Una ley para la política

No se trata de copiar ni adaptar el modelo danés o el alemán, con realidades políticas que nos son ajenas, ni de pedir sacrificios a ningún partido, sino de articular el modelo catalán, un modelo propio que responda a las realidades características de Catalunya y que preserve la pluralidad política que caracteriza a nuestro país.

Es por ello que, con voluntad de colaborar en el proceso, me permito poner sobre la mesa algunas consideraciones para remarcar los cambios que la ley electoral ha de impulsar, y a su vez ayudar a conseguir el acuerdo que un modelo electoral catalán requiere.

1. Contamos con el valioso informe de una comisión de expertos en ciencia política. Es riguroso, objetivo, busca el consenso, detalla propuestas y advierte contra determinadas soluciones, como la del doble voto. Es necesario recuperar dicho informe como base del modelo catalán, y por tanto, de los trabajos de la ponencia.

2. El modelo catalán debe responder a las realidades del país, y hallar los puntos de equilibrio entre: a. la proporcionalidad y la territorialidad, condiciones especificadas en el Estatut. b. el papel de los partidos como instrumento colectivo y la responsabilidad individual de los representantes elegidos. En este sentido, el informe de expertos propone listas de partido desbloqueadas y siete circunscripciones.

3. Catalunya es políticamente plural. Es preciso evitar fórmulas que recorten de facto el necesario pluralismo del modelo catalán. No podemos copiar modelos de países con un solo eje ideológico, que tiendan a un bipartidismo que no encaja en la cultura política de la sociedad catalana, que, por cierto, durante treinta años ha tenido siempre gobiernos de coalición.

4. Necesitamos una Sindicatura Electoral Catalana. Actualmente, la Junta Electoral Central es el órgano competente en cualquier materia electoral que se plantee en Catalunya. Precisamos una sindicatura electoral propia, moderna y con competencia en el control de los gastos electorales.

5. Urge renovar los canales de participación electoral. Los actuales corresponden a siglos pasados. Ha llegado el momento de incorporar el voto electrónico (el voto por internet es ya una realidad en algunos países, como Estonia) y de facilitar el voto anticipado, no limitándolo al voto por correo y permitiendo, por ejemplo, la implicación del Colegio de Notarios. Incluso podrían reglamentarse urnas móviles (como las que ya funcionan en algunos países nórdicos) para atender a situaciones singulares como las de los hospitales o las masías aisladas de núcleos urbanos.

6. Podemos introducir elementos de evaluación de los representantes electos. La desconfianza y el alejamiento de la ciudadanía con respecto a los representantes políticos obligan a dar un salto adelante en transparencia e información. La ley puede plantear mecanismos de acceso ágil y abierto a información oficial sobre la actividad institucional.

Por último, quiero insistir en que la ley electoral catalana, cuya redacción sigue pendiente desde hace treinta años, es ahora una necesidad urgente para el conjunto de la política catalana. Lo es porque un país que desee autogobernarse no puede permitirse ser incapaz de articular un modelo electoral propio. Y lo es también porque, a estas alturas, está en juego la credibilidad de las fuerzas políticas catalanas. Pido, pues, un esfuerzo a los ponentes de la ley y al conjunto de partidos con representación parlamentaria, que piensen a medio y largo plazo y con sentido de país. Sobre la base del Estatut d’Autonomia y del informe de los expertos, podemos aprobar una ley electoral que dé paso a los cambios que precisa la política catalana para adaptarse a la Catalunya de nuestro tiempo. La sociedad nos reclama que seamos responsables y estemos a la altura. No hacerlo sería un fracaso importante y debería determinarse el grado de responsabilidad de cada uno, entre otras cosas porque todos los políticos no son iguales.