El marco jurídico y operativo (la lucha contra el narcotráfico en Andalucía. Cuarta parte)

Rafa Rodríguez

1. Lucha contra el narcotráfico desde una perspectiva integral

Las consecuencias del narcotráfico recaen en primer lugar sobre los barrios trabajadores y los territorios más expuestos, sobre los agentes que afrontan actuaciones de alto riesgo y sobre la ciudadanía en general. Deterioran la convivencia, debilitan la economía legal, incrementan la vulnerabilidad de las personas jóvenes y perjudican la imagen internacional de Andalucía.

En cambio, se benefician las organizaciones criminales transnacionales, las redes logísticas que les prestan servicios, los blanqueadores que introducen sus ganancias en la economía legal y quienes obtienen rentabilidad política de convertir la seguridad en un simple eslogan.

Una respuesta democrática debe evitar tanto la minimización del problema como su utilización partidista o la estigmatización de comarcas y barrios enteros.

Proponemos una estrategia integral que comience por considerar el narcotráfico y el crimen organizado como una cuestión de Seguridad Nacional cuando su capacidad económica, financiera, territorial y coercitiva desborde el ámbito de la delincuencia convencional. Esta consideración no pretende militarizar la respuesta, sino elevar el nivel de coordinación, continuidad y recursos públicos y vincular las políticas de seguridad con las políticas sociales, sanitarias, económicas, educativas y de cooperación internacional.

La respuesta integral debe comenzar ya. La presión policial es imprescindible, pero por sí sola no elimina el problema: puede desplazar las rutas hacia otros territorios, acelerar la innovación criminal o sustituir rápidamente a los eslabones detenidos. Incautar droga tampoco equivale necesariamente a destruir la organización si permanecen intactos sus dirigentes, su patrimonio, su infraestructura logística y su capacidad para captar nuevos colaboradores.

Por ello, la respuesta debe combinar la persecución policial y penal con la lucha sostenida contra la marginación y la pobreza de forma que las personas y los territorios vulnerables tengan una salida legal. También con la investigación financiera y patrimonial, la recuperación social de activos, la lucha contra la corrupción, la protección de puertos y otras infraestructuras estratégicas, la cooperación internacional y la reducción de la demanda.

Aplicada a Andalucía, esta perspectiva exige actuar simultáneamente sobre seis dimensiones relacionadas: la capacidad armada de las organizaciones; las condiciones sociales que permiten reclutar mano de obra, comprar silencios y normalizar la presencia del narcotráfico; las redes marítimas, terrestres y tecnológicas que hacen posible el tráfico; la base económica y financiera que asegura su continuidad; la penetración del dinero ilícito en la economía legal y el consumo de drogas.

2. El marco jurídico y operativo

Una nueva Estrategia de Seguridad Nacional

España se encuentra en proceso de elaboración de una nueva Estrategia de Seguridad Nacional[1]. La nueva estrategia debe reconocer con suficiente precisión la dimensión social, transnacional, financiera, tecnológica y coercitiva del narcotráfico y su capacidad para afectar a la seguridad ciudadana, la economía, las instituciones, los derechos fundamentales y la cohesión territorial. Debe establecer prioridades comunes, mecanismos estables de intercambio de información, planificación plurianual y un sistema de evaluación que permita anticipar el desplazamiento de rutas y capacidades criminales.

Su aportación principal debe ser la coordinación. El narcotráfico no puede repartirse en compartimentos estancos entre Administraciones. Necesitamos una estructura federal que coordine desde la participación a los distintos ministerios (Interior, Justicia, Hacienda, Sanidad, Educación, Inclusión) con las administraciones autonómicas y entidades locales.

Reforzar el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar

Aunque conserva su denominación originaria, el Plan Especial se aplica desde 2022 a seis provincias andaluzas y constituye la principal respuesta policial específica frente al narcotráfico y el crimen organizado en gran parte de Andalucía. Combina refuerzos de Policía Nacional y Guardia Civil, inteligencia e investigación criminal, medios tecnológicos, coordinación operativa, cooperación internacional y persecución de la logística y del patrimonio de las organizaciones.

El V Plan Especial[2], dispone para 2026 de 38,2 millones de euros adicionales destinados a plantillas, medios materiales, tecnología, investigación e inteligencia.

El Plan debe consolidarse como una capacidad permanente y adaptable, no como una sucesión indefinida de respuestas extraordinarias. Ha de reforzar la autoprotección de los agentes, reservar las intervenciones de máximo riesgo a unidades preparadas para la amenaza armada prevista, intensificar el control marítimo, fluvial, portuario y aéreo y situar la investigación patrimonial en el centro de cada operación. También debe anticipar el efecto desplazamiento para impedir que la presión ejercida en una comarca traslade la infraestructura criminal hacia otras provincias o hacia el Algarve portugués.

Debe contar, además, con objetivos verificables y una evaluación independiente. Junto a las incautaciones y detenciones han de medirse la reducción de la violencia, el número de organizaciones efectivamente desarticuladas, el patrimonio recuperado, la duración de los procedimientos, la estabilidad de las plantillas, el descenso del abandono escolar, la inserción laboral y la evolución del consumo de drogas. Solo así podrá saberse si se está debilitando el sistema criminal, fortaleciendo al mismo tiempo la comunidad democrática.

Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave 2025

La Estrategia identifica el narcotráfico como la principal actividad del crimen organizado en España y supera la visión exclusivamente policial. Identifica la internacionalización, la policriminalidad y la capacidad de adaptación de redes que utilizan empresas legales, infraestructuras logísticas, nuevas tecnologías y mecanismos financieros para ampliar sus actividades y proteger sus beneficios.

El Comité Especializado contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave[3]

Su creación refleja un cambio de escala: el crimen organizado deja de contemplarse exclusivamente como un problema policial y penal para abordarse también como una cuestión de Seguridad Nacional.

El Comité debe evitar duplicidades con el CITCO, que mantiene sus funciones de inteligencia y coordinación operativa. Su valor añadido ha de consistir en reunir a los departamentos competentes, elaborar diagnósticos compartidos, proponer medidas al Consejo de Seguridad Nacional, impulsar ejercicios de anticipación y evaluar la ejecución de la estrategia. La singular exposición de Andalucía justifica que la Junta de Andalucía y los municipios y diputaciones más afectadas participen de forma estable en los mecanismos de coordinación que se creen.

 

La imagen representa una obra del artista de Sinaloa Lenin Márquez Salazar

NOTAS

[1] Iniciado formalmente por el Acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional de 24 de abril de 2025, publicado mediante la Orden PJC/521/2025.

[2] Vigente desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2027, mantiene su aplicación en Cádiz, Málaga, Huelva, Sevilla, Granada y Almería.

[3] El Comité fue creado por Acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional de 15 de octubre de 2024 como órgano de apoyo en esta materia.