Paralelo 36 Andalucia Espacio de pensamiento y acción política
Rafa Rodríguez
El incendio que ha calcinado alrededor de 300 chabolas en el asentamiento del Polígono San Jorge, en Palos de la Frontera (Huelva), donde residen centenares de trabajadores inmigrantes vinculados a la campaña de los frutos rojos, constituye un nuevo episodio de una realidad que se repite año tras años. No se trata de un hecho aislado. Los incendios en los asentamientos chabolistas de la provincia se producen con frecuencia, especialmente al finalizar las campañas agrícolas, afectando a personas que viven en construcciones extremadamente precarias, levantadas con madera, cartón y plásticos, materiales altamente inflamables. La investigación sobre las causas de este último incendio no descarta que pudiera haber sido provocado, una hipótesis que ya se ha planteado en otros incendios ocurridos en la zona.
Estos asentamientos se concentran principalmente en los municipios de Palos de la Frontera, Moguer, Lucena del Puerto, Lepe y Cartaya, donde miles de trabajadores temporeros, en su mayoría inmigrantes procedentes del África subsahariana y del Magreb, desarrollan una labor esencial para la producción y exportación de frutos rojos. Sin embargo, una parte de esta mano de obra continúa viviendo en condiciones incompatibles con los estándares mínimos de una sociedad democrática, sin acceso adecuado a agua potable, saneamiento, electricidad o viviendas dignas, desde hace décadas.
En Andalucía hay en torno a once asentamientos chabolistas en los que malviven unas 10.000 personas, cuyo drama humanitario se ha ido enquistando a lo largo de los últimos 25 años. .El relator de Naciones Unidas, Philip Alston, ya denunció las condiciones en las que se encontran estos asentamientos y tanto el Defensor del Pueblo español como el andaluz han alertado sobre el agravamiento de su situación,
Cada incendio supone una auténtica tragedia humana. Cientos de personas pierden en pocas horas todas sus pertenencias: documentación, ropa, teléfonos móviles, herramientas de trabajo, incluso el dinero ahorrado que habían conseguido reunir tras años de esfuerzo. Muchas quedan sin alojamiento de un día para otro, con enormes dificultades para continuar trabajando y sin una alternativa habitacional inmediata, lo que agrava todavía más su situación de vulnerabilidad.
Los ayuntamientos donde se ubican estos asentamientos especialmente Palos de la Frontera, Moguer, Lucena del Puerto, Lepe y Cartaya son los responsables directos de calamidad porque son los competentes en materias de urbanismo, servicios sociales, abastecimiento de agua, salubridad pública y convivencia, por lo que desempeñan un papel esencial en la prevención del chabolismo, la atención social y ofrecer viviendas dignas.
También la Junta de Andalucía que tiene competencias fundamentales en vivienda, inclusión social, políticas migratorias en el ámbito de sus competencias, salud pública, empleo, protección civil y coordinación de los servicios sociales. Asimismo, tiene capacidad para impulsar programas específicos de alojamiento temporal para trabajadores agrícolas, coordinar actuaciones con los municipios y promover políticas públicas destinadas a erradicar los asentamientos chabolistas que persisten desde hace décadas.
Por su parte, la Administración General del Estado es competente en materia de inmigración, autorización de trabajo y residencia, inspección laboral, política de vivienda en colaboración con las comunidades autónomas, financiación de programas sociales y coordinación general de las políticas migratorias. Además, puede apoyar económicamente a las administraciones territoriales para desarrollar soluciones estructurales que permitan compatibilizar las necesidades del sector agrícola con el respeto a los derechos fundamentales de las personas trabajadoras.
El Ayuntamiento de Lepe aprobó en 2021 un Plan Integral de Erradicación del Chabolismo. En 2022 se publicó unl Protocolo general de actuación entre la Secretaría de Estado para la Agenda 2030, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Lepe y el Ayuntamiento de Moguer, para impulsar la erradicación de asentamientos irregulares de personas trabajadoras temporeras en los municipios de Lepe y Moguer, pero el problema no ha desaparecido en esos municipios
La Junta de Andalucía presentó en 2024 el I Plan Estratégico para la Erradicación de los Asentamientos Informales y la Inclusión Social de Personas Residentes en Zonas Agrícolas de Andalucía (EASEN). También participan los Ministerios de Vivienda, Inclusión y Transición Ecológica; los ayuntamientos afectados, especialmente Lepe, Moguer, Palos de la Frontera y Lucena del Puerto; la diputación de Huelva; ONG, organizaciones agrarias y otros agentes económicos. En 2025 se constituyó un grupo técnico permanente Estado-Junta para coordinar actuaciones y elaborar una hoja de ruta conjunta para el periodo 2025-2027.
El Gobierno de España comprometió 15 millones de euros (5 millones anuales entre 2025 y 2027) destinados principalmente a compra de viviendas; adquisición de módulos habitacionales; rehabilitación de inmuebles y compra de suelo para vivienda social. Los primeros municipios beneficiarios son Moguer, Palos de la Frontera y Lucena del Puerto.
Sin embargo, no se ha conseguido el objetivo principal, que es eliminar los asentamientos. De hecho, siguen viviendo miles de personas en condiciones muy precarias que solo son noticias en los medios de comunicación cuando se producen estos incendios de gran magnitud; persisten graves problemas de acceso al agua potable, saneamiento, electricidad y empadronamiento; las alternativas de vivienda avanzan lentamente y son insuficientes para el volumen de población afectada.
La situación actual sigue siendo insostenible, especialmente en los asentamientos de Lucena del Puerto, Palos de la Frontera y Moguer. Los asentamientos siguen existiendo, los incendios continúan repitiéndose y miles de trabajadores permanecen viviendo en condiciones incompatibles con un alojamiento digno. La propia existencia de nuevos incendios masivos en 2025 y 2026 evidencia que la falta de voluntad política en la ejecución de los planes.
La reiteración de estos incendios demuestra que las respuestas de emergencia, aunque imprescindibles, no son suficientes. La continuidad de asentamientos chabolistas donde viven miles de trabajadores, que sostienen una parte esencial de la agricultura de exportación, evidencia la necesidad de garantizar un alojamiento digno para quienes hacen posible la campaña agrícola. No es solo una cuestión asistencial, es una exigencia de derechos humanos, de salud pública, de cohesión social y de responsabilidad institucional.
