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El gobierno de la Junta de Andalucía y el fondo de reconstrucción europea (NGEU) (primera parte)

 

Rafa Rodríguez

El gobierno de la Junta de Andalucía ha reaccionado en el último momento para conseguir llegar a la cumbre de Presidentes autonómicos del 31 de julio con un consenso limitado, mediante la firma del “Acuerdo para la Reactivación Económica y Social de Andalucía” con la CEA y los sindicatos (UGT y CC.OO.), lo que ha puesto también en evidencia la inacción de la izquierda parlamentaria.

 

Este acuerdo es una buena noticia porque sus contenidos, aunque demasiados genéricos, nos acercan a la senda que está trazando la Unión Europea y el gobierno central para acceder a los proyectos financiados con el fondo NGEU, que como sabemos está dotado con 750.000 m€, destinado a afrontar una reconstrucción económica que, al mismo tiempo, sea una transformación de la economía europea, y por extensión de la sociedad, para avanzar en una transición verde, digital y justa, en un mundo que está girando hacia una desglobalización limitada.

 

Estamos hablando de que si se hacen bien las cosas a Andalucía le podrían corresponder alrededor de 25.000 m, una cantidad imprescindible para iniciar la transición ecológica, digital y justa de nuestra economía. Conseguir esta financiación y aplicarla a un proyecto serio de inversiones para la reconversión de nuestro modelo productivo sería el mejor homenaje a la memoria de Blas Infante en el aniversario de su asesinato.

 

El pacto con los agentes sociales es un primer paso para alcanzar un consenso social que sea el apoyo para el proyecto de transformación con el que nuestra economía pueda generar el empleo que necesitamos e insertarse en la trasformación verde, digital y justa, pero no es suficiente, porque tiene que abrirse a la negociación con los partidos políticos.

 

En este sentido, sería preciso constituir un espacio de diálogo entre las fuerzas progresistas para que presenten conjuntamente una propuesta de desarrollo del pacto, abriéndola a la participación social, de tal forma que los sindicatos serían el nexo de conexión entre el acuerdo y los partidos políticos.

 

Este acuerdo no solo se contrapone a la comisión parlamentaria que preside vox, sino que es incompatible con las condiciones que este partido impone porque van justamente en la dirección contraria de una transformación. Ellos quieren mantener los privilegios de la minoría especuladora que nos ha convertido en una economía dependiente, extractiva, ineficaz y desequilibrada, dependiente de la energía fósil y esquilmadora de nuestros recursos naturales, desde el territorio al agua, con un peso excesivo del turismo y la construcción, en detrimento de la industria y la innovación.

 

Para el Gobierno de Moreno Morilla era imprescindible no aislarse de la dinámica que ha impulsado el acuerdo sobre el Fondo NGEU, aprobado por el Consejo europeo del 21 de julio de 2020, y necesitaba hacerlo antes de la asistencia a la cumbre de Presidentes autonómicos del 31 de julio.

 

Esta cumbre ha supuesto un importante avance en la dinámica de consolidar mecanismos de federalización al conectar contenidos para la transición económica con estructuras de coordinación, colaboración y participación entre todos los niveles políticos del Estado (Gobierno central, CC.AA. y municipios) para la presentación conjunta de un proyecto de “Estado” a la UE. La normalización de las reuniones de presidentes autonómicos con el gobierno del estado central es una vía de hecho para la federalización del Estado que puede avanzar hacia un modelo similar al de los länder alemanes, frente a las tendencias segregadoras o recentralizadoras

 

En esta cumbre, a la que han asistido todos los presidentes autonómicos excepto Torra, se ha establecido que la coordinación con las comunidades autónomas y los municipios, además mecanismos de colaboración público-privada, sea a través de una conferencia sectorial que presidirá la ministra de Hacienda para que, a partir del 15 de octubre, el gobierno central pueda coordinar y presentar las propuestas a Bruselas.

 

Las consecuencias de la Pandemia, civiles, sociales y económicas, han acentuado el giro hacia una desglobalización limitada. La UE ha sabido consensuar una respuesta que ha ido más allá de lo que hasta ahora era, una especie de confederación, para avanzar hacia una estructura de tipo federal capaz de emitir deuda, crear impuestos propios y realizar transferencia a los territorios más atacados por el virus, pero también que sufren una mayor desigualdad, uniéndola a los contenidos para la transición verde, digital y justa.

 

El Gobierno del Estado también está articulando una respuesta en el mismo sentido, uniendo el impulso de estructuras federalizantes a los contenidos para la transición. Andalucía no puede quedarse atrás porque es precisamente hoy la periferia de la periferia en Europa y somos los que más necesitamos federalismo y transición verde, digital y justa.

 

(*) imagen de Andrés Jaque y Miguel de Gúzman

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