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Todo apunta a que estos indultos forman parte de un pacto entre PP y CIU

El PP indulta a dos condenados de CIU por corrupción

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El Gobierno del PP ha indultado al ex dirigente de Unió Democràtica de Catalunya (UDC) Josep Maria Servitje Roca, ex secretario general de la Consejería de Trabajo de la Generalidad de Cataluña durante los gobiernos autonómicos de Jordi Pujol (CiU) y ha conmutado la pena de cárcel al empresario Víctor Manuel Lorenzo Acuña, ex militante de UDC, ex cuñado del congresista de CiU Josep Sánchez Llibre y que fue al que se le otorgaron los contratos, a través de las empresas Gestumer y Socesca, en los que participó Servitje resultando beneficiado económicamente.

Todo apunta a que estos indultos forman parte de un pacto entre PP y CIU que ha tenido ya como consecuencias el apoyo del PP a los proyectos de CIU en el Parlamento catalán del copago sanitario y la tasa contra los hoteles y el apoyo de CIU en el Parlamento del estado a la convalidación de Decreto Ley que aprueba la reforma laboral. Entre las consecuencias futuras puede estar la modificación de la financiación autonómica aprobando el pacto fiscal para Cataluña, el recorte financiero para las demás Comunidades Autónomas de horma que ahoguen los servicios públicos esenciales y se generalicen las fórmulas de copago, lo que rompería el estado autonómico actual de corte federal que impulsó Andalucía tras las movilizaciones que hicieron posible que el pueblo andaluz votara masivamente la vía del 151 el 28 de febrero de 1980 y por lo tanto una Autonomía en igualdad de condiciones que Cataluña, el País Vasco y Galicia

Servitje fue condenado a cuatro años y medio de cárcel y seis años de “inhabilitación absoluta” por “un delito continuado de malversación de caudales públicos”, en 1994, en el entramado que se conoció como caso Trabajo.

Gracias al indulto del Gobierno del PP solo tendrá que pagar 3.600 euros de multa. El indulto se aprobó el pasado 17 de febrero de 2012 pero no fue hasta el pasado 13 de marzo de 2012 que se hizo público a través del Boletín Oficial del Estado (BOE), mediante el RD 416/2012.

Servitge es militante de UDC y la justicia le condenó en 2009 porque quedó demostrado que participó en el desvío de fondos públicos a través de la adjudicación de estudios plagiados o de nula utilidad. En abril de 2010, el Tribunal Supremo rechazó el recurso de casación presentado por Servitje contra la sentencia que le condenó.

Esta práctica, al margen de la ley, se llevó a cabo durante el tiempo que Ignasi Farreres (CiU) ocupó la Consejería de Trabajo, entre 1988 y 1999. Farreres fue juzgado y absuelto.

La Sección 10ª de la Audiencia de Barcelona se opuso, recientemente, al indulto por la “especial gravedad de los hechos por afectar al erario público” y no vio motivos jurídicos para defender que los condenados no cumplan con la justicia.

Por su parte, Lorenzo Acuña fue condenado a dos años y tres meses de prisión. Como Servitje, solo deberá abonar 3.600 euros de sanción al ser indultado mediante el RD 413/2012

La Unión Progresista de Fiscales envió un comunidado mostrando su sorpresa y rechazo a la decisión del Gobierno:

“Si ya la decisión del anterior Gobierno de indultar al banquero Alfredo Sáenz, generó una considerable inquietud en quienes defendemos, con hechos y no sólo con palabras, que la Justicia debe ser igual para todos, [este indulto] supone la confirmación definitiva de que está realmente justificada la percepción ciudadana de que existen diferentes varas de medir”.

La asociación calificó de “intolerable” que “gobiernos de diferente color político manifiesten verbalmente su voluntad de combatir la corrupción y demuestren con sus decisiones que esa expresión de voluntad es meramente retórica”.

Según los fiscales progresistas, “a la hora de la verdad, incluso con una sentencia condenatoria firme”, quedan impunes “las conductas de apropiación o distracción de fondos públicos, realizadas por personas vinculadas al poder político y/o económico”.

ICV-EUiA, a través de su portavoz y congresista, Laia Ortiz, valoró como escandaloso e indignante la decisión del Gobierno y, en la misma línea que los fiscales progresistas, señaló que el mensaje a la ciudadanía es claro: la “corrupción puede quedar impune”.

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