Paralelo 36 Andalucia Espacio de pensamiento y acción política
Rafa Rodríguez
El marco jurídico y operativo necesita continuidad política. Por ello proponemos un Pacto de Estado que fije una política plurianual, preserve sus líneas esenciales frente a los cambios de gobierno y comprometa al Estado, la Junta de Andalucía, las diputaciones, los ayuntamientos, el poder judicial, la Fiscalía, las fuerzas políticas, los agentes sociales y la ciudadanía. El Pacto debe asentarse en la participación ciudadana, el conocimiento científico y policial, la prevención y la actuación social con planes integrales de barrios y comarcas, la dotación de los recursos necesarios y una financiación suficiente, la lucha contra el consumo de drogas, la cooperación institucional, la protección de los derechos y la rendición pública de cuentas.
a) Un Pacto sobre la base de la participación ciudadana
El Pacto debe elaborarse mediante un debate público en el que participen la sociedad civil, la comunidad científica, los profesionales de la seguridad, el movimiento vecinal, las asociaciones de prevención y atención a las adicciones, las organizaciones empresariales y sindicales, tanto las transversales como las del sector, la justicia, los servicios sociales, la sanidad y la educación. Son necesarios espacios permanentes de encuentro, desde el entendimiento y el respeto mutuo.
Las instituciones de seguridad son las primeras interesadas en ganar la confianza de la ciudadanía, y sus funcionarios y trabajadores en general, aspiran a desarrollar su función con medios suficientes, seguridad, formación y reconocimiento.
La participación no puede limitarse a reuniones informativas, deben crearse consejos territoriales en las zonas más afectadas, con capacidad para formular propuestas.
b) La actuación social en los territorios donde la economía del narcotráfico encuentra arraigo
El narcotráfico no se explica por la pobreza, y la inmensa mayoría de las personas que viven en barrios vulnerables no participa en actividades delictivas. Sin embargo, las organizaciones mafiosas aprovechan el desempleo, el abandono escolar, la precariedad, la degradación urbana y la debilidad de los servicios públicos para reclutar colaboradores, ofrecer ingresos inmediatos y presentar la economía ilegal como una salida posible.
La intervención social, junto con la acción policial, reduce el espacio humano y comunitario en el que las mafias pueden arraigar. El Pacto debe identificar microterritorios prioritarios mediante indicadores transparentes de desigualdad, fracaso escolar, desempleo juvenil, vivienda, salud, violencia y presencia de economía ilegal.
c) Planes integrales de barrios y comarcas
El Pacto debe incorporar planes integrales de barrios y comarcas plurianuales y financiados de forma estable, reforzados allí donde la presión del narcotráfico sea especialmente intensa con garantías para que ningún barrio sea identificado colectivamente con la delincuencia.
La presencia del Estado no puede ser únicamente policial y episódica; debe expresarse mediante centros de enseñanza, centros de salud, orientación laboral, equipamientos juveniles y culturales y administraciones capaces de responder con rapidez en cooperación con las asociaciones vecinales.
Estos planes deben reunir en una misma intervención la rehabilitación de viviendas y espacios públicos, la mejora del transporte y la conectividad, la presencia continuada de servicios sociales y sanitarios, la atención a las familias, el acceso a la cultura y el deporte y la recuperación del comercio local[1].
La prioridad preventiva debe situarse en asistir a la infancia y la adolescencia. Es necesario reforzar la educación de 0 a 3 años, prevenir el absentismo y el abandono escolar, ampliar la orientación y el acompañamiento socioeducativo, garantizar actividades extraescolares y ofrecer itinerarios atractivos de Formación Profesional, empleo y emprendimiento. Los jóvenes en mayor riesgo necesitan tutores de referencia y oportunidades reales antes de que las redes criminales les ofrezcan dinero, pertenencia o reconocimiento.
La inserción laboral debe adaptarse a la economía de cada comarca. Los planes pueden vincular formación y contratación a los sectores portuario, logístico, industrial, energético, turístico, ambiental y de cuidados, mediante compromisos verificables de empresas y administraciones. También apoyar al pequeño comercio y a la economía social, facilitar la regularización administrativa de negocios y proteger a quienes rechazan colaborar con las mafias.
Los Planes deben incorporar una perspectiva de género. Las mujeres pueden sufrir endeudamiento, cargas de cuidados, violencia, utilización como testaferros o correos y consecuencias derivadas del encarcelamiento o la muerte de familiares. Necesitan asesoramiento jurídico, autonomía económica, atención psicológica y protección y recursos específicos para romper, en su caso, la dependencia con las redes criminales.
Debe existir igualmente una respuesta para quienes quieran abandonar el entorno del narcotráfico. Los programas individualizados de desvinculación, formación, empleo, tratamiento de adicciones, cambio de entorno cuando exista riesgo y acompañamiento familiar, pueden impedir la reincidencia y proporcionar una salida segura. En los supuestos de amenaza grave, estas medidas tendrán que coordinarse con los mecanismos de protección de testigos y colaboradores de la justicia. La denuncia y la colaboración ciudadana requieren canales seguros, accesibles y confidenciales, y protección efectiva frente a represalias.
Cada Plan territorial debe disponer de una oficina operativa que coordine Ayuntamiento, Junta de Andalucía, Administración del Estado, centros educativos, de atención primaria, servicios sociales, empleo, vivienda, entidades vecinales y fuerzas de seguridad.
Sus resultados deberán publicarse mediante indicadores sociales y de seguridad, con los objetivos no reservados de los planes, evaluar sus efectos sociales y activar alertas tempranas. El objetivo es sostener durante años una estrategia común que recupere la confianza, fortalezca la economía legal y reduzca la capacidad de reclutamiento y control social de las mafias.
d) La lucha contra el consumo de drogas
No puede combatirse el narcotráfico actuando únicamente sobre la oferta. Mientras exista una demanda elevada y rentable, las organizaciones encontrarán nuevas rutas, sustancias y procedimientos para abastecerla. La reducción del consumo es, por tanto, una política de salud pública y de protección individual, pero también una pieza de la estrategia contra el crimen organizado.
El Pacto debe impulsar una nueva estrategia de prevención basada en la evidencia y adaptada a cada etapa vital. Las actuaciones escolares aisladas o meramente informativas tienen un alcance limitado. La prevención eficaz exige programas continuados que desarrollen habilidades personales y familiares, pensamiento crítico, manejo de la presión del grupo, salud mental y percepción realista del riesgo, con docentes y profesionales formados, y evaluación de resultados.
La actuación debe comenzar antes del primer consumo y concentrar más recursos en adolescentes y jóvenes, ocio nocturno, población con problemas de salud mental, personas sin hogar, centros penitenciarios y barrios con especial exposición. Debe prestar atención tanto a cocaína, cannabis y drogas de síntesis como al alcohol, los hipnosedantes y las adicciones comportamentales, porque los patrones de policonsumo y vulnerabilidad se refuerzan entre sí.
Es necesario facilitar la detección temprana y el acceso rápido al tratamiento desde atención primaria, salud mental, urgencias, servicios sociales, centros educativos y recursos comunitarios.
La red pública de adicciones debe disponer de equipos suficientes, continuidad asistencial y coordinación real con salud mental. Nadie debería abandonar el tratamiento por listas de espera, distancia, falta de alojamiento o incompatibilidad con el empleo y las responsabilidades familiares.
La reducción de daños debe formar parte de la política pública: información sanitaria veraz, prevención de sobredosis y enfermedades transmisibles, atención a consumos de alto riesgo y dispositivos de proximidad capaces de contactar con quienes todavía no acceden a tratamiento. Reducir daños no significa normalizar el consumo, sino evitar muertes y deterioros mientras se mantiene abierta la vía hacia la recuperación y la inclusión.
También debe cuestionarse la normalización cultural del consumo recreativo. Las campañas públicas han de explicar que la compra de cocaína y otras drogas no es un acto sin consecuencias: financia redes que explotan a personas, corrompen instituciones, blanquean capitales y generan violencia en los territorios de producción, tránsito y distribución. El mensaje debe evitar el moralismo y la estigmatización, pero hacer visible la relación entre demanda y poder criminal.
La política de drogas necesita mejores datos. Andalucía debería disponer de un sistema estable de observación que combine encuestas, urgencias, mortalidad, aguas residuales, demanda de tratamiento, composición de sustancias e información territorial anonimizada. La evaluación ha de medir no solo cuántas actividades se realizan, sino si disminuyen la edad de inicio, los consumos problemáticos, las recaídas, las sobredosis y las desigualdades de acceso al tratamiento.
e) Más medios humanos y materiales para las fuerzas de seguridad
Las fuerzas de seguridad necesitan medios proporcionales a las organizaciones que emplean embarcaciones y vehículos de gran potencia, comunicaciones cifradas, vigilancia tecnológica y, en los supuestos más graves, armas de guerra. El refuerzo no puede descansar indefinidamente en comisiones de servicio y despliegues temporales: exige plantillas estructurales, especializadas y estables, con capacidad suficiente para investigar durante meses las organizaciones complejas.
Debe alcanzarse y mantenerse la cobertura efectiva de los catálogos de puestos en las zonas incluidas en el Plan Especial, cubrir con rapidez las vacantes y crear incentivos que favorezcan la permanencia y acumulación de experiencia.
La declaración de las áreas más expuestas como Zonas de Especial Singularidad debe resolverse mediante un marco objetivo que valore riesgo, penosidad, coste de vida, dificultad de cobertura y continuidad del servicio, con complementos, vivienda, conciliación, movilidad y reconocimiento profesional cuando proceda.
Policías nacionales y guardias civiles destinados en estas zonas siguen reclamando un reconocimiento específico de peligrosidad y singularidad por el riesgo de sus misiones. El Pacto debe comprometer una negociación con sus representantes y una evaluación pública de las condiciones de cada destino, evitando promesas genéricas y estableciendo medidas concretas, presupuestadas y revisables.
La seguridad operativa ha de prevalecer sobre la improvisación. Las intervenciones con información sobre fusiles de asalto, sicarios o descargas protegidas por hombres armados, deben contar con evaluación previa del riesgo, mando coordinado, apoyo de unidades tácticas especializadas, medios de protección adecuados, asistencia sanitaria y protocolos conjuntos. Los agentes de seguridad ciudadana no deben afrontar con dotación ordinaria amenazas previsiblemente extraordinarias.
En el mar y los ríos son necesarios medios suficientes y disponibles: embarcaciones adecuadas, mantenimiento, radares, drones y vigilancia aérea, visión nocturna, comunicaciones seguras y coordinación entre Guardia Civil, Policía Nacional, Vigilancia Aduanera, Salvamento Marítimo, autoridades portuarias y, cuando corresponda, cooperación portuguesa y marroquí. La tecnología debe integrarse en centros de mando e inteligencia y no convertirse en adquisiciones aisladas sin personal, mantenimiento o interoperabilidad.
Debe reforzarse el componente investigador. Junto a las unidades operativas hacen falta analistas de inteligencia, especialistas en patrimonio, contabilidad, fiscalidad, criptomonedas, telecomunicaciones, ciberdelincuencia, armas, puertos y comercio internacional. La explotación rápida de dispositivos y datos, con autorización judicial y garantías, es decisiva para pasar de la incautación puntual a la reconstrucción de la red criminal completa.
El cuidado de quienes combaten a las mafias forma parte de la eficacia. Se necesita formación continua, apoyo psicológico confidencial, prevención del desgaste profesional, asistencia jurídica y protocolos de protección para agentes y familias amenazados. Al mismo tiempo, deben reforzarse los sistemas de integridad, incompatibilidades, rotación en puestos sensibles, control interno y canales seguros de alerta frente a intentos de corrupción.
Finalmente, los recursos deben asignarse según inteligencia y resultados, no únicamente por reacción a episodios graves. Un mapa dinámico de amenazas debe permitir mover capacidades sin vaciar los territorios de origen. La evaluación pública puede incluir cobertura de plantillas, disponibilidad real de medios, investigaciones financieras iniciadas, organizaciones desarticuladas, armas intervenidas, ataques sufridos y tiempos de respuesta, preservando siempre la información operativa reservada.
f) Medios para desarticular su infraestructura financiera
La lucha contra las mafias exige seguir el dinero, investigar sociedades y patrimonios, identificar a los beneficiarios reales y reforzar la cooperación entre jueces, fiscales, fuerzas de seguridad, Vigilancia Aduanera, Agencia Tributaria, SEPBLAC[2] y organismos especializados. Desarticular la infraestructura financiera es tan importante como neutralizar la capacidad armada. Sin mecanismos para lavar, invertir y disfrutar sus beneficios, se estrangulan las organizaciones, disminuyen su capacidad de corrupción, de reclutamiento y la posibilidad reconstrucción de sus estructuras.
Toda investigación relevante por narcotráfico debería incorporar desde su inicio una línea patrimonial paralela, dotada de especialistas y orientada al decomiso. Deben investigarse inmuebles, sociedades instrumentales, testaferros, comercio basado en efectivo, activos digitales y sistemas informales de transferencia, sin descuidar los sectores legales que pueden ser utilizados para ocultar la propiedad o el origen del capital.
La recuperación de activos debe ser más rápida y eficaz. Es necesario reforzar la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos[3], mejorar la administración y venta anticipada de bienes perecederos o de costoso mantenimiento, y asegurar que una parte significativa del patrimonio decomisado revierta de forma visible en prevención, tratamiento, rehabilitación de barrios, medios de investigación y apoyo a las víctimas. Recuperar socialmente el dinero del narcotráfico refuerza la legitimidad del Estado.
g) Más juzgados y fiscalías especializadas
La Justicia constituye un punto decisivo y vulnerable de la respuesta estatal. Las carencias de personal y las dilaciones pueden ocasionar paralizaciones, prescripciones y atenuantes por retrasos que reducen las penas. Una política antimafia puede fracasar, aunque aumenten las detenciones, si el sistema judicial carece de capacidad para instruir y enjuiciar macrocausas complejas con rapidez y garantías.
Deben reforzarse los juzgados de las zonas con mayor carga, las fiscalías antidroga y anticorrupción, los servicios de peritaje contable e informático, los equipos de auxilio judicial y las oficinas de recuperación de activos. La especialización debe abarcar blanqueo, delincuencia organizada transnacional, prueba digital, criptomonedas, cooperación judicial europea y decomiso.
Es preciso revisar la organización y los procedimientos de las macrocausas, facilitar equipos estables de apoyo y mejorar la interoperabilidad de los sistemas de información. La Fiscalía de Cádiz ha advertido del desbordamiento de juzgados del Campo de Gibraltar, Barbate y Chiclana por el volumen de asuntos y la complejidad de las investigaciones. El Pacto debe traducir este diagnóstico en una planificación plurianual de plazas, refuerzos y medios, sometida a indicadores de carga y duración.
También deben reforzarse la protección de testigos, peritos, fiscales, jueces y funcionarios amenazados, y las capacidades de traducción e interpretación para causas transnacionales. La rapidez nunca debe lograrse reduciendo garantías procesales, sino aportando especialización, recursos, dirección coordinada y gestión más eficiente.
h) Tipificar expresamente determinadas actividades logísticas del narcotráfico
El Derecho penal y el administrativo deben cerrar los vacíos que permiten sostener la logística criminal, aunque sea sin trasladar directamente la droga. Es necesario ofrecer una respuesta clara y proporcionada al transporte, almacenamiento y tenencia de grandes cantidades de combustible destinado a narcolanchas, así como al suministro organizado de motores, embarcaciones, comunicaciones, vehículos y lugares de almacenamiento, cuando exista conocimiento de su destino ilegal.
Se trata de definir conductas inequívocamente orientadas a facilitar el narcotráfico y permitir su prueba como tipos penales. Debe facilitarse la destrucción o reutilización segura de narcolanchas, motores y otros efectos intervenidos cuando su conservación no sea necesaria para la prueba, mediante decisión de la autoridad competente, documentación pericial previa y garantías para terceros. La saturación de depósitos genera costes, contaminación, riesgo de incendio, robo y retorno de esos medios al circuito criminal.
i) La respuesta internacional
Las organizaciones criminales actúan simultáneamente en distintos países. La droga puede producirse en América Latina, atravesar África occidental, llegar a puertos o costas europeas y distribuirse mediante redes asentadas en numerosas ciudades. Frente a estructuras de esta naturaleza, una respuesta limitada a un único territorio resulta insuficiente.
La cooperación debe combinar inteligencia criminal, equipos conjuntos de investigación, intercambio rápido de información, entregas vigiladas, investigación patrimonial, control de rutas marítimas y portuarias, persecución del suministro logístico y de armas, y prevención de la corrupción. Europol y Eurojust y las demás estructuras europeas competentes ofrecen un marco esencial, pero Andalucía necesita también reforzar la cooperación bilateral estable sobre todo con Marruecos y Portugal.
La dimensión internacional no puede reducirse a interceptar cargamentos antes de que lleguen. Debe perseguir a los dirigentes, financiadores, corredores, proveedores de servicios criminales y redes de blanqueo allí donde actúen; facilitar el embargo y decomiso transfronterizo; y reducir los obstáculos que producen las diferencias legislativas y los lentos mecanismos de asistencia judicial.
El Pacto debe promover una posición española activa en la Unión Europea sobre seguridad portuaria, corrupción logística, intercambio de datos, control de precursores, armas y activos digitales. Al mismo tiempo, la cooperación con países de origen y tránsito debe incorporar políticas de desarrollo institucional, prevención y derechos humanos, porque una estrategia puramente represiva puede desplazar las rutas sin reducir el mercado criminal.
j) Una financiación estable, suficiente y evaluable
Ninguna estrategia integral contra el narcotráfico puede sostenerse mediante refuerzos coyunturales, créditos extraordinarios o partidas que deban renegociarse después de cada episodio grave. El Pacto de Estado requiere una financiación estable, suficiente y plurianual. Sin ella, correría el riesgo de formular objetivos ambiciosos sin asegurar los medios necesarios para cumplirlos.
La estabilidad financiera exige compromisos compartidos. El Estado debe asegurar los medios policiales, aduaneros, judiciales y de cooperación internacional; la Junta de Andalucía, la prevención, la asistencia sanitaria, los servicios sociales, la educación, el empleo y la rehabilitación de barrios en el ámbito de sus competencias; y las entidades locales, las actuaciones comunitarias y de proximidad. Los fondos europeos pueden reforzar innovación, cooperación transfronteriza e inclusión social, pero no deben financiar servicios estructurales que después desaparezcan al finalizar cada convocatoria.
Los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2023 asignaron 10.719 millones de euros a la política general de Seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias, un 5,6 % más que en el ejercicio anterior. Sin embargo, esa cifra comprende el conjunto de la seguridad ciudadana, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la administración penitenciaria y la seguridad vial. No existe en los PGE una partida territorializada que permita conocer de manera directa y completa cuánto dinero se destina específicamente a la lucha contra el narcotráfico en Andalucía.
La dotación más claramente identificable es la correspondiente al Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar. El Ministerio del Interior ha asignado, como hemos reseñado anteriormente, 38,2 millones de euros al V Plan durante 2026, 1,3 millones más que en 2025. Estos recursos financian el refuerzo de las plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil y la mejora de los medios materiales, tecnológicos, de investigación y de inteligencia en las seis provincias andaluzas incluidas. La cifra acredita un esfuerzo específico, pero su aprobación anual y su vinculación a un plan temporal no garantizan por sí solas la permanencia de las capacidades creadas.
Existe además el Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados[4]. En 2024 el Gobierno distribuyó más de 20 millones de euros procedentes de este Fondo: aproximadamente 11 millones se orientaron a programas de reducción de la demanda y el resto a actuaciones de control de la oferta, investigación, persecución del tráfico y cooperación. Este mecanismo posee un especial valor simbólico y material porque devuelve a la sociedad parte del patrimonio obtenido mediante el delito.
El Pacto de Estado debe incorporar una memoria económica plurianual que identifique separadamente, al menos, seis bloques: a) seguridad e inteligencia; b) medios marítimos, portuarios y tecnológicos; c) investigación financiera y recuperación de activos; d) juzgados, fiscalías y peritajes especializados; e) prevención y tratamiento de las adicciones; y f) planes integrales de intervención en barrios y comarcas vulnerables. Cada bloque debe señalar la administración responsable, la aportación estatal, autonómica y local, las posibles fuentes europeas, el calendario y los resultados esperados.
También sería conveniente crear un programa presupuestario específico con un anexo territorializado sobre crimen organizado y narcotráfico. Esto permitiría distinguir los créditos ordinarios de los refuerzos temporales, seguir su ejecución por objetivos y conocer la distribución territorial sin revelar información operativa reservada. La financiación debería actualizarse anualmente conforme a la evolución de la amenaza, la inflación, la cobertura real de las plantillas, la carga judicial y los indicadores sociales y sanitarios, evitando que una prórroga presupuestaria congele capacidades esenciales.
Finalmente, la financiación debe ser transparente y evaluable. El Gobierno y la Junta de Andalucía deberían presentar anualmente a las Cortes Generales y al Parlamento de Andalucía un informe conjunto con los créditos inicialmente aprobados, sus modificaciones, la ejecución efectiva y los resultados alcanzados. La suficiencia financiera no consiste únicamente en aumentar partidas, sino en garantizar continuidad, coordinación y eficacia.
i) A modo de conclusión: recuperar seguridad, derechos y oportunidades
La alternativa democrática frente a las mafias consiste en combinar firmeza y prevención. Firmeza para neutralizar su capacidad armada, logística, financiera y corruptora; prevención para reducir el consumo, proteger a la juventud, fortalecer los barrios y ofrecer oportunidades legales. Ninguna de estas dos dimensiones puede reemplazar a la otra.
El objetivo final no es únicamente incautar más droga, sino impedir que el narcotráfico adquiera poder social, económico o territorial; proteger a quienes hacen cumplir la ley; recuperar para la comunidad los bienes decomisados; y garantizar que en todos los territorios de Andalucía el Estado democrático se manifieste mediante seguridad, justicia, servicios públicos, derechos y oportunidades.
NOTAS
[1] Ver la Proposición No de Ley aprobada por el Congreso de los Diputados sobre barrios con menor renta y la Proposición de Ley Integral para Barrios Vulnerables actualmente en tramitación.
[2] El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) es la Unidad de Inteligencia Financiera de España, siendo único en todo el territorio nacional. El SEPBLAC es, asimismo, Autoridad Supervisora en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
[3] La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), es un órgano de la Administración General del Estado cuya función es auxiliar a los órganos judiciales y fiscalías en la localización, recuperación, conservación, administración y realización de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas cometidas en el marco de una organización criminal y en el de los delitos económicos más graves en concreto en los relacionados con el artículo 127 bis del Código Penal (tráfico de drogas, blanqueo de capitales, trata de seres humanos, corrupción, grandes estafas, terrorismo, etc.).
[4] Ley 17/2003, de 29 de mayo, por la que se regula el Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados (modificada por la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015.).
La ilustración representa una obra del pintor Juan Genovés
