Paralelo 36 Andalucia Espacio de pensamiento y acción política
Los datos de la EPA son escalofriantes. El paro afecta a cerca de 1.500.000 personas en Andalucía, hay casi 375.000 hogares andaluces con todos sus miembros en paro y hay unos 2.000.000 de personas en situación pobreza. La situación es de emergencia social, no podemos esperar a ninguna reactivación económica para atender a esos millones de personas que sufren de manera tan injusta como cruel, la crisis y las políticas irracionales de ajuste duro. Para evitar un supuesto peligro de inflación las políticas del PP, obsesionados con el déficit, están provocando una sangría social. Esto es igual que si para controlar la hipertensión arterial de un enfermo, lo desangramos, sin lugar a dudas el enfermo ya no volverá a tener más crisis hipertensivas. Lo primero es atender a los efectos sociales más dolorosos e irreversibles de la crisis. Por ello ahora las medias de urgencia deben ir dirigidas en tres frentes: mantener los servicios básicos gratuitos, públicos y universales de sanidad y educación, asegurar la vivienda para todos (detener los desahucios, aprobar la dación en pago con carácter retroactivo y crear un parque público de vivienda) y dotar a todos los que esten en situaciones de riesgo de pobreza, de una renta social básica. De esta forma estaremos garantizando la salud, la educación la vivienda y la alimentación y manutención de toda la población andaluza.
Debemos hacer como hacen ellos, pero al revés: aprovechar la crisis para dar saltos adelante en los derechos y la igualdad. En este sentido la aprobación por ley de una renta básica social en Andalucía puede ser un instrumento utilísimo es en este momento. El Estatuto de Autonomía andaluz tienen reconocido este derecho social básico en el artículo 23, que trata de las prestaciones sociales, al establecer en su apartado segundo que “Todos tienen derecho a una renta básica que garantice unas condiciones de vida digna y a recibirla, en caso de necesidad, de los poderes públicos con arreglo a lo dispuesto en la ley”. El derecho a la subsistencia es aún más básico que el de la salud o la educación sin embargo no está asegurado por ley. El importe de la de la Renta Social Básica consistirá en la diferencia entre los recursos que, en su caso, tenga el beneficiario y la cuantía del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) vigente (532,51 euros).
El Estatuto de Autonomía debe ser el instrumento, la movilización y la presión ciudadana el motor. El parlamento andaluz debe aprobar, más temprano que tarde, una ley de desarrollo de este derecho. Para eso queremos la autonomía, para eso queremos las instituciones democráticas; para que protejan a los más débiles, a los más vulnerables, para que hagan posible una vida digna aun en medio de la mayor tormenta neoliberal de la historia.
