
Tomás Valencia
Debo confesar que escribo estas líneas asombrado por la falta de comentarios acerca de este tema por aquellos que son, o eso se creen, los abanderados de la Sevilla más purista y costumbrista y que guardan un ominoso silencio ante el adefesio que nuestro ayuntamiento instala cada año en nuestro bello entorno del Muelle de la Sal.
Como no soy sospechoso de pertenecer al selecto grupo antes descrito, ni pretendo serlo, este artículo es mi reflexión crítica, más allá del aspecto estético, acerca del espectáculo Navigalia que se ha instalado en el Guadalquivir a la altura del Muelle de la Sal y que ha sido presentado como una propuesta cultural y navideña para la ciudad. Sin embargo, más allá de su envoltorio luminoso y su narrativa festiva, plantea cuestiones de fondo que merecen dicha reflexión: el uso del espacio público, el impacto ambiental y estético en un enclave singular, la desigual distribución de los beneficios económicos y la consolidación de un modelo cultural cada vez más dependiente del patrocinio empresarial.
El río como espacio público, no como recinto de pago
El Guadalquivir no es un solar disponible ni un contenedor neutro para eventos. No es ninguno de los auditorios que nuestro ayuntamiento abandona y convierte en estercoleros que se incendian. Es un bien común urbano, un espacio público central que debería funcionar como una gran plaza fluvial accesible, abierta y libre. La cesión temporal de este tramo del río para un espectáculo vallado, con control de accesos y entrada de pago —por simbólica que se quiera presentar— supone una privatización de facto del espacio público.
Durante semanas, uno de los pocos espacios abiertos y centrales de Sevilla queda transformado en un recinto cerrado con una lona horrorosa y unas vallas de obra. Los supuestos defensores de nuestra ciudad tapan este bello río a la ávida mirada de miles de visitantes, que vienen a nuestra ciudad para disfrutarla al completo. Nuestro ayuntamiento, en cambio, convierte este lugar en un espacio asociado a marcas comerciales y al consumo.
No se trata solo de gustos, sino de una cuestión de respeto patrimonial: convertir un enclave singular en soporte publicitario desdibuja su identidad y lo acerca más a un parque temático que a un espacio urbano vivo y compartido.
El mensaje implícito es claro: el acceso pleno al río, incluso en Navidad, pasa por pagar y reservar. Lo público se redefine así no como un derecho, sino como una experiencia condicionada.
Frente a la urgencia de renaturalizar el río, recuperar sus riberas y reducir el impacto ambiental de los eventos urbanos, se opta por un espectáculo de alto coste ecológico, efímero y escasamente alineado con una transición ecológica real. La cultura no puede convertirse en coartada verde mientras reproduce dinámicas propias del urbanismo del evento.
Una Navidad sin nuestros barrios
Mientras el centro concentra espectáculos de gran formato, patrocinados y mediáticos, muchos barrios quedan relegados a programaciones menores, en el mejor de los casos, con menos recursos y visibilidad. La Navidad cultural se convierte así en otra desigualdad más, donde el acceso a “lo mejor” depende del lugar donde se viva y de la capacidad económica.
Existen alternativas. Numerosas ciudades españolas y europeas apuestan por videomappings y espectáculos navideños gratuitos, sin vallas ni entradas, integrados en plazas y edificios públicos, financiados mayoritariamente con presupuesto municipal y pensados para el disfrute colectivo. Modelos que demuestran que es posible una cultura festiva abierta, inclusiva y respetuosa con el espacio urbano.
¿Quién gana realmente?
Uno de los argumentos habituales para justificar este tipo de eventos es su supuesto impacto económico positivo. Sin embargo, el beneficio real que queda en la ciudad es limitado. El grueso del retorno económico se concentra en la empresa promotora —en este caso Acciona y la familia Entrecanales (¿les suena?)— y en las marcas patrocinadoras, cuya visibilidad y posicionamiento constituyen uno de los ejes centrales del espectáculo.
La economía local se beneficia de forma marginal y puntual, mientras que el coste —en términos de ocupación del espacio público, impacto ambiental y exclusión— lo asume la ciudadanía. Se socializan las molestias y se privatizan los beneficios.
El problema es el modelo
Navigalia no es solo un espectáculo: es un síntoma que venimos padeciendo ya con el Iconica Fest “Empresa de Seguros” en nuestra pobre Plaza España. Refleja una forma de entender la ciudad como escenario de eventos, donde lo público se alquila, la cultura se patrocina y el espacio común se gestiona con criterios de rentabilidad.
Los sevillanos y sevillanas debemos preguntarnos qué tipo de ciudad queremos iluminar en estas fiestas: una ciudad escaparate de un negocio privado, o una ciudad que cuide sus espacios, su paisaje y su derecho colectivo a disfrutar de ellos sin barreras.
El Guadalquivir y el Muelle de la Sal no son un producto. Son, y deben seguir siendo, de todos.
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