Paralelo 36 Andalucia Espacio de pensamiento y acción política
En España, el deterioro democrático durante la crisis se suma a la debilidad democrática estructural como consecuencia de la transición pactada con las élites del franquismo. La privatización de servicios públicos, la vuelta al neocentralismo mediante el ataque frontal contra las estructuras políticas territoriales (Comunidades Autónomas y Ayuntamientos), la creciente desigualdad, el paro y los desahucios, etc. están desmontando los cimientos del Estado a lo que hay que añadir la multitud de casos gravísimos de corrupción en especial el caso Bárcenas que demuestra la financiación ilegal del PP, lo que le ha proporcionado una situación de ventaja en las distintas elecciones.
Los campos del conflicto en los que se dirime el tipo de respuesta a la crisis (e incluso la propia supervivencia de la democracia) son tanto la calle y las plazas como las instituciones del Estado. En las primeras se conquista la hegemonía y en las segunda la fuerza de la legalidad. Ambas están conectadas y como ocurre en cualquier conflicto si una de las partes abandona un espacio la otra la ocupa sin coste alguno y se fortifica con facilidad en él.
La izquierda necesita ganar la calle y ganar las elecciones. Sin la calle no tendrá votos ni fuerza para ganar electoralmente pero, al mismo tiempo, sin una perspectiva de triunfo electoral las movilizaciones carecen de finalidad efectiva y terminan por generar agotamiento y frustración.
Durante las últimas décadas la alianza de las élites económicas con el bipartidismo han logrado desmontar los instrumentos de control público sobre la economía. Han utilizado la sensación de crecimiento ilimitado, a la Unión Europea, la corrupción, la ortodoxia económica y un sin fin de mecanismos para invertir los controles tradicionales del Estado sobre la economía y conseguir que sean los poderes económicos quienes controlen al Estado porque el capitalismo necesita controlar el Estado en su benéfico tanto como las clases populares para redistribuir la riqueza y defender la democracia.
Pero esta vez la clave no sólo está en conquistar física y jurídicamente los campos del conflicto sino sobre todo en su utilización, en particular de la acción de gobierno, porque entre otras cuestiones, la crisis ha significado también la ruptura definitiva de los equilibrios de poder público y privado a favor del poder real de los mercados.
Para hacer frente a la crisis necesitamos impulsar un modelo económico de transición desde una sociedad movilizada y desde los centros de poder porque la calle y el Estado democrático son quienes ocupan la centralidad en el conflicto social sin precedentes al que nos enfrentamos bajo el nombre de crisis global. Para defender la democracia, el reto de la izquierda es demostrar que es posible mandar sobre los poderes económicos y no subordinarse a ellos. Aquí también la única defensa es avanzar y no conformarse con gestionar el “status quo” existente.
Necesitamos por lo tanto avanzar en la democracia para defender la democracia. Que la ciudadanía vuelva a mandar y que las élites económicas dejen de condicionar las políticas públicas y para ello hay que democratizar plenamente al Estado:
a) Acabar con la monarquía y restaurar la república
b) Separar los conceptos de Estado y nación y reconocer el derecho a decidir de las Comunidades Autónomas y la naturaleza constitucional de sus Estatutos.
c) Reformar el sistema electoral para hacerlo mas representativo y proporcional.
d) Configurar un sistema de incompatibilidades y de separación bastante más eficiente que el actual;
e) Refundar los partidos políticos sobre nuevas bases de participación y financiación.
f) Constitucionalizar nuevas formas de democracia participativa, como los referéndum vinculantes a iniciativa popular,
g) Reforzar la libertad de información y las garantías de su independencia.
La democratización plena del Estado, junto con la reforma fiscal, no sólo son fines en si mismo (que lo son sin duda alguna) sino al mismo tiempo requisitos indispensables para un nuevo pacto entre la ciudadanía y las instituciones democráticas que permita desplegar las energías suficientes para cambiar el modelo económico y garantizar los servicios públicos y los derechos sociales y laborales.
