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Convertir la indignación social en poder político

 Rafa Rodríguez

 

En memoria de Maricarmen que hizo de la resistencia una forma de estar en el mundo

 

La lucha y el desahucio de Maricarmen

Durante los últimos años hemos visto cómo el problema de la vivienda ha ido creciendo porque muchas familias no pueden pagar un alquiler, aunque sean mayores que viven solas en condiciones precarias, y muchos jóvenes están siendo expulsados de sus ciudades por los precios desorbitados del alquiler, pasto de los fondos buitres que han visto en la vivienda activos de rentabilidad rápida, a costa de expulsar a los vecinos y destruir los barrios. Durante años, el enojo social por el precio de la vivienda, los desahucios y la imposibilidad de emancipación ha sido visto como un malestar difuso.

El desahucio de Maricarmen ha representado a esos millones de personas que viven atrapadas entre alquileres imposibles y sueldos insuficientes, víctimas de la especulación inmobiliaria. Se ha convertido en un punto de inflexión emocional y político porque simboliza algo más grande que una tragedia individual. Su historia, una vida marcada por la imposibilidad de tener una vivienda estable, ha encendido una indignación social que llevaba años acumulándose. Su lanzamiento, ordenado por una jueza sin humanidad, ante la indiferencia de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de la Capital, televisado ante todo el mundo, ha encendido la mecha.

El gobierno aprueba los RDL

Tras su desahucio, el gobierno aprobó por la vía de urgencia los dos reales decretos leyes (RDL) de vivienda, conocidos como los decretos Maricarmen, pero Vox, PP, Junt y UPN, los partidos que se han negado sistemáticamente a aprobar en las Cortes las medidas urgentes para paliar las más sangrantes situaciones causadas por la imposibilidad de acceder a una vivienda asequible, volvieron a votar en contra.

Tres días después, Pedro Sánchez convocó elecciones para el 29 de noviembre, y el Gobierno ha vuelto a aprobar los dos RDL para llevarlos a la Diputación Permanente del Congreso. Al menos durante un mes estos RDL estarán vigentes, hasta que se vote en la Diputación Permanente. Los RDL limitan las subidas de precio del alquiler y la posibilidad de echar a un inquilino, cuando acabe el contrato de alquiler si es que finaliza antes de 2029, y cambia de un día para otro la situación de unos 5 millones de inquilinos bajo 1,8 millones de contratos que vencen antes del último día de 2028[1]. Igualmente protegen a las familias vulnerables de los desahucios.

Muere Maricarmen

Al día siguiente de la aprobación de estos RDL en el Consejo de Ministros, moría Maricarmen en el Hospital. En los barrios, las asociaciones y las redes sociales, su muerte se ha transformado en un grito colectivo. Su lucha ha puesto rostro a la falta de viviendas asequibles.

En una exhibición de crueldad, las derechas incluso se han negado a guardar un minuto de silencio por su muerte en las instituciones. Maricarmen, sin quererlo, se ha convertido en símbolo de la movilización social.

Vivienda y cambio climático

La crisis de la vivienda está conectada con la crisis climática. Son las dos caras de un mismo sistema económico que prioriza el beneficio privado sobre la vida y el planeta. El mismo modelo que especula con el suelo es el que promueve la expansión urbanística descontrolada, la dependencia del automóvil, la construcción masiva de edificios energéticamente ineficientes y la destrucción de ecosistemas. Es la política que defiende la derecha que deja actuar a unos mercados cada vez más monopolizados por la oligarquía y el trumpismo, una coalición negacionista que combate las energías renovables e invierte en la producción de combustibles fósiles.

Un movimiento por el derecho a la vivienda que ignore el clima acabará construyendo ciudades inhabitables; un movimiento climático que ignore la vivienda acabará siendo elitista y desconectado de la vida cotidiana. La confluencia de ambas luchas es la única forma de que la vivienda deje de ser un privilegio y el planeta un vertedero.

Una política de izquierdas y transformadora debe priorizar construir vivienda social en lugar de privada, rehabilitar en lugar de demoler, densificar barrios con servicios en lugar de seguir extendiendo la mancha urbana con urbanizaciones periféricas desconectadas de la ciudad, apostar por la movilidad colectiva y por edificios de consumo casi nulo que reduzcan emisiones y abaraten la factura energética de las familias.

El 3 de noviembre

La indignación ante la falta de vivienda y la acción frente al cambio climático son hoy la materia prima de la democracia, pero solo son efectivas cuando se organizan y se traducen en poder político para convertir las soluciones en ley, en presupuesto y en derechos exigibles.

El 3 de noviembre es probable que Trump fracase en las elecciones de medio mandato que, aunque no eligen presidente, determinarán si pierde el control del Congreso, del senado y de numerosos cargos estatales y locales. Puede ser el principio del fin de la ola neoreaccionaria que amenaza a la humanidad y al planeta.

El 11 de noviembre

Falta saber quién canaliza las demandas sociales, a través de los votos, en poder político. Si va a ser el bloque de las derechas que han votado sistemáticamente en contra del derecho a la vivienda y de las medidas contra el cambio climático, o vamos hacer posible que haya el 29 de noviembre un gobierno comprometido con el derecho a la vivienda y la lucha contra el cambio climático.

El 11 de noviembre hay convocada una huelga general puede conectar la indignación con la movilización a las puertas de la campaña electoral. Ni un voto de quien apoye que la vivienda es un derecho y el clima una emergencia puede quedarse en casa ni mucho menos ir para los que niegan el derecho a la vivienda y la crisis climática.

El 29 de noviembre

El desahucio y la muerte de Maricarmen ha despertado una conciencia colectiva que exige respuestas reales, no solo promesas. Si queremos que la vivienda sea un derecho efectivo y que la transición ecológica sea justa, no podemos consentir que gobiernen los que ven la vivienda y las energías como un negocio. Hay que convertir la rabia en votos, los votos en escaños y los escaños en normas que pongan la vivienda y el clima en el centro de la acción de gobierno.

Hay, convertir la indignación en poder político es imprescindible, por un lado, para defender nuestras conquistas: la democracia, la Autonomía, los derechos, los servicios sociales y las libertades públicas y, por otro, hacer realidad el derecho a la vivienda y la lucha contra el cambio climático.

[1] https://www.eldiario.es/economia/prorrogas-precios-congelados-cambia-inquilinos-caseros-entrada-vigor-decreto-vivienda_1_13571231.html

 

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