La crisis de la vivienda

Materiales para un programa de gobierno

Iniciativa del Pueblo Andaluz

La extraordinaria subida de los precios de la vivienda, de compra y de alquiler, es un problema de extraordinaria relevancia, con ramificaciones económicas y sociales. La vivienda es el eslabón débil de nuestro estado del bienestar y sin ella el estado del bienestar se tambalea. No hay suficientes viviendas sociales y asequibles en Andalucía para la demanda existente. La vivienda, que debería ser la piedra angular de nuestras vidas individuales y colectivas, se convierte en un obstáculo muchas veces insalvable para el desarrollo de personas, familias y sociedad.

Es el problema social más crítico de Andalucía por su dramatismo intrínseco y por los colaterales que genera: problemas de salud física y mental, jóvenes no emancipados, migrantes hacinados, baja tasa de natalidad, infravivienda, desahucios, marginación y pobreza infantil cronificada.

Se hace imposible dar alojamiento digno a aquellos que llegan a Andalucía para formar parte de nuestra sociedad y de nuestro sistema productivo; se dificulta la movilidad laboral; se desarrollan mecanismos tercermundistas de alojamiento hacinado; se abre progresivamente la brecha de la desigualdad y con ello se deteriora la convivencia; problemas de salud y de deficiencia educativa se relacionan con condiciones residenciales precarias; se dibuja un futuro muy incierto de supervivencia residencial para segmentos importantes de la población.

La crisis de la vivienda, propiciada por un menor peso de la inversión social y creciente presencia de las actividades especulativas, es una de las causas principales del malestar de los ciudadanos. En muchos países de la UE, el malestar por la carencia de viviendas y su consiguiente encarecimiento se ha convertido en el principal tema de debate en las elecciones. Existen fundados temores de que la crisis de vivienda favorezca un avance de la ultraderecha. El malestar se asienta siempre en realidades objetivas y en el caso de la vivienda es palpable que los gobiernos tienen la obligación de solucionar esta crisis habitacional.

En Andalucía hay 4.673.007 de viviendas, de las cuales 3.241.130 son vivienda principal y 1.431.877 son viviendas secundarias. De las viviendas principales 2.568.496 son de propiedad, 368.278 están en alquiler y 304.356 otras formas de posesión[1]. Un millón doscientas mil son de construcción anterior a 1970. No hay un registro de vivienda social en Andalucía por lo que no se conoce el número total de viviendas sociales, que incluya las de la Junta más las de las Corporaciones Locales.

Las características de las personas demandantes son, por edades la mayoría (50,49%) están entre 35 y 50 años, en segundo lugar, los menores de 35 años (28,79%). Por renta las inscripciones se concentran en demandantes con bajos ingresos, estando el 64’65% por debajo o igual de un IPREM familiar[2].

Las dificultades para el acceso a una vivienda se han agravado en los últimos medida que han retrocedido las políticas sociales y han facilitado la conversión de la vivienda en un objeto de inversión en lugar de un bien social y un derecho humano. Fondos de inversión, pequeños y grandes propietarios con un predominio fuerte de capital extranjero y el fenómeno incontrolado de los alquileres turísticos convierten, gracias al déficit de políticas públicas, el acceso a la vivienda en un infierno.

La Junta de Andalucía, que tiene las competencias exclusivas en materia de vivienda, lleva 4 años sin calificar ninguna vivienda protegida. No existe un parque de vivienda social suficiente ni adecuado que sirva para proteger a la población frente al encarecimiento de la vivienda. La Junta de Andalucía no tiene una política de construcción de vivienda social y protegida, la mayoría de las iniciativas de vivienda social proceden de los programas financiados por el Estado con fondos propios o de la UE, es decir a instancia del Estado.

La reciente escalada en los precios de la vivienda ha comenzado a impactar de manera significativa también en las zonas periféricas, donde la demanda supera ampliamente a la oferta. Este fenómeno está contribuyendo también al aumento de los precios, lo que refleja una tendencia que se extiende más allá de las grandes ciudades. Las ciudades medianas y pequeñas, que históricamente han sido consideradas como alternativas más asequibles para los compradores, están experimentando un cambio drástico en los precios de la vivienda, por lo que nos encaminamos a «un escenario de creciente desigualdad”[3].

[1] Censo de población y vivienda de 2021

[2] CC.OO. Situación de la vivienda en Andalucía.

[3] Jaime Palomera, del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona ‘El secuestro de la vivienda’.