Las mafias amenazan al Estado (La lucha contra el narcotráfico en Andalucía. Tercera parte)

Rafa Rodríguez

No se trata solo de delincuencia, sino de una guerra del narcotráfico contra el Estado

La utilización de armas de guerra por organizaciones criminales tiene una dimensión que trasciende la delincuencia común: supone un desafío directo a las bases del Estado moderno. Como formuló Max Weber, el Estado se caracteriza por detentar el monopolio del uso legítimo de la violencia física dentro de un territorio. Cuando grupos privados adquieren fusiles de asalto y otras armas de guerra y las emplean abiertamente para ejecutar rivales, proteger actividades ilegales o controlar espacios, disputan en la práctica esa capacidad coercitiva, construyendo un poder ilegítimo y paralelo al Estado.

Allí donde una organización criminal puede imponer amenazas, castigos o reglas propias mediante las armas, se debilita la capacidad efectiva del Estado para garantizar los derechos fundamentales, la seguridad y hacer cumplir la ley. El problema se agrava cuando estos episodios dejan de ser excepcionales y generan entre la población la percepción de que determinados grupos pueden actuar con relativa impunidad.

La amenaza al Estado no exige que las mafias pretendan sustituirlo por completo. Basta con que consigan limitar su capacidad efectiva para aplicar la ley en determinados espacios; intimidar a policías, jueces y ciudadanos; imponer silencio; controlar barrios o puntos de distribución; corromper a funcionarios; o convertir la violencia pública en un procedimiento ordinario para resolver sus disputas. En esas circunstancias surge una forma de soberanía criminal fragmentaria: el Estado mantiene formalmente sus competencias, pero encuentra dificultades crecientes para ejercerlas plenamente en ciertos territorios, sectores económicos o comunidades.

Un desafío global

Se trata de un problema global, favorecido por la expansión internacional de los mercados ilegales, la facilidad para desplazar capitales a través de las fronteras, y la utilización de nuevas tecnologías para dirigir las operaciones, blanquear los beneficios, reclutar colaboradores y ejercer la violencia.

La manifestación más extrema del fenómeno se encuentra en determinadas zonas de América Latina y el Caribe. En algunos países, los cárteles y las bandas criminales no solo controlan mercados ilegales, sino que disputan al Estado el dominio efectivo de partes del territorio, imponen normas informales, extorsionan a comerciantes y empresas, reclutan forzosamente a jóvenes y desafían abiertamente a las fuerzas de seguridad. La violencia se convierte en un mecanismo de poder social y territorial. El asesinato de activistas sociales, policías, jueces, fiscales, periodistas, autoridades locales o candidatos electorales busca intimidar a las instituciones, condicionar sus decisiones y demostrar que la organización criminal puede castigar a quienes se oponen a ella.

Una realidad que alcanza también a la Unión Europea

Sería un error interpretar esta realidad como un problema propio de Estados con instituciones más débiles. La delincuencia organizada también está aumentando su capacidad de intimidación y desestabilización dentro de Europa.

Estas redes criminales producen un doble efecto desestabilizador: por un lado, generan violencia, inseguridad y explotación social, infiltran la economía legal, corrompen instituciones y erosionan el Estado de derecho y por otro favorecen el apoyo a partidos de extrema derecha que proponen soluciones autoritarias y aparentemente rápidas.

El tráfico de drogas destaca entre las actividades con mayor potencial desestabilizador, debido a sus enormes beneficios, la competencia por los mercados, su conexión con las armas, el blanqueo de capitales y la corrupción[1].

En los últimos días hemos conocido dos informaciones que avalan la tesis del avance de la violencia del narcotráfico en Europa. En la capital belga, sede de las principales instituciones de la Unión Europea, se habían contabilizado, hasta el 28 de agosto de 2026, 69 tiroteos relacionados con el tráfico de drogas desde comienzos de año, siete de ellos en una sola semana.

Desde 2025, hasta entonces el año más violento, la cifra se aproximaba a los 170 tiroteos, además de una veintena de explosiones. Estos enfrentamientos habían causado ocho muertos y 43 heridos. Las armas automáticas se utilizan en espacios públicos y los proyectiles han alcanzado viviendas, comercios e incluso una escuela, poniendo en peligro a personas completamente ajenas a las disputas criminales. La dimensión institucional del desafío quedó aún más clara cuando dos encapuchados dispararon con un arma automática contra una comisaría de Anderlecht. El fiscal calificó el atentado como un ataque directo contra el Estado[2].

En el Reino Unido, las bandas se aprovechan de una subcultura digital basada en robar vehículos, clonar matrículas, provocar persecuciones policiales y divulgar las imágenes en las redes sociales para obtener notoriedad. Estas conductas son utilizadas con fines propiamente criminales: los jóvenes son empleados para transportar armas o drogas, atacar domicilios de adversarios, intimidar a sus familias o distraer a la policía mientras se cometen delitos en otros lugares. Las redes sociales funcionan así simultáneamente como espacio de reclutamiento, escaparate de poder y mecanismo de reconocimiento dentro del grupo[3].

Los casos de América Latina, Bruselas o Reino Unido representan grados y formas diferentes de penetración criminal. Europa no se encuentra, con carácter general, ante los niveles de violencia y control territorial que sufren algunos países latinoamericanos. Sin embargo, todos ellos revelan una misma lógica: cuando una organización criminal acumula suficientes recursos económicos, capacidad armada, control de mercados ilegales y poder de reclutamiento, deja de ser únicamente una empresa dedicada a obtener beneficios ilegales y comienza a ejercer funciones de poder.

Los ejemplos de Bruselas y Reino Unido advierten que las democracias consolidadas tampoco están inmunizadas frente a esta escalada. El crimen organizado debe interpretarse como un problema democrático. Se trata de impedir la consolidación de organizaciones capaces de ejercer una violencia organizada que compita, aunque sea parcialmente y de manera clandestina, con el poder legítimo del Estado. La violencia mafiosa constituye un indicador especialmente grave de debilitamiento del control efectivo del territorio por el Estado de derecho.

La cuestión fundamental es determinar hasta qué punto estas organizaciones están adquiriendo capacidad para condicionar la vida colectiva, dominar determinados espacios y penetrar la economía legal. Los acontecimientos recientes en Estados europeos demuestran que el deterioro puede producirse con rapidez y que esperar a que la violencia alcance niveles críticos obliga posteriormente a respuestas mucho más costosas. La dimensión global del fenómeno no reduce la responsabilidad de los Estados; al contrario, exige combinar la actuación territorial de proximidad con la cooperación policial, judicial, financiera y tecnológica internacional.

Atentan contra los derechos fundamentales

La existencia de organizaciones mafiosas dotadas de armamento de guerra constituye una amenaza directa para el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales. La violencia criminal, las amenazas y la capacidad de intimidación afectan en primer término al derecho a la vida y a la integridad física, pero sus consecuencias se extienden a la libertad, la seguridad personal y el libre desenvolvimiento de la ciudadanía.

Cuando las mafias adquieren suficiente capacidad coercitiva logran controlar espacios en los que los derechos reconocidos formalmente por el Estado no pueden ejercerse plenamente en la práctica. Vecinas, trabajadores, comerciantes, periodistas, funcionarios o simples ciudadanos pueden modificar su comportamiento por temor a represalias, limitándose así libertades como las de expresión, circulación, iniciativa económica o denuncia ante las autoridades.

Combatir el crimen organizado no responde solamente a una política de seguridad: constituye una obligación del Estado para proteger los derechos fundamentales. Allí donde el poder intimidatorio de las mafias sustituye parcialmente la protección de la ley por la lógica del miedo y la violencia, se deterioran simultáneamente el Estado de derecho, la libertad individual y colectiva y la igualdad de los ciudadanos ante la ley.

El control de las mafias de determinadas zonas en barrios vulnerables

Las organizaciones mafiosas han conseguido controlar determinadas zonas en barrios especialmente vulnerables aprovechando situaciones de pobreza, desempleo, exclusión social y debilitamiento de las instituciones. Su control no suele significar un dominio absoluto del territorio, sino la capacidad de condicionar determinadas actividades y comportamientos, establecer redes de vigilancia, reclutar colaboradores, ocultar mercancías o personas y dificultar la actuación de las fuerzas de seguridad.

Este poder combina coacción y dependencia. El miedo a las represalias favorece el silencio e impide las denuncias, mientras que el dinero procedente de actividades ilegales permite crear redes clientelares a través de empleos informales, préstamos, ayudas o pequeñas compensaciones económicas. De este modo, la organización criminal puede llegar a proporcionar recursos y protección allí donde existe una insuficiente presencia institucional, generando formas de autoridad paralela que compiten con las leyes del Estado.

La vulnerabilidad social no convierte a un barrio ni a sus habitantes en cómplices de las mafias. Al contrario, estas comunidades son sus primeras víctimas. Por ello, recuperar plenamente estos espacios exige combinar la acción policial y judicial con políticas sociales, de vivienda, empleo, educativas, laborales y urbanas que reduzcan las condiciones que permiten al crimen organizado arraigar y ejercer influencia sobre el territorio.

 

ANEXO: cronología de los principales hechos violentos cometidos por las mafias en Andalucía desde 2020[4]

2026

1. Disparos contra una patrullera durante una persecución marítima en la costa de Huelva, 18 de agosto de 2026. Vinculación alta.
2. Triple asesinato de Isla Cristina en barriada del Rocío, 16 de agosto de 2026. Vinculación probable.
3. Muerte de dos guardias civiles durante la persecución de una narcolancha en la costa de Huelva, mayo de 2026. Vinculación operativa alta; intencionalidad criminal no acreditada.
4. Ataque a tiros contra policías y descubrimiento de un “narcozulo” en Marbella, compuesto, entre otras armas, por un AK-47, un AR-15 y un subfusil UZI, marzo de 2026. Vinculación alta.
5. Asesinato de un ciudadano albanés cuyo cadáver apareció dentro de un saco en el entorno de Estepona, investigado y esclarecido en abril de 2026. Vinculación alta en la investigación, pendiente del resultado judicial.
6. Localización de un gran arsenal destinado a las “guarderías” de droga en Algeciras, donde fue interceptado un vehículo que transportaba 25 armas de fuego, 19 de ellas consideradas armas de guerra, marzo de 2026. Vinculación alta según la investigación policial.
7. Desarticulación de una organización con AK-47 y subfusiles Skorpion dotados de silenciadores en Sevilla, Málaga, Huelva y Cádiz, abril de 2026. Vinculación alta.

2025

9. Ataque con armas de guerra contra policías en una nave en Isla Mayor, Sevilla. Tres policías resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, después de que los proyectiles atravesaran su chaleco, noviembre de 2025. Vinculación alta.
10. Tiroteo mortal entre grupos suecos en Marbella, octubre de 2025. Vinculación alta en la investigación.
11. Doble asesinato de dos ciudadanos escoceses en Fuengirola, 31 de mayo de 2025. Vinculación alta.
12. Desaparición y presunto secuestro de Miklovan Dakaj en la Costa del Sol, mayo de 2025. Vinculación probable.
13. Ataque de un sicario en un club de pádel en Marbella, 2 de enero de 2025. Vinculación probable con ajustes de cuentas del crimen organizado.

2024

13. Ejecución con fusil de asalto en plena calle de Fuengirola, 7 de diciembre de 2024. Vinculación probable.
14. Tiroteo mortal de El Torrejón, una barrida de Huelva capital, que dejó un muerto y dos heridos, septiembre de 2024. Vinculación probable con disputas entre clanes; conexión concreta con el narcotráfico todavía no cerrada judicialmente.
15. Oleada de tiroteos vinculados a vuelcos y ajustes de cuentas en Marbella y la Costa del Sol, que dejaron más de veinte heridos y una persona muerta, febrero-julio de 2024. Vinculación alta en algunos casos y posible en otros.
16. Ataque contra un narcotraficante sueco en Marbella, 10 de febrero de 2024. Vinculación alta.
17. Muerte de dos guardias civiles y otros cuatro resultaron heridos al ser embestidos por una narcolancha en Barbate, 9 de febrero de 2024. Vinculación alta,

2023

18. Doble muerte violenta con indicios de tortura en Osuna (Sevilla), agosto de 2023. Vinculación posible y débil.
19. Diversos tiroteos y asesinatos entre organizaciones internacionales investigados por la UDYCO en Marbella y la Costa del Sol, 2023. Vinculación variable.

2022

20. Joven tiroteado cuatro veces herido muy grave en la urbanización Doña Lola, Mijas, 23 de octubre de 2022. Vinculación probable.
21. Joven herido de bala en Nueva Andalucía en Marbella, 20 de septiembre de 2022. Vinculación posible.
22. Tiroteo en el club Opium de Marbella, que dejó cinco personas heridas de bala y al presunto tirador herido con arma blanca, 18 de julio de 2022. Vinculación posible.
23. Asesinato de un ciudadano neerlandés en Chiclana de la Frontera, 15 de enero de 2022. Atribución policial alta, pero autoría judicialmente no probada.

2021

24. Periodo de menor visibilidad pública de la violencia mafiosa. No significa que no existiera actuaciones violentas de los narcotraficantes, pero la documentación pública de más fragmentaria.

2020

25. Asesinato a tiros en la calle Arturo Rubinstein en Marbella, junio de 2020. Vinculación alta.
26. Tiroteo con una pistola ametralladora en un establecimiento en Marbella, octubre de 2020. Vinculación probable.

Conclusiones

La conclusión general que permite extraer esta cronología es:

1. Que la violencia no se distribuye homogéneamente por Andalucía. Se concentra fundamentalmente en tres espacios: la Costa del Sol, escenario de organizaciones internacionales, sicariato y vuelcos; el eje Campo de Gibraltar-Cádiz, asociado a la introducción de hachís y a las narcolanchas; y la costa y las marismas de Huelva-Sevilla, donde el desplazamiento de rutas para la introducción de cocaína ha venido acompañado de ataques cada vez más graves contra las fuerzas de seguridad.
2. Un preocupante aumento de la violencia del narcotráfico a partir de 2023.

 

NOTAS

[1] Europol considera, por ello, que el crimen organizado amenaza los fundamentos de la cohesión política, económica y social de la Unión Europea

https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/EU-SOCTA-2025.pdf

[2] https://elpais.com/internacional/2026-08-28/cualquiera-puede-recibir-un-balazo-la-justicia-belga-advierte-de-la-violencia-ligada-a-las-drogas-en-bruselas.html

[3] https://elpais.com/internacional/2026-08-29/la-guerra-de-bandas-que-atemoriza-reino-unido-retos-virales-coches-robados-y-violencia.html

[4] Utilizo tres grados de vinculación:

1. Vinculación alta: reconocida por la investigación policial, la Fiscalía o una resolución judicial.
2. Vinculación probable: hipótesis principal de los investigadores, todavía no confirmada judicialmente.
3. Vinculación posible: aparece en fuentes periodísticas o por el contexto criminal, pero existen hipótesis alternativas.