Paralelo 36 Andalucia Espacio de pensamiento y acción política
La falta de financiación de los ayuntamientos y los criterios de eficiencia económica que introduce la ley facilitan la entrada de la iniciativa privada en la gestión de servicios de agua, residuos y limpieza del entorno urbano.
La protección del medio ambiente urbano a través de estos servicios será competencia de los ayuntamientos aunque la gestión de los mismos se abre a la empresa privada.
«El servicio público pasará a manos privadas y el usuario pasará a ser cliente. La protección del medio ambiente queda más debilitada», advierte un profesor de Derecho experto en la protección medioambiental.
El servicio del agua potable, el tratamiento de los residuoso la limpieza urbana son los aspectos que inciden más en el cuidado del medio ambiente de cada municipio. Ahora, la protección del medio ambiente se ve de llenoafectada con la reforma de la administración local que prepara el Gobierno y queabre la puerta a la gestión privada de estos servicios.
El proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, aprobado en Consejo de Ministros el pasado 26 de julio y sobre el que acaba de terminar el plazo de presentación de enmiendas por parte de los grupos del Congreso, abre la puerta en su propia exposición de motivos la participación de la iniciativa privada en la gestión de servicios públicos de los ayuntamientos. También, en los servicios que tiene que ver con la protección del medio ambiente.
Bajo el paraguas de la eficiencia económica y el lema «una competencia, una administración», la reforma de la administración local posiblemente dejará en manos de los ayuntamientos las competencias sobre la gestión de los residuos, la limpieza urbana o la gestión del agua. «Una cosa es que sigan siendo competencia propia del ayuntamiento, pero eso no implica que se tenga que hacer con servicios públicos sino que podrán ser gestionadas por empresas privadas», explica a eldiario.es/andalucia el profesor de Derecho Constitucional experto en Medio Ambiente, Ángel Gómez Puerto.
«Y esta ley anima a que sean gestionados por empresas privadas», añade. La cuestión central es que el proyecto de ley de la reforma de la administración local que ahora se encuentra en trámite parlamentario introduce los criterios de eficiencia económica en la gestión de estos servicios. La concepción da así un giro radical. «Hasta ahora la concepción era de servicio público universal, de una obligación colectiva que deriva del artículo 45 de la Constitución que habla de que todos tenemos derecho a un medio ambiente y, por tanto, las administraciones tienen una obligación colectiva de proveer todos los servicios públicos para que se atienda a ese objetivo», apunta.
Pero esa obligación se topa de lleno con la financiación de los propios ayuntamientos, más en un momento de crisis y déficit en las arcas municipales como el actual. Y así, con competencias pero sin financiación, la puerta se abre a la entrada de empresas privadas para gestionar los servicios que tienen que ver con la protección del medio ambiente urbano.
«El usuario pasa a ser cliente»
El proyecto de ley va a facilitar la entrada de la iniciativa privada para gestionar los servicios con criterios de eficiencia económica, algo que puede acarrear varias consecuencias. «En primer lugar, los trabajadores de esos servicios públicos que vayan a ser gestionados por empresas privadas van a tener peores condiciones salariales. Y en segundo lugar, otra consecuencia será que el usuario final de esos servicios, la ciudadanía, va a pagar más. Las tarifas públicas actuales, lo que pagamos por el agua, el saneamiento público, la recogida de basuras, etc necesariamente se verán incrementadas», asegura este experto.
Parece obvio que una empresa privada tiene por naturaleza ánimo de lucro y trabaja para obtener una cuenta de resultados positiva. Si su cometido puede ser ahora, con la reforma de la administración local, gestionar el agua, la basura o la limpieza de una ciudad, «lógicamente tendrá que tener beneficios. Y no hay otra forma de obtenerlos que pagar menos a sus empleados y cobrar más a sus usuarios, que podrán llegar a llamarse clientes. No usuario de un servicio, sino cliente de una empresa», advierte Gómez Puerto.
El Medio Ambiente como un bien colectivo o un negocio
La capacidad, no obstante, sigue estando en los recursos y la financiación que para estos servicios se dispongan. Y ahí la reforma de la administración local juega un papel fundamental. En ese sentido, «es un proyecto de ley que viene a incidir negativamente sobre el principio constitucional de autonomía de las entidades locales» y modifica sustancialmente la Ley de Base de Régimen Local de 1985. Y eso, aplicado al medio ambiente, hace que su protección «queda más debilitada».
«El medio ambiente es un bien colectivo y los poderes públicos tienen una indispensable obligación, como dice la Constitución, de proteger el medio ambiente porque los ciudadanos tenemos el derecho a vivir en un entorno saludable, con un medio ambiente protegido».
Pero esa obligación la tienen las administraciones. Si quien presta el servicio es una compañía privada, esa lectura puede ser muy distinta. «En cuanto entren compañías privadas agestionar, obviamente, se deteriorarán los servicios y los ciudadanos tendremos menos protegidos el medio ambiente», asevera el profesor Gómez Puerto.
Protección del Medio Ambiente en ciudades y entorno rural
Así, el proyecto de ley establece dos grandes bloques de las competencias que en materia medioambiental quedará en manos de los ayuntamientos: uno habla del medio ambiente urbano como son los parques y jardines públicos, la gestión de residuos y la protección de la contaminación acústica y atmosférica. Un segundo bloque se centra en todo lo relacionado con el tratamiento del agua potable y el tratamiento de las aguas residuales. «El caballo de batalla de la protección del medio ambiente está en las grandes urbes», afirma este profesor de Derecho Constitucional.
Y es que en los entornos urbanos grandes el impacto del ser humano es mayor y esa hí donde «se concentra la mayor obligación. Ahí es los ayuntamientos grandes tienen que tener más esfuerzos y los ciudadanos tenemos que tener una mayor contribución».
El número de vehículos, la cantidad de residuos generados o la complejidad del abastecimiento de agua hacen que los servicios locales para cuidar el medio ambiente sean «más sencillos» en un municipio rural que en una gran ciudad.
La apuesta por el empleo verde
La crisis económica parece haberse cruzado también en los propósitos de hacer del medio ambiente un motor económico de desarrollo. Es una materia que «se ha dejado de lado. No está en la agenda política institucional. No hay ni un ministerio específico de medio ambiente», hace notar Gómez Puerto. Y, a su juicio, si se quiere hacer que el Medio Ambiente sea un motor dedesarrollo y genere empleo verde, «las administraciones tienen que apostar por servicios públicos fuertes y potentes que puedan generar además empleos indirectos. Si un gobierno o ayuntamiento quiere introducir novedades técnicas o de investigación en sus servicios de aguas o residuos, eso a su vez generará que empresas auxiliares se desarrollen en esas materias». Con la consecuente creación de puestos de trabajo que ello conllevaría.
Así, el medio ambiente se presenta también como un posible nuevo modelo de desarrollo, caducos y con malos resultados ya otros como el del sector de la construcción. «No todos los modelos de desarrollo valen y es esencial para introducir un nuevo modelo en un futuro que se tenga en cuenta la variable ambiental».
Entrevista que me publican hoy en eldiario.es
Ángel B. Gómez Puerto (Córdoba)
