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¿Es el futuro el corporativismo?

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Concha Caballero. El País.18/12/2010.

Ya sé que no está de moda defender el sindicalismo sociopolítico. En cualquier conversación quedarás bien si planteas la inutilidad de los sindicatos, su dependencia del sistema político, su forma jerárquica y poco transparente de ejercer la acción sindical o la cuantía de las subvenciones que reciben por sus actividades. Lo curioso es que tus argumentos serán bienvenidos sea cual sea la posición ideológica del que te escucha. Incluso, aunque tu crítica provenga de una reflexión sincera que pretenda un sindicalismo más comprometido y social, te puedes encontrar con la sorpresa de tener unos aliados inesperados, como Esperanza Aguirre -el espécimen más netamente político del PP- que, en vísperas de la huelga general, se atrevió a poner en solfa todo el sistema de representación sindical.

Los problemas del sindicalismo no son tanto sus múltiples deficiencias reconocidas como las alternativas que se perfilan si sus actuales líderes no se espabilan y emprenden un cambio a fondo de sus métodos, su funcionamiento y sus formas de comunicación.
Los últimos conflictos laborales -así como los primeros resultados de las elecciones en marcha- delatan un declive acentuado de los denominados sindicatos de clase en sectores públicos en favor, no de un sindicalismo más cercano y comprometido, sino más corporativo e insolidario.
La creación de los llamados sindicatos sociopolíticos tiene su origen en el principio de que el conjunto de los trabajadores comparten intereses que no son solamente salariales, sino también retribuciones indirectas como son la escuela, la educación, el acceso a la cultura, los servicios y la protección social. Si se rompe la delicada tela que une al trabajador manual con el intelectual, al trabajador de la construcción con el de los astilleros, al mileurista a tiempo parcial con el funcionario, se dinamitará todo una estructura que tiene como base el reparto, la solidaridad y el equilibrio social.
No es gratis, ni es casual, la crítica sistemática a todas sus acciones, ni la utilización de elementos extraídos de la izquierda crítica para su desprestigio. Hay sectores muy interesados en esta operación, como etapa necesaria para el desmantelamiento del Estado social.
En el tercer año de la crisis, los sindicatos han sido expulsados realmente de su papel de interlocutores sociales. Ni su opinión ni sus propuestas son tomadas en cuenta por un Gobierno que practica con ellos un insostenible paternalismo verbal.
El público toma nota de la falta de poder de los sindicatos y de su escasa musculatura para parar el golpe, tras años de apoltronamiento en los aledaños del poder. En los últimos meses, la sociedad ha aprendido que las huelgas y las acciones de protesta no cambian ni una línea de un decreto o de una ley. ¿Para qué entonces realizar huelgas legales, sufrir los descuentos salariales por su ejercicio y someterse a la prueba de su seguimiento, si no se obtiene ninguna ganancia con ello? El boicot, las huelgas salvajes, la interrupción del servicio, y los más variados métodos de chantaje parecen 10 veces más efectivos que los mecanismos legales y masivos.
De esta manera, si ya no cabe una defensa general de las pensiones, de los salarios, ni de la jornada laboral, el sindicalismo más corporativo se abrirá camino para defender reivindicaciones profesionales o de cuerpo. El problema es que el corporativismo que se avecina profundizará la brecha de la desigualdad y de la desprotección. Se negociarán situaciones laborales de ventaja o de privilegio, especialmente para sectores que ocupen lugares estratégicos en los servicios públicos o privados, pero el conjunto de los trabajadores perderá derechos e influencia en la sociedad. Por eso, contribuir al desgaste del sindicalismo sociopolítico es, a la larga, un mal negocio para todos.

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