A vueltas con los presupuestos de la JJ.AA

Mario Ortega | El asunto de los presupuestos generales de la JJ.AA. es un tema tan serio como para que durante su proceso de elaboración, las principales coincidencias y las principales discrepancias hubiesen sido anunciadas conjuntamente (o a un tiempo por separado) por los dos actores del gobierno PSOE-A / IU, dando muestras de que son un gobierno de coalición y no un gobierno bipartito.

A partir de ahí, con claridad y transparencia, los y las andaluzas podrían haber tenido una idea más clara de qué es lo que nos jugamos, evaluar el acuerdo, que considero imprescindible para no dar cartas a la derecha privatizadora de servicios y destructora de derechos sociales, y situar las diferencias políticas con repercusión presupuestarias o sin ella en cada partido concreto. En tiempos de recortes y retroceso lo menos que necesita el pueblo es ocultismo.

Tener información clara y veraz de lo que ocurre en las naturales negociaciones entre los dos agentes del gobierno andaluz es imprescindible. No ha sido así, se ha actuado con secretismo, mucho sigilo, demasiado sigilo. Si el documento de proyecto de presupuestos se hubiese hecho público antes de enviarlo al Consejo Consultivo como es preceptivo, nadie hablaría de filtraciones. El dinero presupuestario es público y como tal ha de ser absolutamente transparente desde antes de que inicie su trámite parlamentario.

Si queremos más y mejor democracia, una vez que el gobierno andaluz disponía del primer esbozo presupuestario, y de los condicionantes del los Presupuestos Generales del Estado y el rodillo centralista del PP, hubiese sido imprescindible la participación de los agentes sociales relevantes (especialmente los progresistas y de izquierdas) en un proceso real de negociación transparente, aportaciones pactadas y desacuerdos visibles.

Esto no ha sido así. De un lado, la presidenta del Gobierno andaluz, Susana Díaz (PSOE-A), parece tener tanta afición por determinadas fotos a la vieja usanza como miedo escénico a la negociación y la transparencia, y de otro, el vicepresidente, Diego Valderas (IU-A), ha estado prácticamente desaparecido de las escasísimas intervenciones públicas en materia de presupuestos, dejando al portavoz parlamentario José Antonio Castro y al coordinador general, Antonio Maillo, el peso de estar al quite de las jugaditas del PSOE-A. Eso le pasa a IU-A por no tener claras las cosas, elegir un liderazgo renovado y con gran apoyo interno y no otorgarle el imprescindible protagonismo en el gobierno andaluz, el PSOE nunca comete esos errores cantados.

Afortunadamente esto ocurre con un PP andaluz sin liderazgo y con todo el crédito dilapidado dadas las políticas ultraconservadoras de Rajoy, y una estrategia de oposición si rumbo frente a un gobierno que de tanta resistencia tiende a la inocuidad. ¿Cuánto tiempo podremos aguantar así?

Sabemos de las tasas de pobreza y desigualdad en Andalucía, sabemos de las cifras del paro (las de hoy al alza), sabemos que en 2013 ha sido una de las comunidades autónomas que más empleo público ha destruido, sabemos que el incumplimiento de la disposición adicional 3ª del Estatuto acumula una deuda superior a los 2.500 millones de euros, sabemos que para 2014 el techo de déficit impuesto unilateralmente por el gobierno central supone otro recorte de 1.200 millones de euros, sabemos que los presupuestos de la junta para el año que viene se han caído al nivel de 2007, y sabemos que todo ello se debe a imposiciones ideológicas neoliberales externas, a su amarre sobre el nuevo artículo 135 de la CE y a la vitalidad con las que las impone el gobierno central del PP. Todo eso lo sabemos.

Y en este marco desolador, el gobierno andaluz no ha dado ni una sola noticia esperanzadora, ni una sola. Sólo nos dice que las partidas de educación, sanidad y servicios sociales se mantendrán en el nivel de 2013, como si ese nivel supusiera alguna esperanza. Y todo lo demás, como un plan andaluz de empleo, lo fía a la benevolencia del gobierno central en el trámite parlamentario de los PGE.

No sabemos que ni siquiera se hayan explorado nuevos impuestos ecosociales a las grandes empresas que extraen capital y recursos propios a cambio de empleos precarios, escasos y mal pagados, salvo el bloquedado por el PSOE-A a las grandes superficies comerciales.

No sabemos que se haya pensado en medidas que fuercen a las empresas que operan en Andalucía ha mantener unos índices de cantidad, calidad y de igualdad en el empleo mínimos si necesitan permisos, licencias, contratos o subvenciones de competencia andaluza.

No sabemos, o mejor, sí sabemos que la componente socioliberal del gobierno andaluz es altísima, con su nuevo consejero de economía a la cabeza, y que por ello no hay esperanza de un plan andaluz de transformación del modelo productivo, un plan de larga distancia que lamine progresiva y definitivamente la economía depredadora y extractiva y la transforme en una economía verde que deje aquí el valor añadido.

Sí sabemos que la componente de izquierda social en el gobierno tiene algunos planes como la banca pública o el banco de tierras que no son bien vistos por su socio. Pero también sabemos que el nivel de fuerza con que lo defienden es escaso, con declaraciones inconexas y, como dije al principio, silencio, demasiado silencio y poco arrojo.

Y esto está ocurriendo en medio de una crisis que no es una crisis más. Esto no es una crisis cíclica, esto es una crisis del capitalismo de la que sólo se están salvando los dueños del capital, esto es una crisis de límites, una crisis de escasez de materias primas, una crisis de modelo energético. Esto es, por tanto, una crisis ecológica. Una crisis que se está aprovechando para convertir la deuda privada y el crack bancario en deuda pública, y con esa excusa recortar derechos y transferir rentas del trabajo a rentas del capital aumentando la pobreza y la desigualdad.

Si el gobierno andaluz no interioriza eso, si no inicia y cataliza los mecanismos políticos para la desobediencia y la confrontación con el centralismo, si no asume como casus beli la relevancia que tiene tener más capacidad legislativa en materia fiscal, laboral, energética, bancaria, educativa, agraria, territorial, etc., entonces será un gobierno de resistencia (mientras pueda) y pedigüeño al albur de los que otras mayorías políticas externas nos quieran dar con condiciones. Pues en España, parece que los únicos problemas son el catalán (soberanismo y derecho a decidir), que se intenta resolver por los partidos centralistas con un nuevo «encaje constitucional», que seguro abordaría la cuestión económica, la ordinalidad y el blindaje de los derechos nacionales identitarios, y el vasco (fin de ETA, doctrina Parot y luego ya veremos).

Andalucía, hoy, no es ningún problema para el centralismo constitucional, ninguno, aquí sólo debemos resistir mientras nos cortan el aliento. ¿Por qué?

@marioortega