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Un año de quejas del PUEBLO ANDALUZ

0000543161_230x230_jpg000Un año de quejas del PUEBLO (El Día de Córdoba, 11-04-2010)

Cuentan en la institución que a cada vuelta de las vacaciones navideñas el Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, pregunta cuándo va a estar lista la memoria que da cuenta de su labor en el año que apenas días antes acaba de concluir. Los trabajadores de la Oficina conocen el encargo que tienen por delante: la redacción de más de mil páginas, el equivalente a una novela de las gordas que sin embargo, bromean, andará escasa de lectores. Y en tiempo récord para no perder actualidad, les aprieta Chamizo, lo que cada año da sus frutos, porque la presentación de la memoria ante el Parlamento se ha adelantado en dos meses con respecto a hace sólo dos años cuando su divulgación rondaba junio. En el informe anual de 2009 la crisis acapara las mayores dosis de protagonismo, lo que no impide que de su lectura se extraigan otros problemas cotidianos de los ciudadanos sobre los que reflexiona el Defensor del Pueblo andaluz.

urbanismo

El Defensor dedica un apartado especial en el informe a los derechos de los andaluces en la ordenación del territorio. Se pregunta cómo 20 años después de la Ley de Costas, entre un 15 y un 20% del litoral no cuente con un deslinde que proteja de la urbanización descontrolada. Chamizo, crítico con la complacencia de las administraciones en el boom del ladrillo, censura el poco “rigor” de los municipios en la construcción de viviendas ilegales, más de mil en la comunidad, contabiliza. En el otro polo, persisten poblados de chabolas que hay que erradicar, cita Chamizo los Asperones en Málaga y Torreblanca y el Vacie en Sevilla, con intermediarios sociales para evitar la creación de guetos. La causa que origina más quejas “es la ausencia del respeto a la legalidad urbanística por parte de un gran número de ciudadanos y la impunidad con la que actúan”. A veces, los ayuntamientos inician expedientes que no concluyen o posteriormente no ejecutan las resoluciones, observa Chamizo. En el Código Penal, el Defensor aconseja afrontar las “lagunas” para perseguir este tipo de delitos.

obras públicas

Sobre obras públicas, infraestructuras y transportes, el Defensor andaluz califica de “lamentable” la infinidad de vertidos agrícolas que se tiran al mar y las urbanizaciones que no depuran adecuadamente. Chamizo exige que se haga un estudio “serio” de la depuración de las aguas residuales al litoral y un plan de saneamiento de las playas.

En cuanto a barreras arquitectónicas, recuerda un informe de la institución de 1994 y da a los ayuntamientos un año para que elaboren un plan de actuaciones para la adaptación de edificios públicos y espacios libres que marque el camino hacia el “generoso” plazo que otorga la UE de 2019.

La Oficina del Defensor ha elaborado un cuestionario este año con los ayuntamientos de ciudades con más de 50.000 habitantes para analizar el servicio público que ofrecen los taxis los festivos y nocturnos. Ciudadanos denunciaron que tan sólo un 10% de las licencias operan en estos horarios. Al problema de seguridad nocturna al que aluden las corporaciones locales, los taxistas denuncian el “intrusismo” en las ciudades con mayor población inmigrante o el recorte de usuarios que les ha supuesto la crisis. El Defensor insta a la Junta a aprobar ya un reglamento autonómico.

medio ambiente

Un capítulo específico del informe anual de 2009 conciencia sobre la necesaria protección del paisaje. Parece algo “etéreo, difuso e inasible”, pero la experiencia en otros países europeos demuestra que es posible mantener un modelo social sostenible. Ya hay zonas “irreversibles” en la costa, devastadas por las presiones urbanísticas. Se trata de proteger el territorio andaluz. Al Defensor le asaltan dudas sobre si las administraciones andaluzas piensan en la conservación de este valor, que pertenece a un derecho del Estatuto andaluz, al carecer la comunidad de una norma general, un “criterio rector” que recopile los propósitos presentes en otras normas no específicas. El Defensor ha abierto una queja de oficio – a iniciativa propia- para recopilar información sobre este particular. Los zoos, la contaminación -acústica, por ejemplo, que ha pasado del botellón a las quejas por el ruido de pubs o discotecas- o la petición de que la Junta apruebe planes de calidad del aire se incluyen en este apartado.

trabajo

El año y medio que la Consejería de Innovación tardó en contestar a la solicitud de un autónomo que se quería acoger al Plan Más Autónomos lleva al Defensor a sorprenderse por qué la Administración “incumple de forma tan amplia los plazos” para las subvenciones y programas de ayuda a empresarios y emprendedores. Demandó agilidad, pero Innovación no lo aceptó y se excusó en limitaciones presupuestarias. Igual nulo éxito obtuvo la queja de una ciudadana que por su contrato temporal no pudo acceder al plan Memta de la Consejería de Empleo. Chamizo reclama por “justicia material” que se modificase la orden para atender al máximo número de personas afectadas por el desempleo ante la situación de crisis, “sobre todo cuando la comunidad tiene entre sus objetivos el de la consecución del pleno empleo”. Pero la Consejería no aceptó la recomendación.

educación

El fracaso escolar es el gran reto. Sin datos fiables sobre su incidencia, dice el Defensor, abundan en la institución las quejas “de padres y madres desesperados que nos piden ayuda para conseguir enderezar el rumbo de unos hijos que parecen abocados al abandono prematuro de la enseñanza y, lo que es aún peor, al mundo de la marginación o la delincuencia”. La inconformidad aparece en la educación secundaria tras un paso no conflictivo por Primaria y, para el Defensor, “el sistema educativo no parece capaz de ofrecer respuesta que no sea la aplicación de nuevas medidas correctivas y la espera de que se consume el fracaso escolar cuando se alcance 16 años y no se consiga el esperado título”. Reclama un esfuerzo a la Junta para los programas de cualificación profesional, que en este curso sólo alcanza a un 0,8% de incidencia y, si la excusa es el gasto público, Chamizo avisa: el gasto público en Educación en España y Andalucía está por debajo de la media de la UE.

SANIDAD

El tiempo no todo lo cura. La principal preocupación del Defensor en la efectiva materialización del derecho a la salud reside en la espera para el diagnóstico, la intervención quirúrgica, simples consultas al especialista o para el tratamiento de cualquier índole. En no pocas ocasiones esta “excesiva” demora es objeto de queja ante el Defensor. La lista de espera quirúrgica se ha ido “diluyendo” y ya no conlleva uno o dos años de retraso, expone el Defensor. Parece que por lo general se respeta el plazo de 180 días como máximo para un grupo importante de intervenciones y de 120 días en casos más comunes, aunque sin entrar en detalle, Chamizo sugiere operaciones de “maquillaje” por parte de la Administración sanitaria. Sin haberse solventado los problemas, las quejas según la institución se han desplazado a otros aspectos (cirugía bariátrica o de estética presente en la cartera de servicios), sobre los que el Defensor pide que no se aplace sine die al carecer de cobertura de garantía de plazos.

dependencia

De nuevo el tiempo es el protagonista, en esta ocasión, el reloj se ralentiza cuando se va a obtener la ayuda de la Ley de la Dependencia. El Defensor es especialmente crítico con la aplicación de la norma y no le satisface que la comparativa con otras comunidades sea ventajosa. Los afectados tienen la percepción de que el derecho no llega a materializarse nunca por la demora en la respuesta administrativa o bien tienen la sensación de que son objeto de “expolio” por negarse la retroactividad cuando el paciente fallece en el trascurso del proceso. La insuficiencia de recursos y la baja intensidad de ayuda a domicilio ha originado el excesivo protagonismo de las ayudas económicas, anota. “Transcurridos tres años desde la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, un tiempo de espera con demoras medias como las que aquí se explicitan, no sólo resulta difícilmente justificable, sino que defrauda todas las expectativas puestas por la ciudadanía en esta ley”, zanja.

prisiones

Tema habitual en los informes del Defensor que acumula cientos de quejas cada año, en equivalencia al incremento de la población penitenciaria. En 1990 había en España 33.000 reclusos, en 2000 la cifra ascendió a 45.000 y el año pasado eran 77.000, todo cuando los índices de delincuencia están lejos de esa progresión. Se trata de una administración penitenciaria desbordada por la “sobreutilización” de las penas de prisión en comparación con países del entorno, indica Chamizo. Olvidada parece la pretensión de que esta competencia se transfiera a la comunidad, petición ya recogida en el Estatuto de 1981. Chamizo avisa de nuevo de unos problemas crónicos que afectan en su mayoría al tratamiento sanitario de los presos. El Defensor insta a renovar el convenio entre Estado y Junta de 1992 sobre sanidad penitenciaria.

justicia

Además de las prisiones, los retrasos en los diferentes ámbitos judiciales son materia usual en los informes del Defensor. Este año, las quejas en mercantil se trasladan al ámbito de lo social, también influenciadas por la crisis. En extranjería se prevé denuncias con la reforma de la ley, la cuarta en diez años. Anecdótica es la valoración sobre las severas restricciones al uso de taxis para la realización de actos de comunicación judicial decidida el pasado año por la Consejería de Justicia, polémica que el Defensor observó con preocupación y por la que inicia una investigación de la que dará conclusiones en el informe del próximo año.

cultura

El informe anual dedica un capítulo especial a la imposibilidad de los ciudadanos de acceder a determinados archivos culturales, lo que ha motivado quejas durante el pasado año. Para el Defensor, la Admnistración cultural andaluza incumple el principio de transparencia ante la renuencia de algunos organismos dependientes de la Consejería de Cultura a la hora de facilitar a la ciudadanía el acceso a los archivos y documentos bajo su tutela administrativa y el “escaso apego” de dichos organismos a los postulados del principio de transparencia

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