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El 4 de diciembre como parte del patrimonio constitucional de Andalucía

4D Rafa Rodríguez

La próxima legislatura, el parlamento y el gobierno que salgan de las elecciones del 20D, tienen que enfrentarse entre otros temas pendientes al conflicto catalán. Es probable que se inicie un debate para constitucionalizar un nuevo modelo de distribución del poder territorial cuyos cambios solo serían comparables a los que tuvieron lugar durante la transición a la democracia.

La organización territorial del Estado ha sido uno de los principales problemas políticos sin resolver a lo largo de los dos últimos siglos, conectado a qué grupos sociales han dominado el estado y a cuestiones esenciales para su propia existencia como son el concepto mismo de nación y la realización del principio democrático.

Nos encontramos con una complejidad que podemos resumir en esta doble circunstancia:

  1. Que solo se puede resolver el conflicto mediante una reforma constitucional.
  2. Las dificultades de generar consensos suficientes para llevarla a cabo en una dirección determinada, tanto por las mayorías políticas necesarias como por el contenido del posible consenso.

En cualquier caso Andalucía, si quiere seguir siendo una entidad política con autonomía como la que más, tiene que representar una alternativa que no puede ser otra que el federalismo plurinacional.Al igual que en el periodo que va desde 1977 a 1980 Andalucía corre el riesgo de no ser reconocida como un sujeto político que tiene derecho a su propia realización como comunidad nacional y de sufrir un desplazamiento hacia posiciones de discriminación territorial. Sin embargo ahora contamos con un patrimonio democrático y constitucional que hay que poner en valor.Durante la transición cientos de miles de andaluces y andaluzas ganaron las calles en los días históricos del 4 de diciembre de 1977 y 1979 y en las urnas el 28 de febrero de 1980. A pesar de tener en contra al gobierno de la UCD y de tener que superar un referéndum en el que se exigía no solo ganar sino que el sí superase el 50% del censo en cada provincia, conquistamos el derecho a ser reconocidos como nacionalidad histórica: a no ser como “los demás”, sino a ser como “los que más”.

Por una vez en la historia, los andaluces y andaluzas partimos de una sólida posición constitucional. No tenemos construir una mitología porque somos una nacionalidad histórica en el sentido constitucional de la palabra. Es más somos la única comunidad autónoma que ha expresado su vocación de autogobierno a través de un referéndum en el marco de la Constitución del 78.

Es imprescindible que la sociedad andaluza recupere su dinamismo: necesitamos una marea por la igualdad de Andalucía con unos objetivos sociales muy claros y con la prioridad de avanzar en la creación de empleo para conseguir alcanzar al menos la misma tasa que la media de la Unión Europea.

Un nuevo andalucismo ecologista y social puede proporcionar un proyecto de construcción de un modelo de Estado desde la justicia, la equidad y el pluralismo pero que en ningún caso permita la aparición de desigualdades y privilegios.

La modernidad de la idea de soberanía compartida y del federalismo plurinacional va mas allá de la forma de organizar el estado: es el principio estratégico para defender la democracia y lo público en esta crisis de la globalización, tanto en España como en la UE como a nivel internacional.

Queremos contribuir a impulsar una reforma constitucional que garantice un modelo federal, cooperativo y plurinacional, en el que todos los poderes estén distribuidos, limitados y sometidos a la Constitución y los Estatutos, bajo el principio de distribución competencia y no en el de jerarquía. Defendemos la separación de los conceptos de estado y nación y la soberanía compartida entre los distintos entes con capacidad legislativa propia (Unión Europea, Estado central y Comunidades Autónomas). Reivindicamos el autogobierno real para las Comunidades en un plano de igualdad y el establecimiento de mecanismos efectivos de cooperación con el Estado y la Unión Europea.

Para que el Estado sea un Estado federal plurinacional, desde la defensa de lo público, debe contener:

  1. Estatutos de naturaleza constitucional.
  2. La regulación del derecho a decidir.
  3. Las Comunidades Autónomas deben tener los tres poderes propios (también el judicial), distintos del estado central
  4. Hacienda propia y constitucionalización de la financiación autonómica y local.
  5. Capacidad de autoorganización interna.
  6. Supresión de las provincias.
  7. Reconocimiento de nuestra pertenecía a la UE.
  8. Principio de administración única y una clara distribución competencial entre UE, estado, CC.AA. y administración local.
  9. Mecanismos de cooperación y participación en la conformación de la voluntad del Estado, a través de un Senado que sea una verdadera cámara de representación autonómica.
  10. Reforma del tribunal Constitucional de acuerdo con la nueva estructura territorial del estado.

España, en su traumática historia constitucional, no ha conseguido nunca la renovación del vínculo entre la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio aunque como ha escrito Javier Pérez Royo “El estado constitucional es democrático porque reforma la constitución y reforma la constitución porque es democrático”.

 La dialéctica de nuevo se va a establecer entre inmovilismo, asimetría (nacionalismos soberanistas) o federalismo, en el contexto de la crisis del estado nación. Hay que encontrar una vía para la reforma de la constitución aunque nos vaya a llevar mas de una legislatura pero hay que superar tanto el peligro de colapso del estado por la no reforma como la salida asimétrica que sea una regresión al proyecto que transformó Andalucía en el ciclo 4D de 1977 a 28F de 1980.

La posible reforma de la constitución no está exenta de riesgos y dificultades pero también de esperanza para abrir una nueva etapa que solucione las disfunciones del Estado de las Autonomías, defina al estado como un estado federal y sea un paso decisivo para solucionar el conflicto catalán pero no solo sino sobre todo la distribución territorial del poder en España.

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