Paralelo 36 Andalucia Espacio de pensamiento y acción política
Lua Afán de Rivera
Me dirijo a ustedes no solo como docente, opositora y ciudadana andaluza, sino como voz de tantos compañeros y compañeras que el pasado 21 de junio de 2025 vivieron una de las experiencias más frustrantes y desalentadoras de su carrera profesional: unas oposiciones plagadas de irregularidades, improvisaciones y vulneraciones evidentes de los principios básicos que deben regir un proceso selectivo público.
La primera y más flagrante falta de transparencia comenzó antes incluso de que nos sentáramos a realizar el examen. Tal y como establece el propio BOJA, era obligatoria la publicación previa de los criterios de evaluación de la parte práctica de la prueba A, por ello cito textualmente: »5.7.1. Comisiones de selección. Corresponderá a la presidencia de la comisión de selección la elaboración de la parte A de la primera prueba, así como de los criterios generales de evaluación, de calificación y de penalización de la fase de oposición, que se publicarán en el portal web de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional antes del inicio de la primera prueba.»
A pesar de esta obligación legal, estos criterios no fueron publicados a tiempo, ni siquiera se ofrecieron posteriormente con claridad. ¿Cómo se pretende garantizar la igualdad, el mérito y la capacidad si los aspirantes no conocen los parámetros con los que van a ser evaluados?
Sin embargo, para mayor indignación del colectivo docente, la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha declarado recientemente en el Parlamento andaluz que «Andalucía ha conseguido el proceso más transparente a nivel nacional», basando su argumento en que los criterios estaban publicados con anterioridad. Eso es falso. Y se puede demostrar.
No fueron publicados en tiempo ni forma, de hecho no llegaron hasta la corrección. Decir lo contrario es mentir a la ciudadanía y faltar al respeto a quienes sí hemos cumplido con nuestra parte del proceso.
No es aceptable que se intenten lavar responsabilidades negando hechos objetivos que pueden comprobarse: los criterios no estaban disponibles cuando debían estarlo, y eso vulnera los principios de legalidad, objetividad y seguridad jurídica. El proceso ha fallado desde el principio.
Y cuando una convocatoria pública, que debería regirse por los principios de legalidad, transparencia e igualdad, se construye sobre bases inestables y arbitrarias, el resultado queda irremediablemente contaminado.
No se trata de un simple fallo técnico o de una omisión menor. Estamos hablando de una vulneración directa del derecho a una evaluación justa. La opacidad y arbitrariedad en el diseño y corrección de la prueba A suponen una falta de respeto no solo hacia los opositores, sino hacia el sistema educativo andaluz en su conjunto. No puede hablarse de igualdad, mérito ni capacidad cuando los fundamentos del proceso se ocultan o se improvisan. Esta vulneración del principio de objetividad compromete todo el sistema y pone en entredicho la legitimidad de los resultados.
Pero esto no fue todo. Hubo pruebas prácticas corregidas con un nivel de ambigüedad y desproporción absolutamente injustificables, diferencias abismales entre tribunales en cuanto a corrección, así como falta de criterios unificados y una opacidad constante en el desarrollo de todo el procedimiento y ya ni mencionar el trato de algunos tribunales hacia los aspirantes o las irregularidades cometidas por ellos incluso en la forma de guardar el examen en el sobre o de permitir o no que salgan los enunciados.
Todo ello configura un panorama de desorganización que, lejos de ser anecdótico, se ha convertido en estructural. En algunos casos, incluso se detectaron errores de redacción en los enunciados que condicionaron por completo el desarrollo de las respuestas. ¿De verdad esta es la imagen de rigor y profesionalidad que la Consejería desea proyectar?
Miles de opositores han dedicado años de su vida a preparar esta convocatoria. Han invertido su tiempo, su dinero y sus energías en un proceso que debería haber sido un ejemplo de transparencia y equidad. En lugar de eso, se han encontrado con un sistema que no ha garantizado las condiciones mínimas de justicia e igualdad. Y lo más grave: se sienten desamparados, ninguneados, frustrados y profundamente desilusionados.
Por todo ello, exigimos explicaciones públicas, depuración de responsabilidades y medidas inmediatas para que estas irregularidades no se repitan. Esto no es una simple queja, es una llamada a la responsabilidad. No basta con pasar página y seguir adelante. Lo ocurrido el 21 de junio ha sembrado dudas sobre la integridad del sistema y ha dañado la confianza de toda una generación de docentes. Negarlo, como ha hecho la consejera, solo profundiza esa herida.
La educación es el pilar de nuestra sociedad. Y quienes aspiramos a formar parte de ella merecemos, como mínimo, un proceso digno, limpio y transparente. Ustedes tienen la responsabilidad —y el deber legal— de garantizarlo. Y en esta ocasión no lo han hecho bien. Merecemos procesos a la altura de la responsabilidad que conlleva entrar a formar parte del Sistema Educativo Andaluz. Lo ocurrido el 21 de junio no puede olvidarse ni justificarse. Si desde la base se vulneran los derechos de quienes quieren ser docentes, ¿qué futuro estamos construyendo para nuestras aulas?
No vamos a quedarnos callados. Con firmeza y esperanza. Una voz más del colectivo docente andaluz.
