Una Constitución de quita y pon… ¿Qué pasa con nuestros derechos?

Manuela Martínez / En Noruega organizan una campaña contra la desnutrición infantil en España, en Alcalá de Guadaira muere una familia por comer alimentos caducados que le regalaban, la Justicia persigue a un juez por haber encarcelado a un banquero que estafó a miles de personas, el PP lleva al Constitucional la conocida popularmente como “ley antidesahucios de  Andalucía”  y el PP andaluz aplaude la decisión porque, al parecer, ve con buenos ojos lo de dejar en la calle a familias sin recursos y considera un abuso lo de la expropiación de viviendas a las entidades financieras… y así podríamos seguir con una lista interminable de historias y agravios que tumbarían a cualquier gobierno democrático por acción u omisión.  Pero eso en España no pasa.

En mi contacto directo con delegados y delegadas, con trabajadores y trabajadoras de sectores muy diversos, afiliados o no, en activo o en desempleo, recibo muchos testimonios de personas que están sufriendo en primera persona la política laboral del señor Rajoy y su ministra de “desempleo”, la señora Báñez.  La misma que ha anunciado que su Ministerio va a dedicar 2,5 millones de euros para “vender las bondades” de su reforma laboral, mientras recorta las partidas dedicadas a las políticas activas de empleo y a la protección de los trabajadores en situación de desempleo.  En definitiva, 2,5 millones de euros para ocultar que el gobierno se desentiende del principal problema de nuestro país, el paro.

En lugar de centrarse en la reactivación económica y la creación de empleo, han empeñado su gestión en reformas puramente ideológicas, como la de la Educación, la Justicia o el aborto, que está a punto de caer.

Por si esto fuera poco, el fantasma de la privatización de servicios públicos sobrevuela la gestión presente y futura del gobierno de Rajoy. Está claro que durante la campaña electoral  ocultaron su intención de  entregar una buena parte del pastel de la sanidad, la educación y las pensiones a la especulación. Pero en ello están, y la reforma de la administración local será la puntilla en su afán privatizador.  Han decido también que la seguridad puede ser un buen negocio, de ahí su interés en sacar adelante una ley que otorga mayores competencias a los vigilantes de seguridad privada, en detrimento de las que son propias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Y en previsión de lo que pueda pasar si la mayoría silenciosa deviene en mayoría ruidosa, el gobierno propone una reforma del Código Penal y de la Ley de Seguridad ciudadana, con las que pretende restringir el ejercicio de derechos fundamentales, como es el derecho a manifestación y reunión en espacios públicos.

Resulta cuando menos inquietante que pretendan garantizar la “tranquilidad de los ciudadanos” legalizando decisiones políticas que han sido revocadas por los órganos judiciales.  Y más inquietante aún que pretendan acallar la protesta social cercenando derechos democráticos.  Se trata, sin duda, de un retroceso de gran calado que contradice los principios democráticos que emanan de la Constitución que juraron o prometieron respetar y defender cuando aceptaron el cargo.  Aunque, visto lo visto, ya deberíamos estar curados de espanto,  dado que todas las reformas que el gobierno de Rajoy ha puesto en marcha, contradicen la Constitución en mayor o menor medida. Y eso que dicen que es tan estupenda que no se puede reformar… ¿sería un sueño lo del artículo 135?

Si algún día el Tribunal Constitucional se tomara la molestia de poner las cosas en orden… Son varios los recursos que se han presentado contra los desmanes de este gobierno, ¿cuándo pensará pronunciarse?

@Manuela_MJ