Una alternativa a la masificación turística (cuarta parte)

Rafa Rodríguez 

Introducción

El futuro de Andalucía depende de la capacidad política de impulsar un cambio en el modelo productivo y de una nueva política turística para frenar su masificación pero, aunque imprescindible, será insuficiente mientras el turismo siga concentrando una parte tan elevada del empleo y de la estructura económica andaluza.

El cambio de modelo productivo es una necesidad estratégica para Andalucía

Andalucía debe desarrollar una base industrial y tecnológica capaz de generar empleo estable, cualificado y mejor remunerado en sectores como la industria avanzada, las energías renovables, la economía digital, la biotecnología, la logística, la economía circular o la industria agroalimentaria de alto valor añadido. Solo así será posible reducir la excesiva dependencia del turismo y ofrecer nuevas oportunidades laborales para la creación de empleo estable y de calidad

Este cambio requiere una auténtica política impulsada desde todas las Administraciones y sostenida durante décadas, que considere a Andalucía un territorio prioritario para la reindustrialización y la innovación. Es imprescindible movilizar inversión pública, incentivar la inversión privada, reforzar las infraestructuras energéticas y digitales, apoyar la investigación y la transferencia tecnológica y vincular el sistema educativo y universitario a las necesidades de los nuevos sectores productivos.

El objetivo no es sustituir al turismo, que seguirá siendo un activo económico para Andalucía, sino equilibrar su peso mediante el crecimiento de actividades intensivas en conocimiento y tecnología. Solo un modelo económico más diversificado permitirá absorber progresivamente parte del empleo hoy concentrado en el sector turístico, aumentar la productividad, elevar los salarios y construir una economía más innovadora y sostenible. De forma paralela es necesaria una nueva política turística capaz de frenar la masificación.

Una nueva política turística para frenar la masificación

El aumento de visitantes en determinados espacios urbanos y naturales obliga a repensar las políticas públicas para garantizar que la actividad turística sea compatible con la calidad de vida de la población residente y con la conservación del territorio. El objetivo debe ser avanzar hacia un modelo que armonice el turismo con la vida cotidiana de las comunidades locales. El propio futuro del turismo andaluz depende en gran medida de su capacidad para integrarse de forma respetuosa en el territorio y en la vida de las comunidades que lo acogen. Promover la convivencia, proteger el patrimonio natural y cultural y avanzar hacia modelos de turismo responsables no es solo una cuestión ambiental o social: es también una condición imprescindible para garantizar la viabilidad y la calidad del destino Andalucía a largo plazo. La convivencia entre visitantes y residentes es un elemento central de este nuevo enfoque. El turismo debe integrarse de forma equilibrada en el tejido social y urbano de las ciudades y pueblos andaluces, evitando que la actividad turística desplace o altere las dinámicas tradicionales de los barrios.

Para una nueva política turística capaz de frenar su masificación, proponemos 16 medidas, de las cuales 5 vamos a desarrollar en este artículo y las restantes en el siguiente.

1.    Gobernanza y planificación

Un primer elemento fundamental es reforzar la participación de todos los agentes implicados en el sector turístico. La recuperación y transformación del turismo debe construirse mediante un proceso participativo en el que estén presentes empresas, trabajadores, administraciones públicas y también la población residente. Andalucía necesita definir colectivamente qué modelo turístico quiere desarrollar, qué oferta desea promover y qué límites deben establecerse para garantizar la convivencia entre visitantes y ciudadanía.

Esta gobernanza participativa debe apoyarse en una planificación pública sólida. Instrumentos como la ordenación territorial, la planificación urbanística o la regulación de la oferta turística son herramientas imprescindibles para evitar procesos de saturación y para preservar los recursos naturales y culturales que hacen atractivos nuestros destinos.

El uso de sistemas de análisis de datos y herramientas de inteligencia artificial permite conocer en tiempo real los flujos de visitantes, anticipar la demanda turística y diseñar políticas públicas más precisas. La disponibilidad de información granular sobre ocupación, capacidad de carga del destino o la movilidad, permite información para frenar la masificación mediante sistemas dinámicos de regulación del acceso a determinados espacios. Un avance importante ha sido la creación de la Plataforma Inteligente de Destinos[1], un proyecto utilizando la digitalización que integra datos públicos y privados de los destinos turísticos.

2.    Empleo

El turismo es uno de los sectores que más empleo genera en Andalucía, pero también uno de los que presenta mayores niveles de precariedad laboral. La elevada temporalidad, los bajos salarios, la economía sumergida y la escasa cualificación de muchos puestos de trabajo han configurado un modelo laboral frágil que afecta directamente a la calidad de vida de miles de trabajadores.

La transformación del modelo turístico andaluz debe ir acompañada necesariamente de una mejora sustancial en las condiciones de empleo, situando el trabajo digno como uno de los pilares fundamentales del desarrollo turístico.

En muchas zonas de Andalucía la fuerte especialización económica en torno al turismo ha contribuido a desplazar o debilitar otros sectores productivos, generando una dependencia excesiva de esta actividad. Esta situación aumenta la vulnerabilidad de la economía y del empleo ante crisis económicas, sanitarias o climáticas que puedan afectar a la llegada de visitantes. Además, el empleo turístico se concentra en actividades de baja cualificación y productividad, situándose esta última significativamente por debajo de la media nacional. Por ello, avanzar hacia un turismo más sostenible implica también mejorar la calidad del empleo y diversificar las oportunidades laborales.

Un ejemplo especialmente significativo de esta precariedad lo representan las camareras de piso, cuyo movimiento ha logrado visibilizar condiciones laborales que durante años permanecieron ocultas: cargas de trabajo excesivas, externalizaciones abusivas, salarios bajos y enfermedades profesionales frecuentemente no reconocidas. La mejora de estas condiciones no solo es una cuestión de justicia social, sino también un elemento clave para dignificar el conjunto del sector turístico.

Para afrontar esta situación resulta imprescindible reducir la contratación precaria en el sector de la hostelería, apostando por la profesionalización, la formación y el fortalecimiento de los derechos laborales. Aunque el turismo genera un volumen importante de empleo, este se caracteriza por su elevada temporalidad y por una fuerte feminización, lo que hace aún más necesario impulsar políticas activas que garanticen igualdad de oportunidades, conciliación de la vida laboral y familiar y condiciones laborales dignas.

Entre las medidas necesarias destaca la aprobación de un Plan de Acción específico para la seguridad en el empleo en el sector turístico, acompañado de un refuerzo de los mecanismos de inspección laboral que aseguren el cumplimiento efectivo de la normativa. Paralelamente, es fundamental desarrollar programas de formación profesional y recualificación que permitan mejorar las competencias de los trabajadores y facilitar su movilidad hacia otros subsectores de la hostelería o incluso hacia otros sectores productivos, especialmente en momentos de menor actividad turística.

El fortalecimiento de la negociación colectiva sectorial debe ser también un instrumento central para mejorar las condiciones laborales. Las comisiones paritarias de los convenios colectivos y los espacios de diálogo entre organizaciones sindicales, empresariales y administraciones públicas pueden desempeñar un papel clave en la búsqueda de soluciones equilibradas que garanticen tanto la viabilidad de las empresas como la protección de los trabajadores.

Asimismo, las políticas públicas de apoyo económico o fiscal al sector turístico deben vincularse al mantenimiento y la calidad del empleo. El principio de que “hay que salvar las empresas para salvar los empleos” debe orientar las medidas de apoyo institucional, incorporando además a los numerosos sectores que dependen indirectamente del turismo, como el transporte, los servicios de lavandería o las empresas suministradoras.

En definitiva, el futuro del turismo en Andalucía no puede medirse únicamente por el número de visitantes o por el crecimiento de la actividad económica. La verdadera sostenibilidad del sector pasa por garantizar empleo estable, digno y de calidad para quienes hacen posible el funcionamiento cotidiano del turismo. Solo así será posible construir un modelo turístico más justo, más resiliente y más beneficioso para el conjunto de la sociedad andaluza.

3.    Nueva fiscalidad

El IVA de hoteles, restauración y transporte aéreo doméstico es solamente del 10 % frente al IVA general del 21 %. Actualmente el IVA que pagan los pisos turísticos depende de los servicios ofrecidos. Si el propietario solo alquila el espacio físico (sin limpieza o cambio de sábanas durante la estancia), la actividad está exenta de IVA (0%). Con servicios hoteleros (recepción, limpieza constante, lavandería), se aplica un tipo reducido del 10%. La propuesta de subida, para que todos los alquileres de corta duración pasen a tributar al 21% de IVA, significaría la asimilación al tipo general. El Gobierno ha acordado llevar durante el mes de julio al Congreso de los Diputados la elevación del IVA al 21% para las viviendas turísticas.

En cualquier caso, por impuesto turístico (también conocido como “tasa turística”), normalmente se hace referencia a los impuestos al alojamiento que cargan una cantidad por persona y pernocta. Estas tasas son bajas en comparación con los precios de los hoteles” y “van desde un mínimo de 0,10 euros (en Bulgaria) hasta un máximo de 7,50 euros (en Bélgica) por persona y noche, situándose la media entre 0,40 euros y 2,50 euros”[2].

Un impuesto turístico compensa el disfrute de bienes comunes “gratuitos” en el destino (seguridad, carreteras, playas, etc.), de los turistas y su recaudación sirve para reparar daños medioambientales y sociales derivados de la actividad turística y reduce la afluencia turística para evitar la saturación y reforzar la competitividad del destino y de sus empresas, si el impuesto está bien dimensionado. Calculamos que para que tenga estos efectos debería ser una tasa de entre 15 y 20 euros[3]. Aunque esta cifra pueda parecer elevada, sigue siendo moderada en comparación con el gasto diario por turista y con la tarifa hotelera media. También sería lógico pasar del IVA reducido actual del 10 % al tipo general del 21 %. En todo caso, su implantación podría plantearse de manera gradual durante varios años.

4.    Limitar el gasto en promoción turística

Las administraciones dedican cientos de millones de euros a aumentar la demanda turística, mientras que destinan muchos menos recursos a hacer compatible esa demanda con la vivienda, la movilidad, el medio ambiente o la calidad de vida de la población residente. Un cálculo basado en las partidas que que figuran en los presupuestos, el Estado destina en torno a los 200 millones, destacando el aumento de que Turespaña ha incrementado notablemente el gasto promocional en 2026, con un presupuesto de publicidad muy superior al de ejercicios anteriores. Las CC.AA. gastan en torno a los 500 millones, a lo que hay que sumar el gasto que realizan diputaciones y ayuntamientos, lo que daría una cifra aproximada de 1.000 millones anuales.

En España existe una fuerte orientación presupuestaria hacia la captación de nuevos visitantes mediante campañas de promoción, mientras que la inversión destinada a gestionar los impactos del turismo es muy inferior y, en muchos casos, recae sobre los ayuntamientos. Muchos destinos siguen promocionándose intensamente incluso cuando ya soportan niveles de saturación turística.

5.    Controlar el uso del espacio público

Para reforzar la cohesión social y proteger la cultura local hay que garantizar que el uso del espacio público responda prioritariamente al interés general. Esto implica, entre otras medidas, limitar la ocupación de plazas y las calles y espacios comunes por eventos privados de gran formato que restrinjan el disfrute colectivo o generen impactos negativos como contaminación acústica o lumínica.

Resulta necesario revisar el modelo de organización de determinados grandes eventos deportivos o culturales, especialmente cuando están vinculados a patrocinios de grandes multinacionales o fondos de inversión. La actividad turística asociada a estos acontecimientos debe evaluarse teniendo en cuenta sus efectos reales sobre la ciudad, la convivencia vecinal y el equilibrio del espacio público.

 

 

 

[1] https://www.segittur.es/plataforma-inteligente/

 

[2] The Impact of Taxes on the Competitiveness of European Tourism (PwC, 2017)

 

[3] Aleix Calveras. Efectos de la aplicación de un impuesto turístico.