Paralelo 36 Andalucia Espacio de pensamiento y acción política
Francisco Garrido.
Mi departamento ha organizado un curso sobre derecho penal urbanístico que estaba patrocinado por la Universidad de Jaén y por una mancomunidad de municipios de la provincia. Cuando algunos acaldes imputados se enteraron de tal curso presionaron para que se retirara el patrocinio. Este contratiempo ha obligado a la Universidad de Jaén a modificar, de forma un tanto surrealista, el cartel y eliminar el logotipo de los escrupulosos ayuntamientos. El curso por supuesto va a seguir adelante con o sin ayuntamientos.
Esto alcaldes de Jaén están dispuestos a cumplir aquello de “no nombrar la soga en casa del ahorcado”. La ridícula reacción, que los delata aún mas, demuestra en que medida el “huevo de la serpiente” de la corrupción urbanística dista mucho de haber sido extirpado de los ayuntamientos andaluces. Coincide esta información con la publicación de la posición de la Audiencia provincial de Málaga el uso del derecho penal urbanístico. Creen los magistrados de la audiencia malagueña que hay que usar mucho menos el derecho penal y recurrir más al derecho administrativo para los ilícitos urbanísticos. ¡Al fin y al cabo, tampoco es tan grave que todo el litoral termine enladrillado ¡. Curiosamente esta opinión resurge en un momento en que la aplicación del derecho penal urbanístico está siendo más efectiva.
Y esto lo dice la Audiencia Provincial de Málaga que tantos años y años ha tardado en ver lo que ocurría en Marbella. Los magistrados que participaron en las generosas jornadas jurídicas que pagaba Jesús Gil. Ellos que no vieron nada durante años. O peor aún, que solo vieron y condenaron a las personas y organizaciones que si veían, y denunciaban, lo que estaba ocurrieo. (la jueza Blanca Esther Diez, Inmaculada Gálvez y otros).Pero eso no era prevaricar, prevaricar es, por ejemplo, intenta juzgar los crímenes del franquismo ¿no?. Y ahora, estos “eminentes juristas” quieren desactivar el derecho penal urbanístico, ahora cuando mejor funciona; vaya, vaya con las puñetas.
Es muy importante abrir el debate sobre corrupción y urbanismo. Creo que es necesario delimitar la causa: mediante la recalificación de suelo (que es una decisión administrativa muy descentralizada) se crea una plusvalía que beneficia a un agente privado que no ha producido nada. Lo lógico (con las reglas de juego del mercado) es que el agente privado utilice todos los mecanismos a su alcance para obtener esa plusvalia más aún si la administración es débil (moral o politicamente) y el agente económico es fuerte y el acto (y sus consecuencias) son poco transparentes (se enmascara técnicamente: el resultado está servido. Por lo tanto, en primer lugar habría que buscar una alternativa para que todas las plusvalías revirtieran en primera instancia a un fondo público de carácter comarcal que la redistribuyera con criterios de equidad.