Paralelo 36 Andalucia Espacio de pensamiento y acción política
En Valencia la policía hizo las prácticas, ya se sabe aquellos “peligrosos enemigos” de 14 y 16 años, alumnas y alumnos de un instituto sin calefacción. La teoría será en Madrid, en el congreso de los diputados, y en este caso será el gobierno directamente el protagonista y la enésima reforma del código penal el tema. Tras el recorte de los salarios, de las prestaciones y de los derechos sociales, llega el “imprescindible” recorte de las libertades. El PP sabe que sus políticas sólo se pueden imponer supliendo la falta de zanahoria con mucho más palo. En tiempos de crisis y de contrareformas sociales el derecho penal pasa a ser la “prima ratio” de la acción política conservadora.
Las reformas del código penal propuestas por el Partido Popular suponen un recorte drástico de las libertades democráticas y de los derechos fundamentales. El primer paquete de cambios implica un endurecimiento de penas y un deterioro de las garantías procesales destinado a generar una “falsa sensación de inseguridad ciudadana. El dispositivo no puede ser más malévolo pues induce a la creación de una demanda social de “seguridad” en la que el PP se encuentra muy cómodo como partido de la “ley y orden”. Es la aplicación a la política criminal de las viejas técnicas del marketing industrial donde la oferta crea la demanda. El efecto opera de la siguiente manera: “Si se aumentan las penas contra la delincuencia común será por que hay mas delitos y por tanto más necesidad de seguridad”.
Pero todo esto es falso y ellos lo saben mejor que nadie .España es uno de los Estados con una menor tasa de criminalidad de la Unión Europea y paradójicamente el segundo país con mayor número de presos por habitante, producto de un código penal irracionalmente durísimo, uno de los mas punitivos de Europa. Ni la crisis, hasta el momento, ha sido capaz de alterar estos índices y disparar la delincuencia
El segundo, y principal objetivo, de esta propuesta de reforma del código penal, es recortar el ejercicio de las libertades democráticas , especialmente las de manifestación y huelga. Para ello se lesionan gravemente las garantías democráticas y se otorga a la policía poderes desmedidos. Las políticas antisociales del gobierno del PP no pueden dejar de provocar resistencias y reacciones, contra esas resistencias van dirigida la reforma penal. Los poderes que se le otorgan a la policía son propios de un “estado de excepción” no declarado .Hay que amedrentar a los que tengan la tentación de protestar y reprimir a los que tengan la osadía de hacerlo.
Ellos saben que vamos a una situación de “guerra social” y preparan sus armas para esa batalla. Nosotros y nosotras también los sabemos y debemos prepara las nuestras: más libertades, más democracia, más Estado de derecho.
Saludos al equipo de P36
Os incluyo un artículo sobre la reforma del código penal y el ciberactivismo que os resultará interesante
http://www.david-almazan.com/2012/04/reforma-codigo-penal-ciberactivismo/
Jorge Fernández Díez, Ministro del Interior, ha declarado que el Gobierno aprobará antes de fin de año, la Ley Orgánica de Reforma del Código Penal, en la que se incluirá como «delito de integración en organización criminal» (se entiende como tal, según el Código Penal, la agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos, así como de llevar a cabo la perpetración reiterada de faltas), alterar «gravemente el orden público», así como, «convocar concentraciones violentas por cualquier medio de comunicación como internet y las redes sociales», y será considerado delito «atentado contra la autoridad, la resistencia activa o «pasiva» grande ante las fuerzas de seguridad», reformas que trabaja desde hace, nada menos que, «dos meses»! con Alberto Ruiz Gallardón, Ministro de Justicia, parece que si lo tenían bien previsto desde hace tiempo, porque los recortes en las partidas de Interior y Justicia, en los Presupuestos Generales del Estado, han sido de las menos afectas, un 4.3% y un 6.3 % respectivamente, es evidente que los costes que traerá la represión estaban ya calculados. Aquí se esta hablando de la restricción del Derecho a Manifestarse, eso es lo que quieren «regular» ahora, habrá que recordale al Gobierno que en este país todavía es un derecho manifestarse y que está recogido como tal en el Artículo 21.2, «Derecho de Reunión Pacífica», de nuestra Constitución que dice: «En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas y bienes», o es que va a entrar en vigor de nuevo la «Ley de vagos y maleantes»? , esa que pretendia el control de los antisociales, o sea, de todos los no afines al Régimen, de los considerados peligrosos moral o socialmente, es de ésto de lo que nos hablan ahora?!, lo que si es un delito es que este Gobierno se apodere de los derechos de los ciudadanos, que cada día que pasa perdamos un poco más de la democracia que como forma de gobierno todos/as elegimos.
Jorge Fernández Díez, Ministro del Interior, ha declarado que el Gobierno aprobará antes de fin de año, la Ley Orgánica de Reforma del Código Penal, en la que se incluirá como «delito de integración en organización criminal» (se entiende como tal, según el Código Penal, la agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos, así como de llevar a cabo la perpetración reiterada de faltas), alterar «gravemente el orden público», así como, «convocar concentraciones violentas por cualquier medio de comunicación como internet y las redes sociales», y será considerado delito «atentado contra la autoridad, la resistencia activa o pasiva grande ante las fuerzas de seguridad», reformas que trabaja desde hace, nada menos que, «dos meses»! con, Alberto Ruiz Gallardón, Ministro de Justicia, parece que si lo tenían bien previsto desde hace tiempo, porque los recortes en las partidas de Interior y Justicia, en los Presupuestos Generales del Estado, han sido de las menos afectas, un 4.3% y un 6.3 % respectivamente, es evidente que los costes que traerá la represión estaban ya calculados. Aquí se esta hablando de la restricción del Derecho a Manifestarse, eso es lo que quieren «regular» ahora, habrá que recordale al Gobierno que en este país todavía es un derecho manifestarse y que está recogido como tal en el Artículo 21.2, «Derecho de Reunión Pacífica», de nuestra Constitución que dice: «En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas y bienes», o es que va a entrar en vigor de nuevo la «Ley de vagos y maleantes»? , esa que pretendia el control de los antisociales, o sea, de todos los no afines al Régimen, de los considerados peligrosos moral o socialmente, es de ésto de lo que nos hablan ahora?, lo que si es un delito es que este Gobierno se apodere de los derechos de los ciudadanos, que cada día que pasa perdamos un poco más de la democracia que como forma de gobierno todos/as elegimos.