Rafa Rodríguez
A dos días del comienzo de la campaña electoral, esta huelga es sobre todo una movilización popular que manifiesta la oposición a quienes han votado en contra de todas las medidas en el Congreso para hacer efectivo el derecho a la vivienda (PP, Vox, Junt). Una huelga para decir que estos partidos no pueden gobernar España porque lo que van a hacer es, además de una involución en los derechos y libertades, agravar el problema de la vivienda y provocar más conflictividad social, porque su “solución” es que actúe el mercado.
Un bien de primera necesidad como es la vivienda no puede ser un simple producto del mercado. Los poderes públicos tienen la obligación de garantizar una oferta accesible para los distintos niveles de renta, con especial protección para quienes no pueden resolver su necesidad en el mercado. Se trata de una necesidad que no puede aplazarse hasta que mejoren los ingresos o bajen los precios
La democracia española no es solamente una democracia basada en libertades públicas, es también una democracia social. Por eso el artículo 1º de la Constitución dice que España es un Estado social y democrático de derecho. La vivienda es el principal problema para la ciudadanía, tanto cuando se les pregunta por los problemas del país como en cuanto a sus problemas que afectan personalmente al entrevistado.
Ante este clamor ciudadano es necesario incorporar la vivienda como un pilar del Estado del Bienestar. El objetivo consiste en que los Estados recuperen la iniciativa de universalizar y perennizar para las generaciones futuras una vivienda digna y asequible. Esto es lo que disponen la mayoría de las constituciones de los Estados europeos.
Las políticas que han demostrado eficacia para resolver el problema de la vivienda, han sido cuando el Estado ha asumido un rol protagonista tanto en la promoción directa de vivienda pública como regulando el mercado del suelo y de la vivienda. Ante la gravedad del problema, esta intervención debe estar respaldada constitucionalmente.
La Constitución Española establece en su artículo 47 que “los ciudadanos tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos están encargados de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho”. Pero su ubicación en el Capítulo III del Título Primero, dedicado a los “Principios Rectores de Política Social y Económica”, la convierte en un “principio” no en un derecho, y esta diferencia hace que, aunque se hable de derecho su fuerza vinculante queda anulada.
Por eso es necesario un gobierno progresista con la suficiente fuerza como para construir un consenso político y hacer, como afirma Javier Pérez Royo, que el actual artículo 47, pase al Capítulo II, dedicado a los “Derechos y Deberes”, y convierta a la vivienda en un derecho con todas las garantías, vinculaciones y protecciones jurídicas.
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