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La minería en la corta de Aznalcóllar costó cientos de millones de euros en subvenciones públicas (1.200 millones de la Junta de Andalucía), una afección por contaminantes de metales pesados y Arsénico al río Guadiamar y al acuífero niebla-posadas (entre el subsuelo de Huelva-Sevilla y Córdoba), un desastre ecológico de magnitud terráquea, un daño sobre las cuatro mil seiscientas hectáreas de superficie agraria colindantes irreversible, la muerte de toda la fauna piscícola de los ríos Agrio y Guadiamar y su conexión con los humedales de Doñana, y un daño social y ambiental que aún perdura.

La izquierda que no cesa. A propósito de Aznalcóllar

Mario Ortega / La minería en la corta de Aznalcóllar costó cientos de millones de euros en subvenciones públicas (1.200 millones de la Junta de Andalucía), una afección por contaminantes de metales pesados y Arsénico al río Guadiamar y al acuífero niebla-posadas (entre el subsuelo de Huelva-Sevilla y Córdoba), un desastre ecológico de magnitud terráquea, un daño sobre las cuatro mil seiscientas hectáreas de superficie agraria colindantes irreversible, la muerte de toda la fauna piscícola de los ríos Agrio y Guadiamar y su conexión con los humedales de Doñana, y un daño social y ambiental que aún perdura.

Aznalcollar Boliden

La empresa propietaria de la explotación, Boliden Apirsa se fue de rositas, actúo desde el principio con el matonismo que la había caracterizado en años anteriores. Los primeros días después de la catástrofe se dedicó a amenazar a todo aquel que denunciaba su culpabilidad y negligencia, incluido al propio Canal Sur, a quien quería hacer responsable, si seguía contando lo sucedido, del despido de cientos de trabajadores. La empresa debe a la Junta el coste de la extracción de los lodos tóxicos.

La justicia actúo como siempre actúa en los casos ambientales (ahí tenemos todavía el asunto del Prestige), mareando la perdiz y eludiendo su responsabilidad. La juez determinó en el año 2000 que no existían indicios para la persecución penal. Después de quince años el caso ha vuelto a un juzgado de primera instancia, sin culpables y con todo el daño impagado y sin valorar, para reiniciar una causa civil. Pero antes de la rotura y en sucesivas ocasiones la justicia había archivado denuncias de filtraciones, contaminación manifiesta y deterioro del muro de contención de la presa de lodos, que finalmente rompió en 1998 certificando las predicciones y denuncias del movimiento ecologista.

En el impasse previo a la rotura, el movimiento ecologista fue amenazado, los denunciantes también, como el ingeniero trabajador despedido de la mina, Manuel Aguilar Campos, forzado a la jubilación anticipada en 1995 tras la presentación de informes demoledores sobre los riesgos, los incumplimientos de la multinacional y la contaminación persistente de los ríos Agrio y Guadiamar por metales pesados y sustancias orgánicas que los complejan y permiten que sean asimilados por la naturaleza y los organismos vivos, incluida la especie humana. Aguilar Campos fue coaccionado, amenazado de muerte con pintadas en su vivienda y declarado persona non grata por el ayuntamiento de Aznalcóllar. El comportamiento mafioso, como se ve era auspiciado por la propiedad y amparado por amplios sectores sociales y sindicales.

Tras quince años de la certificación del riesgo, el gobierno andaluz, en el que participa la izquierda que quiere llevar en el nombre la palabra verdes, pretende volver a las andadas. La primera en impulsar un nuevo concurso internacional para que otra empresa multinacional, acostumbrada como todas a las prácticas de coacción echando por delante el asunto del «empleo y la riqueza», ha sido la nueva líder el PSOE-A y consejera de presidencia, en segundo lugar la diputada de Iu por Sevilla en alegres declaraciones en sede parlamentaria, y finalmente, en una especie de nuevo consenso siciliano minero, todo el arco parlamentario andaluz. Bonita unanimidad amparada en la ignorancia, el interés y la desmemoria.

Pero, si cabe, el peor papel lo está jugando el movimiento sindical, un movimiento sindical sin rumbo conocido y que no ha interiorizado ningún discurso ideológico que explique que lo que ocurre se puede repetir si volvemos a las andadas. Si Andalucía vuelve a querer jugar a crear empleo con actividades destructivas como la minería, el ladrillo, las explotaciones de hidrocarburos o el turismo insostenible. Las cúpulas sindicales guardan silencio, como han guardado silencio en el asunto del dragado del Guadalquivir, el fracking o la industria del gas en Doñana. Si los sindicatos quieren credibilidad, tendrán que estudiar economía ecológica.

En Andalucía es imprescindible construir un frente de una nueva izquierda que luche contra el capital y sus formas, y solo lo verde es capaz de poner palos en las ruedas de la maquinaria destructiva de derechos, empleo, medio agrario, medio urbano y medio natural.

No es entregándonos al expolio como saldremos de ésta. Cuanto antes se produzca esta verdadera reconversión ideológica y de proyecto de la izquierda, antes estaremos en el camino de la victoria. O cambiamos el modelo productivo integrándolo en el territorio, la naturaleza y la política institucional, o no saldremos nunca de este agujero tan infame como el de la corta de Aznalcóllar.

@marioortega

3 Comentarios

  1. Rogelio Fernández Reyes —Doctor en Periodismo con la tesis Periodismo Ambiental y Ecologismo: Tratamiento informativo del vertido de Aznalcóllar en el diario El País (1998-1999), edición Andalucía— recoge en su libro Aproximación al movimiento ecologista andaluz. Hacia la reconciliación con la naturaleza en Andalucía que “investigadores del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología (IRNAS), dependiente del CSIC, habían señalado en numerosos trabajos, publicados en los años 80 y 90, la existencia de significativos niveles de metales pesados en el cauce del Guadiamar (procedentes de las explotaciones mineras), y habían advertido del riesgo que suponía para el Parque Nacional de Doñana la existencia de una balsa de residuos, de tales dimensiones, en la cabecera del cauce que regaba las marismas del Guadalquivir”.

  2. Rogelio Fernández Reyes —Doctor en Periodismo con la tesis Periodismo Ambiental y Ecologismo: Tratamiento informativo del vertido de Aznalcóllar en el diario El País (1998-1999), edición Andalucía— recoge en su libro Aproximación al movimiento ecologista andaluz. Hacia la reconciliación con la naturaleza en Andalucía que “investigadores del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología (IRNAS), dependiente del CSIC, habían señalado en numerosos trabajos, publicados en los años 80 y 90, la existencia de significativos niveles de metales pesados en el cauce del Guadiamar (procedentes de las explotaciones mineras), y habían advertido del riesgo que suponía para el Parque Nacional de Doñana la existencia de una balsa de residuos, de tales dimensiones, en la cabecera del cauce que regaba las marismas del Guadalquivir”.

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