Tomás Valencia
Las borrascas recientes en Andalucía destacan por su persistencia y acumulados sobre suelos ya saturados, aparte de por las rachas de viento muy fuertes, lo que las sitúa entre las más graves de la serie histórica.
Desgraciadamente, dos trabajadores han fallecido en la provincia de Sevilla en accidentes laborales directamente vinculados a las condiciones meteorológicas adversas de estas borrascas.
El martes 27 de enero un operario que trabajaba en una obra de Emvisesa en el barrio de Palmas Altas (Sevilla capital) murió al caerle encima una placa mientras realizaba tareas en altura (picando un pilar a unos 6 metros, sin medios mecánicos porque las grúas no podían operar por el viento). Esto ocurrió bajo alerta naranja por rachas de hasta 90 km/h. El jueves 29 otro trabajador se precipitó al vacío mientras reponía el tejado de una nave industrial en el Polígono Pisa de Mairena del Aljarafe. Las fuertes rachas de viento también se señalan como causa probable.
Ambos siniestros ocurrieron en plena borrasca con avisos meteorológicos activos, cuando los sindicatos ya advertían de la peligrosidad de trabajos en altura y exteriores .
En el momento de escribir este artículo, la Junta de Andalucía ha suspendido las clases presenciales el miércoles 4 de febrero en toda la comunidad (salvo Almería) por riesgo extremo de inundaciones y fenómenos adversos de la borrasca Leonardo. Aplaudo esta decisión, pero, ¿por qué no hace lo mismo con los trabajadores? ¿Por qué no suspende o hace un llamamiento a la no circulación salvo emergencia, de toda la ciudadanía?
En lugar de esto, nuestro presidente Moreno Bonilla sale en los medios, eso sí, con un lenguaje muy coloquial y falsamente tranquilizador, llamando a “extremar la prudencia” y “evitar desplazamientos” con el colofón final de “EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE”. ¿Qué es en la medida de lo posible para un trabajador o trabajadora media andaluz Sr. Moreno Bonilla? ¿Cómo es posible que los trabajadores y trabajadoras evalúen los riesgos a los que se enfrentan y decidan si ir o no a trabajar cuando se encuentran bajo presión de sus empresas o sus necesidades económicas?
La realidad es que las actuales recomendaciones de autoprotección de la Junta de Andalucía dejan en una gran ambigüedad a los trabajadores y trabajadoras, porque trasladan la responsabilidad final al individuo sin ajustar horarios, movilidad ni actividad económica a la realidad de los avisos meteorológicos más graves sin concretar escenarios claros sobre cuando no se debe ir a trabajar.
En la práctica, la expresión “EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE” queda completamente abierta: obliga a familias y trabajadores a decidir si se juegan un parte disciplinario, una falta o la pérdida de jornada, o si asumen el riesgo físico de desplazarse. La administración reconoce el peligro (avisos naranja o rojo, posibilidad de daños graves) pero no lo traduce en una instrucción operativa automática que evite ciertas decisiones que pueden costarle la vida a los trabajadores.
La Junta solo ha emitido instrucciones muy concretas en episodios excepcionales (inundaciones concretas, declaraciones de “localidad de especial riesgo”), justificando la ausencia presencial solo cuando existe una imposibilidad “física” de acceder al centro. Eso deja fuera a la mayoría de trabajadores que sí podrían llegar “forzando” el desplazamiento, aunque sea atravesando carreteras con balsas de agua, puentes en riesgo o zonas arboladas que la propia Junta recomienda evitar.
La consecuencia política es clara: la Junta se protege desde el discurso de la “autoprotección” mientras deja la carga de la decisión y sus posibles sanciones laborales sobre familias y personas trabajadoras que no tienen capacidad real de negociar su presencia.
Ante esta situación, le recuerdo a los trabajadores andaluces y andaluzas que con fenómenos meteorológicos moderados o extremos se puede solicitar un permiso retribuido de hasta cuatro días y que las empresas están obligadas a reducir, adaptar o suspender la jornada de trabajo cuando lo exijan las circunstancias meteorológicas. Y le exijo a la Junta de Andalucía que termine de una vez con esta dejación de funciones y sustituya las comunicaciones como “evitar desplazamientos en la medida de lo posible” por instrucciones operativas, horarias y territoriales, publicadas con antelación y coordinadas con educación y empleo.
Mientras esto no ocurra, en un episodio mas de la falta de compromiso con la salud y seguridad de nuestro pueblo, la Junta de Andalucía prioriza el mantenimiento de la actividad económica sobre la seguridad personal de los trabajadores y trabajadoras, a quienes se les pide prudencia sin ofrecerles un marco normativo que les permita elegir sin miedo a represalias o pérdidas económicas.
“En la medida de lo posible”, la Junta de Andalucía sigue dejando claro que su prioridad no son los derechos ni la dignidad de quienes trabajan, sino la protección de una minoría acomodada que se beneficia de su precarización y explotación.
Paralelo 36 Andalucia Espacio de pensamiento y acción política
