Concha Caballero.El País.29/01/2011.
¿Qué tienen que ver los inmigrantes, la igualdad de las mujeres, el matrimonio gay, la escuela pública y las autonomías?¿Será verdad -como afirmaba el poeta Baudelaire- que cada objeto tiene su correspondencia y que hay una analogía universal según la cual cada concepto está ligado en nuestro inconsciente a otras ideas por leyes de atracción?
En la actualidad, estos conceptos han optado al título de chivos expiatorios de la crisis económica: si no hubiera tantos inmigrantes; si se suprimieran las instituciones dedicadas a la igualdad de género; si no existieran otras formas familiares; si la escuela pública fuera selectiva; si las autonomías desaparecieran…
Detrás de cada una de estas afirmaciones hay un cúmulo de mentiras, de prejuicios y de añoranzas del pasado. Pero, va a llevar razón Baudelaire, en España hay una analogía evidente entre un estado centralizado y paternal, la familia convencional, un modelo de mujer dedicada prioritariamente a las tareas domésticas, una escuela autoritaria y un país sin diversidad racial.
La derecha política acaba de confesar en público su añoranza de un estado centralizado, con sede en Madrid. Según ellos, el gasto autonómico es insostenible en términos económicos. Teniendo en cuenta que cerca del 80% del presupuesto de las autonomías se dedica a los servicios públicos de educación, salud y servicios sociales, ¿quieren decir que recortarían sustancialmente estos servicios o que un estado central administraría mejor estos servicios? Desde la transferencia a Andalucía de estos servicios, su mejora ha sido evidente y contrastable. En la salud pública se ha producido un rotundo cambio de calidad, de extensión del servicio y de cobertura pública. En cuanto a la escuela, ha acometido un proyecto de universalización de la escolarización que va desde los recién nacidos hasta los ciclos superiores, un camino lleno de incertidumbres, pero también de logros evidentes. Mucho más cuando el estado centralista anterior al autonómico nos había dejado como herencia un reparto injustísimo de servicios públicos, con una ratio de hospitales, escuelas y servicios muy por debajo de la media española, por su tendencia a concentrar en el centro y en el norte todos los servicios e infraestructuras.
El costosísimo Estado de las autonomías es responsable únicamente del 2% del déficit público que en 2010 ha sido del 9% para el total de las administraciones públicas. Curiosamente, la comunidad autónoma de Andalucía -la más poblada- ha sido de las instituciones menos endeudadas del Estado, un ranking que encabezan Valencia, Cataluña y el Ayuntamiento de Madrid.
Tildan a las instituciones autonómicas de «chiringuitos» pero se niegan a suprimir organismos tan anacrónicos como las Diputaciones provinciales. Durante la tramitación del Estatuto de Autonomía se opusieron al principio de administración única y pasan por alto las duplicidades del Gobierno central, que mantiene delegaciones y servicios sin sentido alguno. Esto desvela que su interés no es el ahorro del dinero público ni la racionalidad, sino la vuelta a un Estado centralista.
Pero, no solo la derecha alimenta el fuego contra el Estado autonómico. Algunos insignes socialistas se han apuntado a la fiesta y comparten la tesis de que las competencias autonómicas han llegado muy lejos. Bono dixit que la Constitución solo preveía autonomía plena para Cataluña, Galicia y el País Vasco y que el «café para todos» de los territorios fue una estrategia destinada a evitar la sublevación de los militares. Olvida que fue Andalucía quien rompió ese diseño y proclamó su derecho a la autonomía plena y al desarrollo. A los centralistas recalcitrantes les ha salido un nuevo aliado: los defensores de un Estado desigual que no quieren repartir el café con nadie, sino saborearlo a grandes sorbos en un selecto club