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1º de mayo de 2023: poner al trabajo en el centro de la vida social

Coordinadora de la plataforma Manifiesto 28F (*)

El día 1 de mayo es una fecha de celebración en prácticamente todo el mundo, «el único día verdaderamente universal de la humanidad entera, el único día donde coinciden todas las historias y todas las geografías, todas las lenguas y las religiones y las culturas del mundo…”, decía Galeano. Este carácter universal se explica si consideramos que el derecho al trabajo es un derecho fundamental, esencial para el ejercicio de otros derechos humanos, y, por tanto, una parte inseparable e inherente de la dignidad humana.

El establecimiento de una efeméride es, sin duda, una “tradición inventada”, la construcción de ideas y significados por una parte de la ciudadanía que ha logrado generar un consenso para la mayoría social. Se trata de rendir homenaje a un grupo de obreros que fueron condenados por participar en la huelga que comenzó el 1 de mayo de 1886 en Chicago. El movimiento obrero salió a las calles para reclamar y exigir una jornada laboral de ocho horas. Como es sabido, la huelga acabó con miles de trabajadores despedidos y heridos, una gran mayoría inmigrantes procedentes de Europa. Cinco de ellos fueron injustamente condenados a muerte.

Mucho tuvieron que combatir los trabajadores durante años para conseguir establecer la jornada laboral de ocho horas, incluso a costa de sus propias vidas. Por eso, esta fecha rinde homenaje a aquellos que lucharon por una vida digna para todos. Desde entonces, en la larga lucha por sus reivindicaciones laborales, los trabajadores y trabajadoras han logrado derechos y beneficios contractuales que han sido reconocidos por la legislación en materia laboral.

En la actualidad, la globalización y su crisis, junto a las anteriores reformas laborales de flexibilización y desregulación, han precarizado el empleo. Las consecuencias son de sobra conocidas: jornadas extenuantes que no dan tiempo para la recuperación de la fuerza; el abaratamiento del despido; el fraude sistemático en la contratación; la pérdida del poder negociador de los trabajadores; horas extra no pagadas por empresarios, lo que ha provocado una importante bajada de los salarios, contratos temporales, precariedad, paro y pobreza.

En Andalucía hemos experimentado, en los últimos 40 años, cambios muy importantes. La tasa de actividad se ha elevado en más de 11 puntos, especialmente significativo en el caso de las mujeres, que han pasado del 20,22% al 51,98% en este periodo. Sin embargo, el modelo económico y laboral dominante ha precarizado el empleo, aumentado la tasa de temporalidad, bajado los salarios y fomentado el empleo sumergido. El diferencial de paro con respecto al conjunto de España sigue estando en torno a los 5 puntos porcentuales, según datos de las EPA del primer trimestre de 2023.

El gobierno de coalición ha avanzado considerablemente en conseguir mejores condiciones de trabajo y de vida. Se ha logrado poner el trabajo en el centro de la vida social como elemento básico para la democracia, porque democracia y derechos laborales van siempre de la mano. La nítida apuesta por el diálogo, el acuerdo y la negociación como factores de progreso social conecta bien con un país que exige hoy más resultados que promesas. Resultados tales como la subida del SMI hasta alcanzar el 60% del salario medio, como recomienda la Carta Social Europea; la Reforma laboral, que ha permitido el aumento de los contratos indefinidos reduciendo la contratación temporal; reformas legales decisivas, como declarar improcedente el despido por enfermedad, la lucha contra los falsos autónomos, el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras del hogar, o una bajada histórica del paro. Recordemos que el empleo aumentó en el último mes en 206.410 personas, la cifra más alta que se ha registrado en un mes de marzo, mientras el paro se redujo en 48.755 desempleados y las personas dadas de alta en la Seguridad Social alcanzaron el récord de 20,4 millones.

Podemos, así, hablar de un cambio de tendencia o paradigma, que nos permite vivenciar un sentimiento de poder, de reconocimiento y de esperanza, aunque todavía queda mucho por hacer. En el marco del carácter reivindicativo del 1º de mayo, es importante reseñar que, aunque los avances tecnológicos a veces se han traducido en paro, precariedad y exclusión social con el único objetivo de ensanchar los beneficios y acumular más capital, pueden muy bien impulsar una reducción de la jornada laboral sin que esta vaya acompañada de una reducción salarial. Tenemos que reivindicar nuestro derecho a una vida digna, lo que supone derecho al descanso, a tiempo para ocio y para las relaciones humanas.

Para hacer efectivo el derecho a una vida digna no debemos olvidar la importancia de los cuidados y los trabajos reproductivos que sostienen esas vidas y las hacen posibles. La mayoría de esos trabajos son invisibilizados y no obtienen remuneración alguna ni reconocimiento y son, en su inmensa mayoría, realizados por mujeres (madres, hijas, abuelas, mujeres migrantes, mujeres pobres). «No hay economía ni tecnología ni política ni sociedad sin naturaleza y sin cuidados»(Yayo Herrero) por lo que reivindicamos el reconocimiento y la puesta en valor de estos trabajos que aún hoy en día, siendo tan imprescindibles, no se consideran tales, así como acabar con la brecha salarial de género.

Tampoco será posible la emancipación temprana de nuestros jóvenes si no garantizamos estabilidad laboral y condiciones salariales dignas que eviten que la devaluación salarial quede incrustada en nuestro tejido productivo.

La creación de empleo es un objetivo prioritario. El empleo de calidad y el empleo verde es inseparable de los avances en una economía baja en carbono, que reduzca el consumo de energía, materias primas y agua mediante sistemas productivos eficientes, que minimice o evite los residuos y la contaminación y proteja los ecosistemas y la biodiversidad. Reclamamos que el despido improcedente tenga una readmisión obligatoria, así como la subida de los salarios no solo para no perder poder adquisitivo por la inflación sino también para reequilibrar la participación de las rentas del trabajo en la renta nacional.

Por otra parte, la política migratoria no puede permanecer escindida de la realidad socioeconómica del país y de todas las personas que la componen y construyen día a día. Es imprescindible garantizar los derechos laborales de la población migrante que reside en el país en condiciones de igualdad frente a las 4 situaciones de abuso y explotación, como las que se vienen dando en el trabajo agrícola en algunas provincias andaluzas.

Hay que seguir luchando contra el fraude de las horas extraordinarias no pagadas, porque ningún tiempo de nuestra vida es insignificante. Reivindicamos la vuelta a los 65 años en la edad de jubilación, que ha sido también un derecho conquistado por las trabajadoras y los trabajadores. Que la edad de jubilación esté subiendo de 65 a 67 años, de manera tan injusta, equivale en términos comparativos al paso atrás que supondría subir la jornada laboral de 8 horas a otra de 9 horas. Lo mismo que hablamos de jornada laboral -que puede ser diaria, semanal, mensual o anual- deberíamos introducir la costumbre de hablar también de la “jornada vital”, que abarcaría toda la vida del trabajador, que con este aumento en la edad de la jubilación se ve incrementada porque todavía siguen midiendo “las jornadas de trabajo con aquellos relojes derretidos de Salvador Dalí” (E. Galeano).

Las condiciones laborales siguen precisando, por tanto, de la organización de las trabajadoras y trabajadores en sindicatos, el reforzamiento de la negociación colectiva verde que ayude a gobernar las transiciones entre diferentes sectores y la protección de los trabajadores por el impacto de la crisis climática sobre el empleo, la autonomía de los interlocutores sociales dentro de ella, el diálogo social y el impulso a la participación de las personas trabajadoras en la gestión de las empresas.

En definitiva, se trata de recuperar el sentido del trabajo poniéndolo en el centro de los valores sociales y aplicar los mecanismos que sean necesarios para la defensa de los derechos humanos en el ámbito laboral. Por eso, hoy día, como en 1886, seguimos reivindicando el concepto de trabajo “digno” o “decente” como aquel en el que se respeta la dignidad humana del trabajador.

 

(*) La coordinadora de la plataforma Manifiesto 28F está formada por:

Diana Farzaneh; Antonio Luís Girón; Juan Jurado; Miguel López Melero; Andrés Lozano; María Márquez; Pepe Pinazo; Esperanza Ramos; Rafa Rodríguez de León; Blas Ruedas; Miguel Navazo; José María Calaforra Chordi; Fernando Queipo: Mercedes Barranco y José Antonio Barrera.

 

Nota. La imagen corresponde a la reunión mantenida de la coordinadora de la plataforma Manifiesto 28F con la SG de CCOO de Andalucía, con motivo del 1º de mayo.

 

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