traduce en un alto consumo energético para climatización, tanto en invierno como en verano. La rehabilitación energética con la incorporación de energías renovables, el aislamiento de fachadas y cubiertas, la sustitución de ventanas y la mejora de las instalaciones térmicas permitiría reducir de forma significativa la demanda energética de los hogares, con ahorros que pueden superar el 30% o incluso el 50% en función del grado de intervención.

La sustitución de electrodomésticos derrochadores de energía por otros más eficientes, la digitalización de la gestión energética, el uso de iluminación LED o la implantación de sistemas inteligentes de control del consumo son medidas que pueden ayudar a generar ahorros inmediatos y sostenidos en el tiempo.

A esta línea de actuación se suma el enorme potencial del autoconsumo energético. La instalación de sistemas fotovoltaicos en viviendas, comunidades de vecinos, edificios públicos y empresas permite generar energía limpia in situ, reduciendo la dependencia de los mercados energéticos y estabilizando el coste de la electricidad a medio y largo plazo.

8.    Ordenación del territorio

La implantación de grandes instalaciones de plantas solares y parques eólicos está generando tensiones en distintos territorios cuando generan daños medioambientales o los impactos locales no se corresponden con beneficios directos para la población.

Es necesario ordenar la implantación de renovables evitando impactos negativos y conflictos sociales para superar el actual modelo fragmentado basado en iniciativas individuales y en la lógica del mercado.

La planificación territorial debe equilibrar producción energética, protección ambiental y desarrollo local, con mecanismos para compensar a los territorios, identificando de forma clara:

• Zonas prioritarias para el desarrollo renovable, atendiendo a criterios técnicos (recurso solar o eólico, acceso a red), ambientales y sociales.
• Zonas de exclusión o de alta sensibilidad, donde la implantación de proyectos debe prohibirse o limitarse por su valor ecológico, paisajístico o cultural.
• Capacidad de carga territorial, evitando la concentración excesiva de instalaciones en determinadas áreas rurales.

El objetivo es garantizar un equilibrio entre tres dimensiones fundamentales:

• Producción energética: maximizar el potencial renovable de Andalucía para avanzar hacia la autonomía energética.
• Protección ambiental: preservar ecosistemas, biodiversidad, suelos agrícolas y paisajes de alto valor.
• Desarrollo local: asegurar que los territorios donde se implantan las instalaciones obtengan beneficios tangibles.

En este último punto resulta clave incorporar mecanismos de retorno y compensaciones territoriales, que pueden incluir:

• Participación de entidades locales o comunidades en la propiedad de los proyectos.
• Ingresos directos para los municipios afectados (canon territorial o fiscalidad específica).
• Prioridad en el acceso a energía a menor coste para la población local.
• Programas de inversión vinculados al desarrollo económico y social del territorio (empleo, infraestructuras, servicios, etc.).

Asimismo, es fundamental reforzar los procesos de participación pública, garantizando que la ciudadanía y los actores locales intervengan de forma efectiva en la toma de decisiones desde fases tempranas, evitando conflictos posteriores.

En definitiva, la transición energética no puede construirse a costa del territorio, sino con el territorio. Sin una ordenación adecuada y mecanismos de justicia territorial, existe el riesgo de generar rechazo social y bloquear el propio desarrollo de las energías renovables. Por el contrario, una planificación equilibrada puede convertir la implantación de renovables en una oportunidad de cohesión territorial, desarrollo rural y democratización energética.

9.    Democracia y descentralización frente al oligopolio eléctrico

El cambio de modelo pasa por democratizar el sistema energético. Se deben impulsar comunidades energéticas, cooperativas y empresas públicas locales que reduzcan el poder del oligopolio, con mecanismos de participación real y modelos de propiedad local para las instalaciones, el impulso al autoconsumo[5], la generación distribuida, y avanzar hacia la electrificación progresiva del transporte y que este sea básicamente público.

El desarrollo del autoconsumo colectivo y de las comunidades energéticas abre la puerta a modelos más democráticos y participativos de producción y gestión de la energía.

Una matriz 100% renovable requiere resolver la intermitencia (sol y viento no siempre coinciden con la demanda). Para ello es imprescindible incluir baterías a gran escala y almacenamiento distribuido (doméstico y comunitario). Sin almacenamiento, no hay autonomía energética real, solo producción renovable dependiente de la red.

10. Infraestructuras

Las infraestructuras energéticas no pueden entenderse únicamente como la red eléctrica, aunque esta constituya su elemento más visible y crítico. Forman un sistema complejo que integra todos los componentes necesarios para producir, transformar, transportar, almacenar y consumir energía. Abordar la transición hacia un modelo basado en energías renovables y electrificación exige una visión integral de estas infraestructuras.

En primer lugar, se encuentran las infraestructuras de generación, donde se produce la energía, especialmente las instalaciones renovables como plantas solares, eólicas o de biomasa. Sin embargo, la mera existencia de capacidad de generación no garantiza por sí misma un sistema eficiente ni autónomo.

En segundo lugar, la red eléctrica, tanto de transporte como de distribución, que constituye la columna vertebral del sistema. Es la encargada de trasladar la electricidad desde los puntos de producción hasta los de consumo. En el contexto andaluz, esta red presenta importantes limitaciones que actúan como cuello de botella para la integración de nuevas energías renovables.

A ello se suma un tercer componente cada vez más determinante: las infraestructuras de almacenamiento energético, como el bombeo hidráulico o las baterías. Estas tecnologías permiten gestionar la intermitencia inherente a las energías renovables y garantizar la estabilidad del sistema.

Asimismo, persisten infraestructuras asociadas a otros vectores energéticos, como los gasoductos o instalaciones vinculadas a combustibles fósiles, que reflejan la inercia de un modelo energético aún dependiente de estos recursos y que condiciona el ritmo de la transición.

Un elemento clave adicional son las infraestructuras de consumo y electrificación, que incluyen desde puntos de recarga para vehículos eléctricos hasta sistemas de autoconsumo o redes de climatización eficiente. Es en este ámbito donde se materializa realmente la transición energética, al sustituir consumos fósiles por electricidad renovable.

Finalmente, el sistema se completa con las infraestructuras de gestión y control, como las redes inteligentes y los sistemas digitales, que permiten equilibrar en tiempo real la oferta y la demanda energética.

Estas infraestructuras siguen orientadas en parte hacia un modelo antiguo de energías fósiles y centralizado que dificulta la descentralización y la autonomía de las renovables distribuidas, el autoconsumo y las         comunidades energéticas.

En consecuencia, el principal reto de Andalucía no es únicamente incrementar su capacidad de generación renovable, sino desarrollar de forma coordinada el conjunto de infraestructuras que hacen posible su integración efectiva[6]. La transición energética no depende de una sola pieza, sino del funcionamiento coherente de todo el sistema. Sin esta visión integral, existe el riesgo de disponer de abundante energía renovable sin capacidad real para aprovecharla en términos de autonomía, eficiencia y bienestar social.

11. La red eléctrica

Una red eléctrica con insuficiente capacidad de evacuación y un transporte y una distribución saturada o incompleta son un obstáculo para aprovechar el crecimiento de las renovables[7]. La modernización y ampliación de la red eléctrica es fundamental para integrarlas y garantizar la estabilidad, lo que incluye redes inteligentes, almacenamiento y digitalización[8].

Según los últimos mapas de capacidad, el 85% de los nudos de la red de distribución eléctrica en España están saturados, lo que impide nuevas conexiones de demanda eléctrica. Esto afecta negativamente a la electrificación de la industria, al desarrollo de las nuevas viviendas, a la electrificación del transporte, y a otras actividades que van a necesitar conexión a red.

Andalucía en especial presenta una débil conexión eléctrica con el riesgo de consolidar territorios “productores aislados” que no trasladan de forma efectiva la energía renovable al consumidor final y al tejido productivo. El autoconsumo fotovoltaico requiere también un refuerzo de las redes.

La intensa electrificación (vehículos, viviendas e industrias) está seriamente comprometida por la polémica regulación adoptada por la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) para el periodo 2026 – 2031. El régimen retributivo es determinante para garantizar la viabilidad económica de las inversiones necesarias para ampliar y modernizar las redes eléctricas y de ello dependerá la electrificación de la economía y otras iniciativas vinculadas a la transición energética. La nueva normativa afecta decisivamente a los derechos de los consumidores residenciales y empresariales que son los que pagan el suministro eléctrico y asumen los riesgos por la falta de inversiones.

12. Producción

La autonomía estratégica precisa asegurar la fabricación local de los componentes (paneles, inversores, baterías) a través de una política industrial energética con una producción diversificada (solar, eólica, biomasa, etc.) y complementaria, reduciendo la dependencia de otros países y de tecnologías única.

13. Capacidad técnica e investigación

El desarrollo energético requiere fortalecer la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. Andalucía cuenta con un importante activo en su sistema de conocimiento, formado por universidades públicas, centros tecnológicos y organismos de investigación, que desempeñan un papel central en esta transformación. Es necesario fortalecer la conexión entre estos agentes y el tejido productivo, impulsando una transferencia efectiva de conocimiento hacia las empresas locales y las administraciones públicas.

Las líneas prioritarias de actuación en I+D+i deberían orientarse, entre otros ámbitos, a:

• Tecnologías de almacenamiento energético, clave para gestionar la variabilidad de las energías renovables.
• Digitalización del sistema energético, incluyendo redes inteligentes, gestión de la demanda y análisis de datos.
• Electrificación de sectores difíciles de descarbonizar, como la industria o determinados usos del transporte.
• Eficiencia energética en edificación y procesos productivos, reduciendo el consumo y mejorando la competitividad.
• Integración de las renovables en sistemas locales, comunidades energéticas y autoconsumo colectivo.

Es fundamental avanzar hacia una especialización tecnológica propia, que permita a Andalucía no solo adoptar tecnologías desarrolladas en otros territorios, sino también generar conocimiento, patentes y capacidades industriales propias. Esto implica apostar por programas de financiación estables, y la atracción y retención de talento cualificado.

En definitiva, el fortalecimiento de la I+D+i no es un elemento accesorio, sino una condición estructural para que la transición energética se traduzca en desarrollo económico, creación de empleo de calidad y autonomía tecnológica. Sin una base sólida de conocimiento e innovación, Andalucía corre el riesgo de limitarse a instalar tecnologías importadas sin capturar el valor añadido asociado a ellas.

14. Formación y titulaciones

Se requiere adaptar de forma integral el sistema educativo y formativo andaluz, con especial atención a la formación profesional, que debe situarse en el centro de la transición energética para contar con una base amplia de profesionales cualificados capaces de diseñar, instalar, operar y mantener los nuevos sistemas energéticos.

Entre las principales líneas de actuación proponemos:

• Actualización de los currículos de formación profesional, incorporando contenidos específicos sobre energías renovables, electrificación, almacenamiento y digitalización energética.
• Creación y ampliación de ciclos formativos especializados en instalaciones solares, redes eléctricas, eficiencia energética y mantenimiento de sistemas energéticos.
• Formación continua y recualificación profesional, dirigida a trabajadores de sectores en transición (como el energético tradicional, la construcción o la automoción), facilitando su adaptación a los nuevos empleos verdes.
• Acelerar la formación dual y las prácticas vinculadas a proyectos reales de transición energética.
• Refuerzo de la orientación académica y profesional, visibilizando las oportunidades laborales asociadas a la transición energética y atrayendo talento joven hacia estos sectores.

Asimismo, es necesario alinear la formación universitaria y técnica superior con las necesidades del nuevo modelo energético, fomentando perfiles especializados en ingeniería energética, redes inteligentes, almacenamiento o gestión de sistemas complejos.

La transición energética puede convertirse en un motor de empleo de calidad y arraigo territorial, especialmente en zonas rurales. Para ello, es fundamental garantizar que la población local pueda acceder a los empleos generados.

15. Tejido empresarial

El objetivo debe ser construir un tejido empresarial propio, que capture valor añadido en el territorio y reduzca la dependencia de las grandes corporaciones externas.

En la actualidad, una parte significativa de las inversiones en renovables en Andalucía está liderada por grandes compañías eléctricas y fondos de inversión, lo que limita el impacto estructural sobre la economía local. Para revertir esta situación, es necesario impulsar una política activa orientada a desarrollar toda la cadena de valor energética en el territorio, desde la ingeniería y la fabricación hasta la operación y los servicios asociados.

Resulta fundamental articular mecanismos que permitan retener el valor económico generado por la producción energética, evitando que los beneficios se deslocalicen. Esto puede lograrse mediante:

• La participación pública en proyectos estratégicos, la creación de empresas energéticas autonómicas o locales, o el establecimiento de condiciones que vinculen las inversiones a compromisos de desarrollo territorial.
• Impulso a la industria asociada, promoviendo la localización de actividades de mayor valor añadido y el desarrollo tecnológico.
• Facilitar la creación de startups en ámbitos como la gestión energética, el autoconsumo o las comunidades energéticas.
• Promoción de modelos empresariales alternativos, como cooperativas energéticas, empresas públicas locales o fórmulas de economía social, que permitan una mayor participación de la ciudadanía en el sistema energético.
• Políticas de contratación pública y criterios de proximidad, que favorezcan la participación de empresas del territorio en los proyectos energéticos.

La transición energética es una oportunidad histórica para avanzar hacia una mayor soberanía económica, diversificar la estructura productiva andaluza y generar empleo estable y de calidad.

16. Financiación

Todo este proceso requiere una financiación suficiente y sostenida, combinando recursos públicos, fondos europeos y mecanismos de inversión innovadores. Es fundamental asegurar la estabilidad y previsibilidad de los marcos de financiación, evitando cambios bruscos que generen incertidumbre y dificulten la inversión a largo plazo. La transición energética requiere señales claras, continuidad en las políticas públicas y una planificación financiera alineada con los objetivos estratégicos.

Esta estrategia debe combinar distintos instrumentos y fuentes de financiación:

• Recursos públicos, tanto a nivel autonómico como estatal, orientados a impulsar inversiones estratégicas, reducir riesgos y garantizar la equidad en el acceso a la energía.
• Fondos europeos, especialmente los vinculados al Pacto Verde Europeo y a los programas de recuperación y cohesión.
• La inversión privada debe jugar un papel relevante, pero enmarcada en un sistema de regulación y planificación que alinee los intereses privados con los objetivos públicos.

Junto a estas fuentes tradicionales, es necesario desarrollar mecanismos de financiación innovadores, como:

• Creación de una banca pública orientada a la financiación de proyectos para la transformación estructural de Andalucía.
• Fondos específicos y bonos verdes u otros instrumentos financieros orientados a inversiones sostenibles.
• Apoyo a iniciativas de financiación comunitaria y modelos participativos, especialmente en el ámbito del autoconsumo y las comunidades energéticas.

En definitiva, la financiación no es un elemento accesorio, sino un pilar central de la transición energética. La forma en que se movilicen y distribuyan los recursos condicionará no solo la velocidad del proceso, sino también su impacto económico, social y territorial. Sin una estrategia financiera sólida, la transición corre el riesgo de ser incompleta, desigual o dependiente de intereses externos.

 

[1] European Electricity Review. Ember.

 

[2] AIE. Sheltering From Oil Shocks. Measures to reduce impacts on households and businesses

[3] Aprobada por el Consejo de Ministros de 17 de febrero de 2026.

 

[4] Rafa Rodríguez. Andalucía, más y mejor industria. Paralelo 36 Andalucía. 8 diciembre 2025

[5] Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica, recientemente modificado por el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo.

[6] Informe de infraestructuras energéticas de Andalucía (Actualización: 31 de diciembre de 2025).

[7] Informe del Sistema Eléctrico. Marzo 2025. REE.

 

[8] Encuentro estatal Px1NME 2025. La encrucijada del Sistema Eléctrico.