Paralelo 36 Andalucia Espacio de pensamiento y acción política
Rafa Rodríguez
España y Andalucía son unos de los territorios europeos más seguros
España es un país considerado seguro[1]. La tasa de criminalidad española total en 2025 fue de 50,4 delitos por cada 1.000 habitantes (incluido el cibercrimen). En 2010 tenía una tasa total de 49,3 delitos por mil habitantes y en 2024 era de 50,3. Es decir, prácticamente no ha cambiado en quince años a pesar de la aparición y enorme expansión del ciberdelito. Si se excluye este, la criminalidad convencional ha descendido hasta 40,4 por mil en 2025.
En otros países europeos, como Reino Unido (79,5 por mil habitantes), Bélgica (74,8), Alemania (60,7) o Dinamarca (53,9), esta tasa es considerablemente más alta.
Andalucía participa de este contexto de baja violencia: incluso en 2025, mientras aumentaron determinados delitos graves, la criminalidad convencional permaneció prácticamente estable (-0,1 %) y descendieron los robos con violencia (-3,8 %), los robos con fuerza (-14,5 %) y los hurtos (-4,8 %).
España y Andalucía parten pues de una posición comparativamente muy favorable en materia de seguridad. Según la OCDE, alrededor del 80 % de la población española declara sentirse segura caminando sola por la noche, frente al 74 % de media de la organización.
La tasa de homicidios en España se situó en torno a 0,7 por cada 100.000 habitantes en 2025, muy por debajo de la media de la OCDE, de 2,6. En Andalucía esta tasa es superior: 1,12 homicidios por cada 100.000 habitantes. Ese año se registraron en Andalucía 97 homicidios consumados, frente a 82 en 2024, y 302 tentativas de homicidio, frente a 268, datos que aconsejan no confundir el elevado nivel general de seguridad con la inexistencia de focos específicos de violencia[2].
La amenaza del narcotráfico
El narcotráfico, principal actividad ilícita asociada al crimen organizado en España y especialmente relevante en Andalucía, constituye un riesgo para la seguridad.
Su peligro no reside solamente en el volumen de droga introducida o en los beneficios económicos obtenidos, sino en su capacidad para generar violencia entre organizaciones, disponibilidad de armas, blanqueo de capitales, corrupción e intimidación, y para adquirir una presencia particularmente intensa en determinados barrios y territorios vulnerables.
Las memorias de las fiscalías permiten acreditar un mínimo de 29 víctimas mortales expresamente relacionadas con el narcotráfico o su violencia asociada entre 2015 y 2024, aunque la ausencia de una estadística homogénea impide conocer el total real; de ellas, 23 se concentraron únicamente en Málaga en 2019.
En ningún caso se puede afirmar que exista una generalización de la violencia homicida en Andalucía, cuya tasa global continúa siendo baja, pero sí la existencia de un subtipo específico de violencia, territorialmente concentrado y estrechamente asociado al narcotráfico y al crimen organizado, que desde finales de la década de 2010 presenta rasgos cada vez más graves: sicarios, ajustes de cuentas, armas automáticas, organizaciones transnacionales y ataques contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Precisamente esta combinación entre una sociedad globalmente segura y determinados focos de violencia criminal organizada explica que el narcotráfico deba abordarse no sólo como delincuencia ordinaria, sino también como una amenaza potencial para la Seguridad Nacional.
De una cuestión policial a un problema de seguridad nacional
El riesgo es, por tanto, que una sociedad globalmente segura experimente una concentración territorial de la inseguridad, creando espacios en los que la capacidad económica y coercitiva de las organizaciones criminales pueda deteriorar la convivencia y desafiar progresivamente la autoridad del Estado. El propio Departamento de Seguridad Nacional advierte que el crimen organizado posee un potencial desestabilizador que puede afectar a la los derechos fundamentales de la ciudadanía, la gobernanza, la paz social y el normal funcionamiento de las instituciones.
Desde esta perspectiva, resulta acertado que el problema haya dejado de contemplarse exclusivamente como una cuestión policial y que el crimen organizado y el tráfico de drogas sean considerados amenazas para la Seguridad Nacional. La Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave 2025 consolida precisamente este enfoque e integra la respuesta dentro del Sistema de Seguridad Nacional[3].
Se trata de evitar que la evolución del narcotráfico y su creciente capacidad económica, territorial, y eventualmente violenta, erosione uno de los principales activos sociales de España y Andalucía: sus elevados niveles de seguridad y convivencia.
NOTAS
[1] https://elpais.com/espana/2024-09-09/el-inmigrante-delincuente-la-idea-zombi-que-revive-pese-a-las-evidencias-en-contra.html
[2] Balance de Criminalidad del cuarto trimestre de 2025 del Ministerio del Interior
[3] Aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional el 14 de julio de 2025. BOE – 05 de agosto 2025.
