El copago sanitario como caballo de Troya

 

01/04/2011.

La  ofensiva contra el  “Estado del bienestar” se desarrolla en todos los frentes. Uno de ellos, junto con la educación, es el sistema público de salud. Como resulta poco creíble desprestigiar a un sistema tan eficiente, tal como se hace día a día con la educación pública,  el  dardo envenado es la insostenibilidad económica del mismo (“es muy caro” se dice). EL Estado español es uno de los doce Estados que en el mundo   tienen un sistema de salud cuyas prestaciones son  universales  y gratuitas. En España sus ciudadanos  y ciudadanas tienen la cuarta esperanza de vida más alta del mundo. Tenemos la tasa mundial más alta de donaciones y trasplantes de órganos. La medicina española tiene  uno niveles de excelencia que le colocan en  la vanguardia en múltiples especialidades. Prueba de  la fortaleza y la cobertura  que garantiza  el sistema público de salud, es el hecho  de que sólo el 1,8% del gasto de las familias españolas está destinado a salud.

En el marco de esta ofensiva se introduce cada cierto tiempo, ahora lo ha hecho el presidente de Murcia  (PP), una propuesta envenenada cual es el  llamado “copago  sanitario”. La propuesta no es clara y hay versiones muy dispares. Pero todas las propuestas  tienen  en común  que los usuarios tengan  que  pagar una cantidad de dinero por cada uso de los  servicios sanitarios públicos. ¿Para qué?. Aquí tampoco están  las  cosas mucho más claras. Unos hablan de un pago simbólico que informe al ciudadano de los costes reales de la sanidad pública. Otras propuestas estiman que este pago tendría una función  disuasoria  y evitaría usos superfluos. Y hay incluso propuestas otorgan a este  copago una función recaudatoria.

Ninguna de estas  funciones se pueden cumplir  sin incurrir en contradicción o en efectos perversos perores que aquellos que se pretende evitar. Si la función del copago es meramente  simbólica la cantidad  del pago ha de ser  tan  mínima que una vez pasado el primer impacto informativo,  y habida cuenta lo inelástica que es la demanda de salud, las cosas volverían rápidamente  a donde estaban antes. Si el objetivo  es la  disuasión la cantidad ha de ser  mucho más  elevada y  en este caso estaríamos ante una descarada privatización del servicio, que no es la  finalidad explícitamente  buscada.  Y por último, si la función es recaudatoria,  estaríamos ante  del mismo problema de privatización  no desead, con el inconveniente añadido que al expulsar a millones de uusuarios (los de menor renta) del uso de los servicios   sanitarios las cuentas no cuadrarían. En todos estos supuestos funcionales se produciría un efecto de disminución de la eficacia y de la eficiencia sanitaria o clínica con disminución de la calidad de vida  y un aumento de morbilidad  (enfermedades)  y finalmente  de  la  mortalidad. Los costes económicos que este deterioro de la eficacia y de la eficiencia sanitaria supondría  multiplicarían lo pretendidos ahorros.

Lo cierto es que los ciudadanos y las ciudadanas  ya pagan la sanidad pública y la pagan por medio de un sistema progresivo de fiscalidad.  Pretender  sustituir  los impuestos sobre la renta  por precios por la conducta; es una involución política y social, aunque sea en fase larvaria como es la propuesta del copago.  Si hay que aumentar el gasto sanitario, coas que está por demostrar,  hágase por medio de la  reorientación de la inversión presupuestaria o a través  de los impuestos. Pero nunca privatizando y  transfiriendo de esta forma los costes  a los más pobres, a los más débiles, a los más enfermos.

La verdadera  función  oculta del copago sanitario es ir introduciendo mecanismos de  privatización y mercantilización de la sanidad pública. Eso si, esta introducción ah de ser reliazada en pequeñas dosis pues  nadie en un sistema democrático se atrevería a privatizar la salud de la noche a la mañana. Esta sí que es la verdadera  función simbólica del copago: habituar a la ciudadanía al precio de la salud. De camino se va expulsando a las clase medias del sistema público  y se sientan las bases para la recapitalización de un sistema privado, hoy meramente parasitario y complementario, que ha de sustituir en parte (para las renta medias y altas) el descapitalizado sistema público.  

¿Pero mejoraría la eficacia y la eficiencia sanitaria  la privatización?. Los datos, las investigaciones y la experiencia  histórica lo niegan. No es cierto que la privatización reduzca el gasto sanitario .Dos ejemplos bastan. Estados Unidos es un país  con un  sistema  de salud cuasi privado (más de 50 millones de norteamericanos carecen de cualquier cobertura) y tiene un gasto sanitario ( 16 % del PIB) muy superior al español ( 8 % del PIB). Los costes de transacción, que son inherente al modelo organizativo y jurídico, del sistema sanitario de USA es  del 31% , mientras que  el sistema  público de salud de España es  sólo del 4%.Y dos ,  el  lado más mercantilizado  del sistema  de salud español es el  gasto farmacéutico. Y es también  el que acapara  el bloque más importante, y más ineficiente, del gasto sanitario español (el 30%). Si cruzamos esto datos con los indicadores de esperanza de vida veremos  que  tanto la eficacia  como la eficiencia clínica del sistema privado de USA es muy inferior a la del  sistema público español. Nuestro sistema  de salud debe cambiar y mejorar muchas cosas. La austeridad y eficiencia deben ser objetivos admirables y proseguibles.  Pero eso nada tiene que ver con la privatización, ni  con la mercantilización  de la sanidad.