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Andalucía, nación solidaria imprescindible para el proyecto de una España federal y plurinacional

Rafa Rodríguez

Pedro Sánchez, al intentar aclarar su propuesta sobre la plurinacionalidad en el Estado, ha cometido el grave error de mencionar Cataluña, País Vasco y Galicia y no mencionar expresamente a Andalucía, entre las Comunidades Autónomas a las que considera naciones. Y es un grave error político porque no nombrar a Andalucía es un agravio y una injusticia que olvida nuestra sólida posición constitucional, pero también es un error de concepto porque se ha situado en el contexto anterior al 28 de febrero de 1980. Con un primer nivel de Comunidades Autónomas reducido solo a Cataluña, País Vasco y Galicia no puede haber ni federalismo ni plurinacional real en España.

Andalucía fue la única Comunidad que eligió la vía del 151 de la Constitución, a pesar de todas sus dificultades. Ese día, el 28 de febrero de 1980, el pueblo andaluz manifestó en las urnas su determinación de tener el máximo nivel de competencia en consonancia con su condicional nacional (nacionalidad histórica, en terminología constitucional). No necesitamos construir una mitología porque somos una nacionalidad histórica en el sentido constitucional y democrático de la palabra que comparte emocionalidad y símbolos, y, tal como está plasmado en el preámbulo del Estatuto de Autonomía, “respeta y respetará la diversidad, pero no permitirá la desigualdad”.


Además, aquel 28F no sólo conseguimos el reconocimiento de nuestra identidad política y tener un nivel de autogobierno como la que más, sino que logramos cambiar materialmente la Constitución mediante una interpretación más justa y equilibrada de su Título VIII, propiciando una dinámica federalizante, Es decir, antes del 28F de 1980 el Estado no tenía una perspectiva federal. A partir del 20F sí, aunque el sistema bipartidista que se consolidó en España a partir de ese momento no quiso avanzar hacia un modelo que profundizara en la estatalidad de las Comunidades Autónomas y en su capacidad para influir la legislación y las políticas del gobierno central para un reparto más justo de los recursos en la organización fiscal del Estado. Si hubiésemos avanzado hasta consolidar un Estado federal sin las deficiencias institucionales del sistema actual, la situación hoy sería bastante diferente.

Se trata por lo tanto no de ir hacia atrás del 28F sino por el contrario de recuperar el tiempo perdido y hacer realidad lo que Andalucía empezó con su 28F, incorporando al modelo el nuevo nivel de pertenencia a la Unión Europea y en particular a la zona euro: consolidar un modelo federal multinivel y plurinacional porque federalismo y plurinacionalidad son conceptos distintos, aunque en modo alguno contradictorios siempre que se interpreten ambos de forma no exclusivista ni excluyentes.


No fue casualidad que, precisamente en el proceso que comenzó el 4 de diciembre de 1977 y concluyó con el triunfo en las urnas el 28 de febrero de 1980, hubiese una identificación entre Andalucía, nuestra identidad nacional, y el proyecto federal porque Andalucía representa, por la tradición del andalucismo histórico, el gozne que une plurinacionalidad y federalismo, porque ya Blas Infante diferenciaba claramente el concepto político de nación del concepto de Estado para romper la ecuación antidemocrática y antirrepublicana que concibe que a una nación solo le corresponde un Estado y que a su vez a un Estado solo le corresponde una nación.

Si la identificación entre la nación y el Estado siempre constituyó un imposible sueño de la razón en la historia del pensamiento y de la política, en nuestro contexto constituye también una realidad imposible porque se ha escindido la soberanía formal (la que jurídicamente conservan los Estados) de la soberanía efectiva (la detenta en gran parte el sistema formado por las grandes multinacionales).

En la escisión entre soberanía formal del Estado y la soberanía efectiva de los poderes no democrático, pierde la democracia si no se genera una alternativa que vuelva a conectar la soberanía formal y la soberanía efectiva para que los mecanismos democráticos cumplan su función de hacer realidad la voluntad popular. Por eso el federalismo plurinacional no es solo un espacio de equilibrio frente a las tensiones territoriales del Estado español sino un vector para la defensa de la democracia en la crisis de la globalización.

Ahora buen, el federalismo para que pueda ser también plurinacional necesita, en primer lugar, al abandono del concepto y vocabulario de la soberanía como poder indivisible e indelegable porque implica la exorbitante exigencia de un centro monopolizador del poder político. El Estado requiere independizarse del concepto de nación y evolucionar hacia una estructura política que se adapte a las distintas escalas de las necesidades públicas.

El federalismo del siglo XXI, tal como apunta Ramón Máiz, no puede reducirse a una organización institucional de autogobierno y cooperación en las decisiones de ámbito estatal o supraestatal. El federalismo del siglo XXI implica unidad en la diversidad cultural y nacional, un concepto pluralista y no exclusivista de nación. El federalismo plurinacional defiende abiertamente la neta superioridad ético-política de la convivencia de varias naciones en el seno del mismo sistema en un proyecto de tolerancia, lealtad, confianza y respeto mutuo.

A su vez para que la plurinacionalidad pueda ser federal necesita superar el vocabulario de las esencias nacionales, de la cosificación defensiva de las identidades. Atendiendo el (muy desigual y plural) valor político y cultural de la nación para los ciudadanos, propone una perspectiva de identidades superpuestas, una nación de naciones en donde puedan convivir y reconocerse sentimientos subjetivos de identidad y pertenencia política de la ciudadanía. No blinda ni aísla el concepto de nación volviéndolo excluyente sino necesita un concepto pluralista y político-democrático de nación.


Ser reconocida como nación hoy, en el Estado español, significa estar en el primer nivel de autonomía política. La plurinacionalidad no consiste en un simple cambio de nomenclatura respecto al modelo autonómico, sino en reconocimiento real de la identidad cultural, política y social de las naciones del Estado, así como su federalización con mecanismos reales de participación en las decisiones que les afecten mediante un Senado de representación territorial con capacidad legislativa real para conformar un estado federal cooperativo en una UE confederal.

La defensa de la democracia en el siglo XXI necesitamos la separación de los conceptos de nación, soberanía y Estado y superar las concepciones unitaristas y excluyentes de tanto de la nación como de la soberanía para construir un sistema articulado de Estados, naciones y constituciones en defensa de la democracia frente a los poderes económicos globales.

(*) La imagen corresponde a “SUPPORTIVE, 1966 – 2011 – auto-creative art by Gustav Metzger”

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