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BALANCE 2008/2019 4) 2013, EL PP contra los derechos

Rafa Rodríguez

2)      20 de noviembre de 2011 a 20 diciembre 2015 (X LEG): el gobierno del PP con mayoría absoluta

b) 2013

2013 es el año en el que, tras el terrible 2012, la crisis y las políticas del gobierno de Rajoy machacan a los colectivos más vulnerables, el paro alcanza su máximo y los escándalos por corrupción siguen deteriorando al sistema político estructurado sobre el bipartidismo. En el PSOE, que apenas despliega oposición contra el PP, emerge Susana Díaz que comienza a ensayar un giro aún más a la derecha, lo que en poco tiempo resultará incompatible con el pacto de gobierno heredado con IU, mientras aumenta el apoyo al independentismo en Cataluña.

El PIB, por tercer año consecutivo, tiene signo negativo, aunque menos que los dos años anteriores (-0,2%); el precio del petróleo comienza a bajar, pero se mantiene por encima de los 100$ el barril de Brent; la prima de riesgo desciende a principios de año a la mitad, situándose en torno a los 350 puntos y sigue descendiendo hasta los 200 puntos a finales de año; el déficit también desciende, aunque se sitúa en el -7% y la deuda pública crece hasta el 95’5% del PIB.

Sin embargo, la tasa de paro alcanza su máximo en el primer trimestre del año alcanzado el 26,94% y el 36,77% en Andalucía y los índices de desigualdad (índice de Gini) se mantiene por encima del 31% y la tasa de riesgo de pobreza se sitúa en el 18,7%, cronificándose tanto la desigualdad como el sector de la población en riesgo de pobreza. La emigración para buscar trabajo aumentaba. La población residente en España en edad para trabajar redujo en 87.300 personas y la emigración superaba ya a la suma de inmigración y crecimiento vegetativo (saldo entre nacimientos y muertes) y se ejecutaban más de quinientos desahucios diarios.

El 18 de enero 2013 se conocen los papeles de Bárcenas. El Mundo publicó que Bárcenas «distribuía cada mes sobres con cantidades entre 5.000 y 15.000 euros a secretarios ejecutivos, cargos públicos y otros miembros del aparato», con dinero B procedente «de constructoras, empresas de seguridad y donaciones que a cambio recibieron contratos por valor de 12.281 millones desde gobiernos del PP. La práctica se habría extendido durante 20 años.

En Andalucía, en la madrugada del 19 de marzo de 2013, la Guardia Civil detiene a 22 personas por orden de la jueza Alaya. El caso da un salto cualitativo el 2 de julio de 2013, al imputar la jueza a la exministra Magdalena Álvarez (titular de Fomento con el Gobierno socialista entre 2004 y 2009, y exconsejera de Economía de la Junta de Andalucía) y a otros veinte ex altos cargos de la Junta, por presuntos delitos de malversación y prevaricación.

En abril, el juez que instruía el caso Nóos, José Castro, decidió imputar a la Infanta Cristina en la causa que investigaba el presunto desvío de fondos públicos al Instituto Nóos.

También en abril, el Tribunal Constitucional suspendía la resolución del Parlamento de Cataluña, aprobada el 23 de enero de ese año, sobre “la Declaración de soberanía y el derecho a decidir del pueblo de Cataluña”, que suponía un salto cualitativo del posicionamiento de la mayoría nacionalista en una estrategia soberanista.

En agosto Griñán presentó su dimisión como presidente de la Junta de Andalucía y en septiembre el Parlamento eligió a Susana Díaz con los votos del PSOE e IU, como nueva presidenta de la Junta.

Escasos días después, el 10 de septiembre, la jueza Alaya solicitó la imputación de los expresidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves, y de los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, José Antonio Viera, Manuel Recio y Francisco Vallejo.

Durante todo el año, las políticas del PP supusieron un ataque frontal contra los derechos: nuevo ataque a las pensiones, que son la última frontera del Estado de Bienestar, recorte de las becas, la reforma de la ley de educación, las privatizaciones de hospitales, la destrucción del sistema de ciencia y tecnología, el proyecto de ley para penalizar el aborto, la privatización de la gestión del agua, la reforma de la ley de administración local, la propuesta de reforma de las administraciones públicas, el apoyo a la banca blindándola en los desahucios, en la estafa de las preferentes, en las abusivas cláusulas suelos, etc.

La ciudadanía respondió con una movilización social como el año anterior, en el punto más álgido de los que hay constancia, celebrándose más de 44.000 manifestaciones autorizadas y 1.682 no autorizadas según datos del ministerio del interior (que no recoge a partir de este año las que han tenido lugar en Cataluña).

La 19ª Cumbre de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 19) se celebró en Varsovia (Polonia) entre los días 11 al 22 de noviembre, continuando con la anterior Cumbre de Doha (COP 18), su objetivo era acercar posiciones para un acuerdo en 2015 que permitiera reducir las emisiones contaminantes. Sin embargo, a este acuerdo se opusieron varios países, entre ellos el anfitrión, Polonia, con un modelo económico basado en el carbón. Sobre la mesa se puso un nuevo informe de Naciones Unidas, donde se aseguraba con una certeza que el hombre es la causa dominante del calentamiento global. Después de rozar el fracaso, los participantes consiguieron llegar a un acuerdo de última hora que, aunque modesto, estableciendo una hoja de ruta hacia un pacto global y vinculante en 2015.

Mientras, en España, el gobierno del Partido Popular autorizaba el sondeo y extracción de gas natural en el Parque Nacional y Natural de Doñana y en su entorno, junto con la construcción de un nuevo gaseoducto y el futuro almacenamiento de ese combustible fósil en el subsuelo del espacio protegido.

(*) Obra de Louise Bourgeois (serie de escultoras europeas contemporáneas)

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