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La Junta y el sector recurren al Tribunal Constitucional la nueva Ley del Estado sobre las energías renovables

La aprobación el pasado mes de enero de la Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética ha vuelto a poner en jaque a las empresas del sector de las renovables. Ya en 2012, el Gobierno central suprimió el sistema de primas que hasta ese momento incentivaba la actividad y garantizaba su competitividad. Ahora, la nueva norma grava con un impuesto único del 7% los ingresos por generación eléctrica.

De todas las comunidades, Andalucía es la peor parada con diferencia. En Andalucía lidera el sector tanto por el número de empresas que operan, 1.400 compañías con unos 45.000 empleos vinculados como por el número total de instalaciones, 7.840 en toda la Comunidad. Para una vez que tenemos una actividad tecnológicamente puntera, adaptada a la transición ecológica, que mejora las actividades industriales y los empleos anejos, llega el Gobierno Central y lo paraliza todo.

Las inversiones en juego estaban ya adjudicadas por la Junta y acordadas con el Gobierno central. Este impuesto pone en riesgo la rentabilidad de las instalaciones ya existentes e incluso la posibilidad de hacer frente al pago de las deudas adquiridas. En Andalucía hay 4.300 MW ya priorizados que están en el aire. Un ejemplo de la importancia de esta cifra: los 3250 MW de los 146 parques eólicos de Andalucía equivaldrían a la energía eléctrica anual que consumen 1,4 millones de viviendas. Andalucía cuenta ya con más de 5.600 MW de potencia eléctrica instalada (La potencia instalada total del sistema eléctrico español es de 108000 MW). La eólica, la termosolar y la biomasa son los tres tipos de energías renovables más implantadas. El 33,5% de la electricidad que consume Andalucía proviene de las energías renovables. La energía termosolar reducirá con la nueva regulación un 37% sus ingresos,

El pasado martes, la Junta aprobó un recurso de insconstitucionalidad contra esta norma y otros dos Decretos Ley    Medidas Urgentes en el sector Eléctrico y Financiero y el relativo a Empleados del Hogar    alegando que “la norma vulnera los principios de seguridad jurídica y confianza legítima” El Gobierno andaluz considera que  la creación del impuesto no tiene en cuenta las peculiaridades del sector en el que las empresas han realizado “un sobreesfuerzo de inversión y tecnología”.

La Junta sostiene que tanto la ley como la moratoria a las primas “suponen un ataque al sector y deja en el aire una inversión de 12.000 millones de euros y la creación de 38.000 puestos de trabajo en el territorio andaluz”. Están en juego, además, 17.000 empleos directos e indirectos, 1.400 de ellos vinculados sólo a la éolica. Se calcula que las pérdidas en la inversión de la ley alcanzan los 37.000 millones de euros.

 

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