En la actualidad, ¿tiene cabida una reforma agraria verde para paliar parte de la problemática del medio rural andaluz?

Manuel Cala Rodríguez / Como se apunta en el informe Evaluación Internacional de las Ciencias y Tecnologías Agrícolas para el Desarrollo (IAASTD), a pesar de que agentes del “agronegocio” plantean que solo un modelo de agricultura intensiva, deslocalizada, kilométrica y basada en transgénicos y semillas patentadas puede acabar con el hambre en la tierra; varios informes demuestran lo contrario: la soberanía alimentaria, basada en la agrodiversidad y en la agricultura familiar, campesina y ecológica es quien realmente puede alimentar al mundo. Así lo constata el resultado de una exhaustiva consulta internacional impulsada por el Banco Mundial en partenariado con la FAO, PNUD, UNESCO, representantes de gobiernos, instituciones privadas, científicas, sociales, etc., diseñado como un modelo de consultoría híbrida, que involucró a más de 400 científicos y expertos en alimentación y desarrollo rural durante cuatro años. Este informe, publicado a principios de 2009, apostaba por la producción local, campesina y familiar y por la redistribución de las tierras a manos de las comunidades rurales. El mismo fue rechazado por el agribusiness y archivado por el Banco Mundial, aunque 61 gobiernos lo aprobaron discretamente, a excepción de Estados Unidos, Canadá y Australia, entre otros.

También señala que, para intentar quebrar el monopolio de la “gran distribución” es preciso apostar por circuitos de comercialización más cortos (mercados locales, venta directa, grupos y cooperativas de consumo agroecológico, …). De esta manera se podrían evitar intermediarios y se establecerían relaciones más próximas entre personas productoras y consumidoras, basadas en el conocimiento y la confianza mutua, lo que paulatina y constantemente podría ir conduciendo a una creciente solidaridad entre el campo y la ciudad. Para que eso pueda ocurrir, también es necesario que las políticas públicas asuman estas demandas ciudadanas y apoyen un modelo agrario local, campesino, diversificado, agroecológico; rechazando los transgénicos y las patentes sobre la vida, promoviendo bancos públicos de tierras, una ley de producción artesana, un mundo rural vivo,… En definitiva, defender el derecho de los pueblos a la Soberanía Alimentaria.

Haciéndonos eco de estas demandas, y basándonos en un exhaustivo trabajo de investigación del profesor y compañero Manuel González de Molina (2013), en Primavera Andaluza (2013) proponemos un programa que contempla la creación de un “Banco Público de Tierras” en el marco de los «Planes de Actuación Prioritarios» y un nuevo concepto de Reforma Agraria que garantice la reseñada Soberanía Alimentaria. Se trata de gestionar el acceso a una superficie agraria que no esté en uso (o aquellas con “malos” usos), siempre destinándola a la producción de alimentos en cantidad y calidad, así como a la mejora del funcionamiento de la Reserva Nacional de Derechos de la Política Agraria Común (PAC) que sirva para facilitar la incorporación de jóvenes y mujeres al sector, luchando contra el envejecimiento del sector.

Entre otras cuestiones, se contempla el fomento de la agroecología, la comercialización agraria, el desarrollo de la producción agraria ecológica (algo que permitiría prohibir los transgénicos en las tierras disponibles), la agricultura urbana,…, y la creación de un instrumento de financiación propio, el llamado “Entidad de Crédito Agrícola” en Andalucía, que estaría vinculada a una futura Banca Pública Andaluza. A estos instrumentos necesarios para garantizar el funcionamiento de este Banco de Tierras habría que añadir dos imprescindibles: la creación de un Banco de Insumos Agrícolas y facilitar Redes de Intercambio de Semillas y/o Redes de Agricultores Conservadores de Agrobiodiversidad, lo que ayudaría para acceder a las semillas al resto de las personas productoras.

En relación con esta propuesta, quizás no convenga olvidar la realidad del sistema agroalimentario del campo andaluz, sector económico estratégico que representa alrededor del 9% del empleo y 8% del Producto Interior Bruto. Pero, sumido en una profunda crisis estructural propia del modelo de crecimiento agrario dominante, cuyos orígenes se remontan al deterioro de la relación de intercambio con el sector urbano industrial (que se ha venido concretando en precios percibidos cada vez más bajos y en precios crecientes de los insumos, especialmente los derivados del petróleo). Como resultado de ello aparece un deterioro continuado de la renta agraria en términos comparativos con el resto de las actividades económicas.

De un análisis simple de las consecuencias económicas en Andalucía, al menos, se podría apuntar tres aspectos muy contundentes: uno, de casi medio millón de ocupados que había en 1976, se ha pasado a 280.000 en la actualidad; dos; comparando el censo agrario del 2009 con el del 1999, se han perdido una tercera parte de las explotaciones agrarias; tres, la superficie agrícola ha descendido un 6,6% desde el año 1991. Esto ha influido de manera significativa para que aparezcan preocupantes consecuencias, como por ejemplo:

1. a) De tipo social: dependencia creciente de transferencias públicas (pensiones, desempleo, subvenciones,…); las ayudas de la PAC que llegan a suponer más del 20% de la renta agraria; escasa rentabilidad de la actividad agraria; falta de relevo generacional; degradación constante de las zonas rurales; crecimiento de la agricultura a tiempo parcial;….
2. b) De tipo ambiental: sobreexplotación de recursos; altas tasas de erosión; pérdida de biodiversidad; contaminaciones del medio físico (especialmente de las aguas por nitratos y pesticidas); rudelización de zonas del interior por abandono;…

Basándose en los datos que a continuación se relacionan (algunos relacionados con el precio de la tierra en España), el citado profesor argumenta que la política de estructuras sigue siendo una asignatura pendiente:

• – Si en el año 1930, 5.400 fincas acaparaban el 43,24% de las tierras agrarias en Andalucía; en el 2010, 5.980 fincas concentran el 55,05%.
• – Las explotaciones de carácter familiar han disminuido, constituyendo ya un porcentaje inferior al 70% del total.
• – Las sociedades mercantiles son alrededor de 55.000 y en la actualidad gestionan más de la mitad de la Superficie Agraria Útil (S.A.U.) española.
• – El 20% de los titulares de fincas acaparan el 80% de las ayudas de la PAC. Las grandes explotaciones y las sociedades mercantiles son las grandes beneficiarias. Por ello, el efecto compensatorio que ejerce sobre la disminución de la renta pierde eficacia en las explotaciones medianas y, sobre todo, en las pequeñas.
• – Desde el año 1993 hasta el 2008, el precio de la tierra ha crecido a una tasa media anual del 5,6%. En este año se produjo el primer descenso que continuó en el 2009 (los precios de la tierra han descendido el 4,6% en términos nominales).
• – La crisis económica y el aumento de la oferta (incrementada en el 2009 un 39% sobre la existente en el año anterior) podrían servir como explicaciones de la bajada de precios.
• – El precio medio por hectárea de tierra agrícola en España se sitúa en 10.485 euros. Esto sigue suponiendo una alta barrera de entrada a la actividad agrícola y dificultando la ganancia en tamaño de las explotaciones.

En relación con la alimentación, también nos recuerda que la principal tarea del sector agrario es la satisfacer el consumo endosomático de la población. Que España consume una media diaria per capita de 3 405 kilocalorías. brutas, cantidad que se ha incrementado en un 27,4% desde los años sesenta. Una dieta que está suponiendo el abandono de los buenos hábitos mediterráneos y la adquisición de otros que son responsables de que un alto porcentaje de la población padezca sobrepeso. Para ingerir más de 3 400 Kilocalorías diarias, son necesarias 109 millones de toneladas de biomasa animal y vegetal, o lo que es igual: 2,43 toneladas/persona/año ó 6,65 kilos/persona/día (entre 95 y 115 kilos/año/per cápita se tiran).

Además, la comida tiene un coste territorial. Durante la última década España ha exportado 20 millones de toneladas de alimentos, más de la mitad de ellos han sido productos hortofrutícolas; en cambio, ha importado casi 31 millones de toneladas, arrojando un déficit de más de 10 millones. Sólo los requerimientos de cereales, semillas y piensos igualan el total de las exportaciones. El grueso de esas importaciones está destinado a alimentar a la cabaña ganadera y/o a ser procesadas por la industria agroalimentaria

Por si eso fuera poco, González de Molina, M. e Infante, J. (2010) nos muestran otros estudios concluyentes relacionados con la energía. Por ejemplo: solo el sector agrario es responsable de algo más de la tercera parte del consumo total de energía primaria del sistema agroalimentario español; el transporte de los alimentos, su procesamiento industrial, embalaje, venta, conservación y consumo, alcanzan el 66% restante. Serían necesarios más de 1400 Petajulios para satisfacer el metabolismo endosomático de los españoles, en tanto que la energía contenida en los alimentos consumidos apenas alcanza los 235 Petajulios.

1. a) Por cada unidad energética consumida en forma de alimento se han gastado en su producción, distribución, transporte y preparación seis. La ineficiencia del proceso de alimentación humana es un fiel reflejo de su grado de insustentabilidad.
2. b) El consumo de energía primaria del sistema agroalimentario español en el año 2000 fue de 1.408 Petajulios, en tanto el consumo total lo fue de 5.240 Petajulios, representando pues un 26,87%.

Por tanto, todo esto apunta a que los efectos del modelo están muy influenciados, al menos, por: cierta integración vertical del sector agrario en el sistema agroalimentario, que está controlado por empresas agroindustriales y por la gran distribución (en buena parte radicadas fuera de Andalucía); el vasto mercado para la industria agrícola y ganadera; la aplicación de la PAC en Andalucía, que podría interpretarse como una subvención encubierta a estas empresas y a la gran distribución haciendo posible el abaratamiento de los alimentos y materias primas. De seguir así, se corre el riesgo de que las posibles perspectivas para el futuro pasen por una o un: mayor crecimiento de la competencia por el uso de la tierra; incremento de la inseguridad alimentaria e inestabilidad de los precios y tendencia al alza; tendencia al alza también de los combustibles, fertilizantes y fitosanitarios; tendencia a la concentración de las empresas de semillas y demás insumos; concentración aún mayor de la distribución y de las industrias agraolimentarias; agotamiento de las posibilidades de elevación de la productividad del suelo; intensificación de los efectos del cambio climático; oportunidad perdida para acometer reformas estructurales y cambiar el modelo de la PAC.

Además, el marco institucional vigente regula los mercados agroalimentarios en beneficio de la producción convencional, de los grandes intereses de la industria de insumos, de las grandes empresas agroindustriales y de la gran distribución en perjuicio de las personas consumidoras, de las productoras, del medio ambiente y de la salud. Tampoco se debe olvidar que ya no es tan importante la propiedad de la tierra, sino ¿cómo se maneja?, o que la Reforma Agraria Tradicional centrada en la producción tampoco es suficiente, ya que se hace necesario encontrar un mejor enfoque de sistema agroalimentario: transformación agroalimentaria, distribución, venta y consumo doméstico.

En consecuencia, cada vez parece más necesario un cambio de modelo, que podría iniciarse en lo que el catedrático González de Molina denomina “Reforma Agraria Verde”, una verdadera reforma que garantice:

1. a) Seguridad (autonomía o soberanía) alimentaria: dieta sana y saludable; reducción de impactos sobre terceros países; lucha contra el cambio climático (mitigación y adaptación); diversificación de cultivos; reducción de las oscilaciones del mercado internacional,…
2. b) Mejora de la renta de las personas agricultoras y ganaderas, así como del acceso a la tierra: empleo rural (vinculado a la actividad agraria, al mantenimiento del medio ambiente y a la agroindustria); acceso y dotación suficiente de tierras agrarias; lucha contra la despoblación; rejuvenecimiento del sector,…  
3. c) Conservación de los sistemas agrarios en buenas condiciones ambientales: manejo sustentable de los agroecosistemas y elevación de su capacidad de resilencia; integración de la agricultura con la ganadería y la actividad forestal; nuevo enfoque de la ordenación del territorio;…

Se está haciendo necesario pues revestir esta situación, proponiendo medidas que cambien el sistema de incentivos monetarios y fiscales. El objetivo que se persigue, al menos, es doble: crear condiciones favorables a la progresiva reconversión de la producción convencional en ecológica y reducir el impacto socio-ambiental de la agricultura y de la alimentación convencionales, haciendo aflorar sus costes reales. Algunas de las medidas pasarían por:

1. a) En el ámbito de la producción: 
   • – Introducir una tasa sobre el mal uso y abuso de los fertilizantes nitrogenados que evite la contaminación por nitratos y refleje los costes energéticos de la fabricación y distribución de este tipo de abonos.
   • – Establecer incentivos al empleo de la energía renovable en las fincas y al uso de estiércoles y compost fabricados en el entorno. Los fondos destinados a este fin vendrían de lo recaudado con la tasa sobre los reseñados fertilizantes nitrogenados.
   • – Introducir una tasa a la actividad ganadera intensiva, cuya recaudación iría a parar al sostenimiento de la ganadería extensiva mediante pagos compensatorios.
   • – Iniciar la construcción de plantas comarcales de compostaje y establecer bancos de estiércol y materia orgánica, por parte de la administración autonómica.
   • – Establecer incentivos para la introducción de semillas y razas ganaderas autóctonas.
   • – Evitar la proliferación de cultivos transgénicos (v. gr.: declaración de zona libre).
   • – Pagar por servicios ambientales prestados mediante los correspondientes contratos de explotación, con especial atención al mantenimiento de la biodiversidad.
   • – Establecer un Banco Público de Tierras para la incorporación de nuevos agricultores o para el desarrollo de proyectos de agricultura y ganadería sostenible.
   • – Fortalecer los servicios de asesoramiento a las explotaciones agrarias.
   • – Fomentar la investigación agraria.

1. b) En el ámbito de la agroindustria y la distribución:

• – Fomentar y desarrollar la industria agroalimentaria artesanal y de sectores tradicionales agropecuarios, partiendo de costumbres, prácticas y arraigos culturales y ecológicos, semillas y/o razas autóctonas.
• – Establecer un plan de fomento las energías renovables en el medio rural y sector agrario con destino al consumo colectivo de proximidad y al autoconsumo para cubrir las propias necesidades energéticas, tanto en las explotaciones agrarias como en los establecimientos agroindustriales.
• – Participar activamente la administración autonómica en la agrupación de los agricultores fortaleciendo la oferta de productos y materias primas, así como la negociación de los precios.
• – Apoyar la logística necesaria para la creación de cooperativas y empresas de distribución controladas por los productores.
• – Proteger a colectivos y personas productoras y consumidoras ante los abusos especulativos del mercado alimentario, mediante figuras como el doble etiquetado de los productos agrarios (precios de origen y de destino), con la finalidad de buscar una mayor transparencia en el proceso de formación de precios agrarios y que la persona consumidora esté informada en todo momento de los altibajos de los precios.

1. c) En el ámbito del consumo:

• – Establecer un impuesto que grave los kilómetros recorridos por cada kilo de producto agrario.
• – Promocionar los mercados locales: infraestructuras, abastecimiento, conservación, etc. Todo ello dentro de un Plan de Fomento del Consumo de Productos Locales, que priorice el consumo de alimentos de proximidad y de temporada, y potencie el consumo de alimentos de proximidad y de temporada, así como los mercados directos agricultor/a-consumidor/a.
• – Potenciar el consumo interno de alimentos locales y ecológicos en comedores institucionales (compra pública: programa de alimentos de alimentación familiar).
• – Defender, preservar y difundir la Cultura Alimentaria Mediterránea como parte esencial del Patrimonio Cultural de Andalucía.

Matizar asimismo que, un Banco de Tierras debiera ser algo más que un mero intermediario público del mercado de suelo para asignar eficientemente la tierra (abandono o jubilación), pues no se trata de promocionar la modernización agraria, sino de frenar sus aspectos negativos y promocionar el manejo sostenible de los agroecosistemas, lo que debería ser una condición sine qua non y no una ventaja en los baremos de adjudicación. Su prioridad sería la de ofrecer tierras al servicio de jóvenes, cooperativas o pequeños agricultores, mediante formulas, tales como: cesión en arrendamiento largo; compromiso mediante contrato de manejo sostenible de la explotación; condiciones establecidas a precios subvencionados sobre los del mercado; asesoramiento y plan de explotación de las fincas;…

En España ya funcionan en: Galicia (Ley 6/2011 de 15 de noviembre); Consejo Comarcal de El Bierzo (dependiente de la Diputación de León); Aragón (la Ley de creación es de 1987); Principado de Asturias (Ley 4/1989 de Ordenación Agraria y Desarrollo Rural); Banco de Tierras impulsado por el Cabildo de Lanzarote.

Igualmente se debe tener cuenta que dicho Banco de Tierras ha de ir acompañado de una estrategia de comercialización, distribución, transporte y consumo que sea igualmente sostenible. Que podrían buscarse alianzas entre sindicatos, partidos, asociaciones y movimientos ecologistas y agroecológicos para impulsar su dimensión más ambiciosa. Y que se trata de un “paraguas” para dar cobijo a las iniciativas agroecológicas que buscan un sistema agroalimentario alternativo de soberanía alimentaria y alternativo (comedores escolares y compra pública, incluidos los huertos urbanos, …).

También ha de facilitarse la integración agrosilvoganadera, fomentando la ordenación agroecológica del territorio, de tal manera que se puedan cerrar los ciclos a escala autonómica. A grandes rasgos, otros objetivos pasarían por: generar empleo agrario eficaz (al menos, mas que el conseguido con el empleo comunitario o PER), fijar la población en el medio rural, poner en valor las tierras con aptitudes para la agricultura y la ganadería, frenar la pérdida de superficie agraria útil, mejorar y ampliar la base territorial de las explotaciones, evitar situaciones de abandono, poner el patrimonio público (medios de producción) a disposición de la clase trabajadora para la creación de empleo, potenciar la agricultura y ganadería ecológica y los canales cortos de comercialización.

Como también apunta el citado profesor, aparecen otros criterios básicos que igualmente se deben tener en consideración. Por ejemplo:

1.- Titularidad de las tierras: una forma de garantizar el necesario control sobre su buen uso es manteniéndolas en titularidad pública. Los periodos de cesión pueden ser tan amplios como se estime conveniente (existen distintas experiencias que van desde los 5 a los 30 años de cesión) pero que permitan revisar el cumplimiento de los criterios de cesión, evitando mala praxis. En este sentido, se pueden proponer fórmulas que permitan acceder a las tierras más favorablemente a aquellas personas que hayan tenido una relación sostenida con ella. En el caso de las cooperativas debería seguirse la misma dinámica. La titularidad siempre sería pública, aunque las cesiones pudieran prolongarse más tiempo. De otra parte, la ley debe ser garantista en cuanto a los beneficiarios que cumplan con los criterios, evitando en cualquier caso que puedan perder el usufructo de las tierras sin motivo fundamentado.

2.- Conocimiento de la realidad territorial: es importante realizar estudios en el terreno sobre las experiencias existentes. Antes de iniciar el proyecto, se debería disponer de un mapa claro de experiencias que, en esta misma línea, ya están funcionando y resulten dignas de estudio y evaluación. También conocer cuáles son los actores más destacados y tratar de coordinar los esfuerzos para evitar la dispersión de las ayudas y las fuerzas.

3.- Sector transformador que acompañe este proceso de producción: parece evidente la importancia de desarrollar políticas que apuesten por generarlo, dado que es el principal responsable de la revalorización de los productos. Esto permitiría un mayor control sobre la cadena alimentaria, los canales de distribución y la recuperación de los excedentes. No obstante, este sector ha de luchar contra una serie de handicaps que no permiten su desarrollo; obviamente, a excepción de las grandes industrias de transformación que constituyen auténticos oligopolios que precarizan a las más pequeñas. Para ello, se ha de trabajar en propuestas de cambios legislativos y normativos en transformación, comercialización y distribución de productos agrarios.

4.- Espacios productivos urbanos: un Banco de Tierras público que se pretenda poner en marcha, ha de venir acompañado de un trabajo de puesta en producción de los terrenos, donde así lo permitan las condiciones de los centros de las ciudades. En su caso, diferenciando en los espacios productivos urbanos, los de ocio/escolar o lo que sea comercial.

5.- Acceso a semillas: establecimiento medidas de apoyo a su intercambio, informal o a través de redes establecidas entre los actores del territorio con experiencia. En colaboración con todas las personas y colectivos legítimamente interesados, se debería elaborar un Plan de Acción que contemple inversiones destinadas a fomentar el uso sostenible, el intercambio, la producción y la conservación del conocimiento tradicional y las variedades tradicionales. Asimismo es preciso que se facilite a los agricultores el acceso, uso e intercambio de la biodiversidad agrícola andaluza. Y un rechazo expreso a la utilización de OMG´s.

6.- Acceso a insumos: se intentaría evitar el sobre endeudamiento de las personas beneficiarias de las tierras. Para ello se podrían establecer centros comarcales donde poder acceder a estos insumos agrícolas necesarios para la producción. También se podrían autogestionar los insumos. Para ello y para proponer otras alternativas,  podrían recogerse las experiencias existentes en Andalucía.

7.- Formación e investigación. es necesario asimismo prever el establecimiento de equipos de apoyo en formación agroecológica que puedan facilitar la puesta en marcha de explotaciones, así como investigar propuestas de producción ecológica más eficaces y con base endógena, evitando endeudamientos tecnológicos por un lado, y abaratamiento de costes por otro.

8.- Agua: han de establecerse criterios en cuanto a su utilización por parte de las personas productoras que permitan tanto la producción en sí, como que se rijan por los criterios recogidos en la Nueva Cultura del Agua.

9.- Ampliación del Patrimonio Agrario Andaluz: habría que valorar medidas adicionales que incorporen al patrimonio agrario no sólo las tierras pertenecientes al extinto IARA, sino valorar también aquellas provenientes de los deslindes no realizados, las cañadas reales, los terrenos pertenecientes a la antigua Confederación Hidrográfica como márgenes de ríos, etc. Valorar asimismo la recuperación de las fincas públicas que se privatizaron, buscando fórmulas por las que, en caso de venta o cambio de uso de la explotación, la administración pública andaluza pueda acceder a las mismas de manera preferente. En el caso del patrimonio agrario de la República, privatizado posteriormente durante la dictadura, emprender acciones de restitución.

Significar que en Andalucía hay unas 22.000 hectáreas de tierras públicas, de las que unas 10.000 podrían ser utilizadas con fines agrícolas. En este sentido, podría hacerse un estudio sobre las actividades idóneas a desarrollar en el resto de dicha superficie, promoviendo en su caso actividades que podrían poner en uso estas tierras y crear empleo: apicultura, silvicultura, ganadería,…, con los que se pueden generar sinergias y permitir, con un marco legislativo adecuado, soluciones al desarrollo rural y a la fijación territorial, además del papel fundamental en el buen uso de los recursos naturales. Con ello, no sólo se reducirían los niveles de desempleo garantizando el uso productivo de unas tierras con vocación agraria, sino que, además, recibiría mayor contrapartida con ingresos en concepto de seguridad social, IVA, IRPF, … . Cualquier cesión de las mismas estaría condicionada al compromiso de desarrollar una actividad productiva que genere empleo y riqueza en el territorio. Entre los criterios a considerar, destacarían los siguientes:

1. a) Sostenibilidad en el tiempo: a través de propuestas de trabajo comunitario autogestionado que permitiera a los beneficiarios ser protagonistas del proceso sin depender de ayuda externa que tutele sus pasos. Obviamente, en sus inicios se les facilitaría las herramientas y la formación necesarias para ello, pero con el objetivo de que este proceso sea lo más corto y eficaz posible.
2. b) Sostenibilidad económica: facilitando herramientas que no generen mayor dependencia de la actual. En este sentido, apostar por criterios agroecológicos, redes de intercambio de semillas locales, insumos agrícolas compartidos, etc., permitirían a los beneficiarios no contraer deudas inasumibles.
3. c) Sostenibilidad ambiental: la agroecología es una oportunidad para revitalizar la economía local sobre la base de los recursos endógenos apostando por la recuperación de la biodiversidad cultivada andaluza. En esa línea, en las tierras pertenecientes a Patrimonio Agrario Andaluz no se cultivarían especies por su interés para producción de biodiésel, ni OMG´s.

Julio de 2013

Manuel Cala Rodríguez (asociado a “Primavera Andaluza”)