Paralelo 36 Andalucia Espacio de pensamiento y acción política
Rocío Cruz
Cuatro mujeres asesinadas. Dos menores víctimas de violencia vicaria. En una sola semana. En España.
Y el país no se ha detenido.
Mientras los focos apuntaban a pactos, estrategias y batallas partidistas, seis vidas fueron arrancadas. Seis sillas vacías. Seis historias interrumpidas. Muchas de esas mujeres estaban dentro del sistema VioGén del Ministerio del Interior. Habían denunciado. Habían pedido ayuda. Habían hecho lo que se supone que hay que hacer.
Y están muertos.
No, no es un fallo aislado. No es “mala suerte”. No es un arrebato inexplicable. Cuando el riesgo está identificado y aún así no se evita el asesinato, no falla la ley: falla el sistema de protección. Falla la prevención. Falla la vigilancia. Falla la coordinación. Falla la prioridad política real.
Y mientras tanto, agresiones sexuales que afectan a representantes del Partido Popular ya miembros de cuerpos policiales nos recuerdan algo aún más inquietante: la violencia contra las mujeres atraviesa instituciones que deben ser refugio y garantía de seguridad. Cuando eso ocurre, el mensaje es demoledor.
¿Cuántas señales más hacen falta?
¿Cuántas denuncias previas?
¿Cuántos menores asesinados para castigar a sus madres?
La violencia vicaria no es un exceso emocional. Es terrorismo íntimo. Es convertir a los hijos e hijas en arma. Es la forma más cruel de decir: “Tu vida y la de quienes más amas me pertenecen”.
Y lo más insoportable no es solo la violencia. Es la costumbre. Es la rutina del horror. Es que cuatro mujeres y dos menores en siete días no provocan una sacudida nacional. Es que no haya concentraciones masivas espontáneas en cada ciudad. Es que el debate público puede pasar página en 24 horas.
La pregunta ya no es qué está fallando.
La pregunta es por qué no estamos reaccionando como si esto fuera lo que es: una emergencia estructural.
Porque cuando una mujer que denunciada aparece asesinada, el mensaje que reciben las que aún dudan es devastador: “No sirve de nada”.
Cuando un menor es asesinado para dañar a su madre, el mensaje es brutal: “No hay límites”.
Cuando el foco mediático se desplaza en cuestión de horas, el mensaje es claro: “No es prioritario”.
Y sí, estoy harta. Harta de contar asesinadas. Harta de escuchar que “se están investigando los hechos” mientras los nombres se acumulan. Harta de que la indignación dure menos que un ciclo de noticias.
No estamos ante sucesos aislados. Estamos ante una violencia sistemática que sigue encontrando grietas por donde colarse. Y cada grieta cuesta vidas.
Cuatro mujeres. Dos menores. Una semana.
Si esto no hace que el país se detenga, que revise de arriba abajo su sistema de protección, que refuerce recursos, que exija responsabilidades políticas claras y contundentes, entonces el mensaje es insoportable: que la vida de las mujeres y de sus hijos e hijas vale menos que cualquier agenda.
Y eso —eso sí— deberíamos hacernos temblar como sociedad.
Porque el día que asumimos que esto es “lo normal”, ese día ya no solo falló el sistema.
Fallamos todos.
