BALANCE 2008/2019. 9) 2018, el año del triunfo de la moción de censura

Rafa Rodríguez

1.   Introducción

El año 2018 fue un año intenso caracterizado por el triunfo de la moción de censura de Pedro Sánchez (1 de junio) que puso fin a más de 6 años de gobiernos de Mariano Rajoy, por la histórica movilización feminista del 8 de marzo, la movilización de los pensionistas, el juicio del procés, la elección de Pablo Casado como nuevo Presidente del PP, la victoria de la derecha en las elecciones andaluzas y la irrupción de Vox como fuerza parlamentaria en esas elecciones.

Fue también un año en el que continuó el crecimiento económico, pero hubo un cambio de tendencia ya que comenzó a descender con respecto al año anterior. Los problemas sociales se multiplicaron como consecuencia de la ausencia de políticas reformistas y por el mantenimiento de las políticas que hacían recaer el coste de la crisis en los sectores más vulnerables.

La corrupción y el bloqueo parlamentario añadieron un clima político irrespirable que permitió una mayoría para desbancar a Rajoy y elegir a Pedro Sánchez como presidente de gobierno que, en escasos meses, con un gran acoso por parte de la derecha y con una débil mayoría, desarrolló una notable acción de gobierno.

En el plano global las evidencias científicas elevaron el nivel de riesgo al demostrar que con un aumento de las temperaturas de 1,5 grados en relación a la temperatura media global previa la era industrial, y no de 2 grados como se suponía hasta entonces, los efectos serían catastróficos porque marcarían la diferencia entre la vida y la muerte, la hambruna o las catástrofes naturales para millones de personas, teniendo en cuenta que ya había aumentado 1 grado desde entonces.

Sin embargo, EE.UU. lideró un grupo de países para romper el acuerdo de París, con el nuevo apoyo de Brasil, tras el triunfo de Bolsonaro, con todo lo que significaba que el país del Amazonas negara también el cambio climático.

2.   Economía

En 2018 el PIB creció en torno al 2,6%, aunque comenzó a descender respecto al año anterior en el que se alcanzó la máxima cuota en la recuperación. El precio del petróleo se mantuvo estable alrededor de los 60$ el barril, terminando el año en 57$ (diciembre). Igualmente, la prima de riesgo también se mantuvo estable, marcando los 118 puntos a 31 de diciembre de ese año.

El déficit público siguió descendiendo, alcanzando la cuota más baja de este ciclo, el 2,5% del PIB, mientras que la deuda pública marcaba un nuevo record (1.173.109 miles de €) aunque en términos porcentuales bajaba un punto con respecto al año anterior por el incremento del PIB (97,1%).

Es importante destacar que el crecimiento continuó a pesar que comenzó una desaceleración que implicaba un cambio de tendencia. El crecimiento de la economía española se vio impulsado por los tipos de interés bajos, la relajación en las políticas de austeridad monetaria del BCE, los bajos precios del petróleo, el tirón del turismo y la apreciación del dólar, lo que favorecía a las exportaciones, aunque el gobierno de Rajoy seguía obviando cualquier reforma estructural para acercar el modelo económico a los requerimientos de nuestro entorno en el siglo XXI, en especial negaba favorecer políticas frente el cambio climático.

3.   Los problemas sociales

a)      Paro, contratos basura y bajos salarios

La tasa de paro también continuó descendiendo hasta el 14,45% en el último trimestre de ese año en España y el 21,26% en Andalucía, aunque seguía siendo la tasa de paro más alta de toda la UE (solo superada por Grecia), que duplicaba la media de la eurozona.

Los indicadores de desigualdad, a pesar del crecimiento de los últimos años, apenas disminuyeron, situándose la tasa de pobreza en el 21,5% y el índice de Gini en el 33,2. La cronificación de la desigualdad se explicaba, además de por las altas tasas de paro, porque los salarios medios eran un 15% inferiores al sueldo medio de la UE, crecían cinco veces menos que en la zona euro y la tasa de empleo temporal no deseado era la más alta de toda la UE, mientras que, según datos de la Agencia Estatal tributaria, los beneficios de las empresas crecieron el doble que los sueldos.

Además, internamente esta desigualdad no se repartía homogéneamente. Por el contrario, el índice de desigualdad territorial era el más alto de la UE, solo superado por Rumanía y Bulgaria. Las Comunidades del sur (Andalucía, Canarias, Extremadura, Castilla la Mancha y Murcia) tenían un PIB per cápita inferior en un 50% como media, al de las CCAA más ricas (Madrid, País Vasco, Navarra y Cataluña).

b)     La desigualdad de la gente joven

El crecimiento del empleo no se plasmó en mejores contratos y garantías para las nuevas generaciones, que seguían sin poder independizarse. Además del desempleo, los contratos de duración determinada y a tiempo parcial duplican ampliamente las cifras europeas y proliferaron los contratos de falsos autónomos (el 37% tenía contratos temporales y el 19%, además, a jornada parcial).

Había habido una drástica caída de las remuneraciones de los ciudadanos de entre 16 y 29 años, lo que hacía prácticamente imposible que pudieran diseñar un proyecto de vida con unos sueldos medios anuales de entre 8.000 y casi 16.000 euros. Los jóvenes con trabajo fueron los que más vieron reducido su salario, un 28% en el caso de los menores de 20 años y un 15% en el de los de menos de 24, prosigue. Hasta pasados los 33 años, los jóvenes sufrían una brecha salarial importante. Tenían que esperar casi hasta los cuarenta para conseguir cobrar el salario medio en España.

España ocupaba una de las últimas posiciones europeas en emancipación, junto con Italia, Eslovaquia, Croacia y Malta, según el estudio elaborado por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, que aseguraba que esta “es la brecha más grande con Europa, por delante del empleo”. Entre los 20 y 24 años solo un 8% de los jóvenes se iban de la casa familiar (frente al 30% de la media europea), y sumaban casi el 39% cuando tienen entre 25 y 29 años en lugar del 59% continental, por lo que tampoco era raro que España tuviera la tercera tasa de natalidad más baja de Europa, solo por detrás de Italia y Grecia.

Sin embargo, había algo mucho peor todavía y es que este colectivo de 6,5 millones de personas se estaba descolgando socialmente, ya que casi cuatro de cada diez jóvenes se encontraba en riesgo de pobreza. En opinión del Consejo de la Juventud de España, “La actual pobreza juvenil se intuye como un próximo devenir hacia otro modelo social”. El Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) lo expresaba de otra manera: los jóvenes doblan su peso en el grupo de población más pobre, tras empeorar sus oportunidades de empleo un 40% desde 2007. El 45,7% de los españoles de entre 16 y 30 años se sitúa en el grupo de menor renta (frente al 21,3% de 2007).

Un tercio de los jóvenes solo tenía formación básica, el doble que en los países de la OCDE, y su situación era la más preocupante, junto con la del 23% que cuenta con estudios de Secundaria, mientras que el 44% eran universitarios o tenía formación profesional superior. Aunque, en este contexto, destaca un hecho positivo: muchos jóvenes aprovecharon estas carencias para volver a estudiar o continuar con sus estudios, reduciendo así la tasa de abandono escolar temprano entre los 18 y 24 años, desde cerca del 32% de 2008 al 18% en 2018.

Entre las razones que explican la singularidad del modelo español, están el tipo de estructura productiva del país, en el que las actividades de servicios, como el turismo o el comercio, tienen un enorme peso y también la cultura de determinados empleadores de eludir contratar por tiempo indefinido para actividades que son indefinidas.

Todo ello se enmarca además en una época en la que la revolución digital venía a modificar las condiciones laborales en una dirección que todavía se desconoce y cuyo primer impacto, el provocado por las plataformas de servicios de Internet, está provocando lo que se ha dado en llamar la uberización del empleo, que incide aún más en la precariedad.

c)      La vivienda

2018 fue el año del alquiler ya que el porcentaje de personas que vivían en casas arrendadas alcanzó la cota más alta de las últimas décadas (un 16,9%, según las últimas cifras del INE), y también por la escalada de los precios sobre todo en las grandes ciudades, en contraste con la evolución de los salarios.

Ante el encarecimiento de los alquileres, el 43% de los hogares que alquilaban a precio de mercado gastaban más del 40% de sus ingresos en el alquiler, comparado con un promedio de 28% en la Unión Europea. Ese porcentaje alcanzaba un 64% en el quintil de población con menores ingresos, siendo la mayoría de ellos jóvenes que quedan, en muchas ocasiones, sin oportunidades de acceder a la vivienda allí donde se encentraban sus oportunidades profesionales. Dos tercios de los nuevos hogares eran de alquiler.

Aunque las ejecuciones hipotecarias disminuyeron hasta las 25.983, se dispararon los desahucios de inquilinos. Estos subieron cerca de un 10% anual y supusieron más del 65% del total.

La ausencia de un parque público de viviendas en España (más del 95% de la oferta de alquiler en España proviene de los particulares), el recorte a las ayudas, la entrada masiva de fondos de inversión privados, la venta, a bajo precio, de vivienda pública a fondos buitre como la llevada a cabo por la exalcaldesa Ana Botella, las plataformas de alquiler de pisos turísticos y de SOCIMIs (sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario que gozan de importantes exenciones fiscales como son: a) la exención del Impuesto de Sociedades; b) una bonificación del 95% en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; y c) un gravamen especial para los dividendos) han influido en ese alza, aunque con un peso variable. Sin un sustancial parque público de vivienda en alquiler que module los precios del mercado, la eficacia de los controles de precios sería limitada, como ha ocurrido en París o Berlín.

La sentencia sobre los gastos de hipotecas

La sentencia del Tribunal Supremo de en 16 de noviembre, señalaba que eran los bancos, y no los clientes, quienes debían pagar el impuesto hipotecario. El presidente de la Sala de los Contencioso-administrativo, Luis María Díez-Picazo, convocó un pleno para revisar ese criterio. El caos jurídico se alargó durante tres semanas hasta que la sala, por 15 votos a 13, dio marcha atrás. Una decisión que produjo un enorme escándalo y que además fue irrelevante porque a la vez el Gobierno de Sánchez llevó a cabo una reforma legislativa para que pagasen los bancos el impuesto.

d)     Precios de la electricidad en máximos

El precio de la electricidad no dio tregua durante 2018. Empezó a subir en mayo, en agosto rompió la barrera de los 70 euros por megavatio/hora (MWh) y en septiembre llegó a un precio medio de 75,39 euros el MWh, lo que contribuyó a que ese año fuera el segundo más caro desde 1998.

Este encarecimiento, fruto de una formación de precios mal diseñada, se convirtió en una carga para el consumidor. Con la llegada al poder de Sánchez, el Gobierno, en octubre, adoptó medidas urgentes para frenar el precio de la electricidad. Entre otras cosas, suspendió durante seis meses el impuesto a la generación eléctrica, eliminó el céntimo verde y el impuesto al sol. El paquete incluyó además acciones dirigidas a los ciudadanos más vulnerables, como la ampliación del bono social eléctrico, la creación de un bono térmico y el diseño de una estrategia contra la pobreza energética.

e)      Las plataformas digitales

Los taxistas se levantaron en el verano de 2018 contra las VTC, vehículos de alquiler con conductor que usan empresas para captar viajeros a través de aplicaciones como Uber y Cabify, pidiendo una regulación que no se solapara con su servicio públicos, con movilizaciones que comenzaron en Barcelona y se extendieron luego a Madrid, Sevilla, Valencia y otras ciudades, hasta que el Ministerio de Fomento anunció una nueva normativa salomónica que otorgaba una prórroga de cuatro años a las VTC para que siguieron circulando con la actual licencia estatal. A partir de ese plazo, necesitarían una segunda licencia municipal para seguir operando.

f)       La violencia machista

El número de denuncias por violencia machista presentadas en España desde 2007 hasta 2018 fue superior a 1,6 millones, y en esos años los tribunales dictaron un total de 373.333 sentencias condenatorias contra los maltratadores y acordaron 293.940 órdenes de protección, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En 2018 se presentó el mayor número de denuncias de estos 12 años (166.961), un récord también registrado en sentencias condenatorias (35.2752).

El 27 de abril se conoció la sentencia de la manada por la que, en primera instancia, la audiencia provincial de Navarra condenaba a los cinco miembros de la manda a nueve años de prisión por un delito de abuso sexual y no de violación (agresión sexual con violencia o intimidación). El 5 de diciembre, el Tribunal Superior de Navarra daba a conocer su sentencia en la que decidía mantener la calificaciones y penas de la audiencia provincial.

Estas sentencias causaron una ola de indignación sin precedentes por no haber calificado la violación múltiple que sufrió la víctima de violación, por las escasas penas y por no haber ordenado la prisión preventiva contra los delincuentes a pesar de la gravedad de los delitos cometidos.

4.   La huelga y movilización del 8 de marzo

La huelga del 8M fue un éxito sin precedentes y la movilización reunió a miles de mujeres, que se echaron a la calle para mostrar su cansancio y su repulsa por su situación que viven cada día en sus hogares, en sus trabajos o en las calles, con el convencimiento de que la merma de sus derechos se debe a una razón política, estructural, y que tenían que luchar por mejores sueldos, mejores trabajos, mejores horarios, mejor conciliación y, sobre todo, por acabar con las violencias machistas.

Fue una movilización contra el gobierno que había incumplido todos sus compromisos: no hay proyecto para una Ley que garantice la Igualdad Salarial, ni un plan específico sobre violencia machista y la Ley de Dependencia había sufrido recortes en los últimos años.

5.   Movilización de los pensionistas

Durante todo el año 2018 se sucedieron manifestaciones de pensionistas reclamando unas pensiones dignas. La campaña de movilizaciones, convocadas por la Marea Pensionista y respaldada por los sindicatos mayoritarios, comenzó el pasado 15 de febrero. El 22 de febrero, miles de pensionistas de toda España se manifestaron en más de 40 ciudades para defender el sistema público de pensiones y para protestar ante la insuficiente subida del 0,25% para este año. El 17 de marzo hubo centenares de protestas por todo el país en defensa de unas pensiones dignas y de su revalorización conforme a la evolución del Índice de Precios de Consumo, en una jornada promovida por sindicatos y organizaciones ciudadanas, con una manifestación unitaria en Madrid convocada por la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones, a la que se sumaron UGT y CC OO. Esto sindicatos convocaron nuevas movilizaciones para el domingo 15 de abril en defensa de unas pensiones dignas, reclamando que se revalorizaran por encima de los precios con el objetivo de garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas. UGT y CC OO afirmaban que el Gobierno tenía que asegurar la viabilidad del sistema público de pensiones y que las políticas del PP lo ponían en riesgo. Además, introdujeron como una reivindicación prioritaria la defensa de pensiones dignas en la celebración del Primero de Mayo.

6.   Cataluña, formación de gobierno y juicio del procés

Después de los intentos por parte de la mayoría parlamentaria soberanista de investir a Puigdemont, Turull, Rull, Comín, Puig y Sànchez, los grupos parlamentarios de Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Catalunya invistieron presidente a Joaquim Torra i Pla, diputado de JuntsxCAT, el 17 de mayo del 2018. Torra nombró a los nuevos consejeros, que tomaron posesión el 2 de junio del 2018. La Generalidad había estado sin gobierno desde el 28 de octubre del 2017.

En cuanto al procés, la fase de instrucción continúo durante 2018 hasta que el 9 de julio el juez Pablo Llarena dio por cerrada la instrucción. El 25 de octubre el Tribunal Supremo abrió el juicio oral con 18 procesados por rebelión, malversación y desobediencia.

Durante ese tiempo, el 5 de abril, la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein consideró inadmisible la imputación de rebelión a Puigdemont en no existir violencia.

El proceso independentista catalán a través de la vía unilateral, es decir, rompiendo con la legalidad constitucional, había supuesto un shock de tal magnitud que había quebrado la conexión histórica entre la defensa del pluralismo para democratizar el Estado liderado y la izquierda que sumaba objetivos de derechos sociales, provocando un reforzamiento del nacionalismo español ligado a una visión centralista del Estado y a valores conservadores que implicaban graves obstáculos para avanzar en los consensos mínimos ajustados a la realidad social que necesita la democracia. La derecha estaba hegemonizando valores que debían ser liderados por la izquierda, como la defensa de la legalidad constitucional.

7.   Bloqueo parlamentario

El gobierno del PP recurrió al filibusterismo político para frenar la mayoría parlamentaria en su contra, vulnerando los derechos de los diputados y grupos para establecer debates y aprobar proposiciones de ley. El bloqueo de las iniciativas parlamentarias de la oposición fue la regla general a pesar de las reiteradas sentencias del TC que había ya declarado que diversas resoluciones de la mesa del parlamento, que vetaban o demoraban de forma injustificada las iniciativas, eran inconstitucionales. El PP y Ciudadanos bloquearon la tramitación de más de 37 leyes en el Congreso utilizando la argucia de pedir prórroga tras prórroga en su debate. Algunas proposiciones de leyes parlamentarias bloqueadas fueron la Ley de eutanasia, la Ley de estabilidad presupuestaria, la Ley que regulaba la Obligación de registrar las horas trabajadas, la derogación del plazo máximo para instruir de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (la paralización de esta proposición de ley tuvo un efecto inmediato en la absolución del expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez, del PP), la Despenalización de los piquetes de huelga, la derogación de algunos aspectos de la Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley sobre bebés robados en el Estado español, la Ley de permisos y prestaciones para el cuidado de menores o la Solución habitacional en casos de pobreza energética.

8.   Corrupción

El PP estaba cercado por los procesos judiciales en los que se estaban juzgando a cientos de responsables políticos de ese partido, inmersos en los grandes escándalos de corrupción. Estaban imputados cuatro exministros, seis expresidentes de CCAA, cinco expresidentes de diputaciones, cinco parlamentarios, 18 consejeros de CCAA, tres extesoreros nacionales y hasta 800 concejales y cargos menores. El escándalo de Cifuentes mintiendo sobre el Master no solo demuestraba la incapacidad para la regeneración del PP sino cómo las prácticas corruptas habían infectado a instituciones que en teoría están alejadas del Gobierno como las Universidades, instituciones del Estado cuyo prestigio exige neutralidad política.

El 24 de mayo, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó a 29 de los 37 acusados en el juicio por la Época I (1999-2005) del caso Gürtel, a penas que iban desde los 51 años y 11 meses que han recaído en Francisco Correa hasta los cinco meses, correspondientes a Jacobo Gordon, mientras que absolvía a los otros ocho procesados. En la primera sentencia que dicta la Audiencia Nacional en relación con la trama Gürtel, los jueces confirmaron que los acusados cometieron delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública, cohecho (activo y pasivo), falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, prevaricación, blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, tráfico de influencias, apropiación indebida, exacciones ilegales o estafa procesal intentada.

El tribunal consideró acreditado que durante esos años entre el Grupo Correa y el Partido Popular se tejió una estructura de colaboración estable, consistente en prestación de múltiples y continuos servicios relativos a viajes, organización de eventos, dentro de la normal actividad de dicho partido político. Pero además, según la Sala, se creó “en paralelo un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica, y local a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido, aquí enjuiciados, que tenían posibilidades de influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública de determinados entes y organismos públicos que dirigían o controlaban directamente a través de terceras personas”.

Determinadas cantidades detraídas, según los jueces, sirvieron directamente para pagar gastos electorales o similares del Partido Popular o fueron a parar como donaciones finalistas a la llamada “Caja B” del partido, consistente “en una estructura financiera y contable paralela a la oficial existente al menos desde el año 1989, cuyas partidas se anotaban informalmente, en ocasiones en simples hojas manuscritas como las correspondientes al acusado Bárcenas, en las que se hacían constar ingresos y gastos del partido o en otros casos cantidades entregadas a personas miembros relevantes del partido”.

El tribunal concluyó que el PP debía ser condenado como partícipe a título lucrativo por los actos electorales que sufragaron las empresas del grupo Correa en las localidades madrileñas de Majadahonda y Pozuelo cuando Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda eran candidatos a esas alcaldías. La Sala explicó que concurrían todos los requisitos del responsable a título lucrativo, en tanto que los actos delictivos descritos en la sentencia, “produjeron beneficios económicos cuantificables al Partido Popular, consistentes en la financiación ilegal de actividades y diversos actos políticos realizados en campañas y precampañas electorales para sus candidatos, que de otra manera hubieran tenido que ser sufragados directamente con recursos económicos propios del partido político en cuestión”.

La formación política debería abonar 133.628,48 euros por los actos llevados a cabo en Majadahonda y 111.864,32 euros por los de Pozuelo, al haberse constatado que se produjo un enriquecimiento ilícito en perjuicio de los intereses del Estado, generándose una obligación civil de devolución.

En este contexto de enjuiciamiento de los casos de corrupción (2018 concluyó con 48 procedimientos por corrupción en los que se dictó auto de apertura de juicio oral o de procesamiento contra 205 personas y los juzgados y tribunales dictaron 63 sentencias en procedimientos en los que se investigaron delitos de corrupción), la condena judicial al PP como partícipe a título lucrativo por los actos electorales que sufragaron las empresas del grupo Correa, causó una enorme conmoción política. La ciudadanía percibía que era incompatible que un partido condenado por corrupción presidiera el gobernó de España, que el sistema político actual no daba soluciones para una reforma democrática del Estado que impida la corrupción y que la corrupción socavaba la democracia, no solo porque desprestigiaba al sistema democrático, sino que cuestionaba al propio electorado que votaba a partidos corruptos.

El juicio de los ERES sentado en el banquillo a los dos últimos presidentes de la Junta de Andalucía y a numerosos Consejeros y Altos Cargos.

9.   La moción de censura

El 1 de junio de 2018, fue un día histórico.  Por vez primera, el mecanismo constitucional de la moción de censura mediante el cual el Congreso de los Diputados, por mayaría absoluta, considera que hay que exigir la responsabilidad política al Gobierno, había triunfado.

No faltaban motivos para una moción de censura, no sólo porque el gobierno de Rajoy rompió los consensos básicos para la convivencia (el político, el social, el territorial, el de género y el intergeneracional) mediante el aumento insoportable de la desigualdad, el enfrentamiento territorial y el deterioro y la parálisis parlamentaria como lo prueba la no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, sino porque los niveles de corrupción en la cúpula del PP habían hecho incompatible ese gobierno con la salud democrática de nuestras instituciones.

La sentencia de la Gürtel fue la evidencia definitiva de que el PP había sostenido una trama de corrupción de la que se ha beneficiado políticamente, y muchos de sus dirigentes también personalmente, al constar como hechos probados que existía una caja B en el partido. Pero el escándalo de la Gürtel ha sido uno más de los gravísimos casos de corrupción del PP que llevaba asolando nuestra democracia desde hace años, cuyos protagonistas han ocupado ministerios, presidencias de Comunidades Autónomas y altos cargos en ese partido.

El día 1 de junio de 2018 se votó la moción de censura resultando ganadora con 180 votos a favor, 1 abstención y 169 votos en contra. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, fue el primer presidente que no era diputado desde que se restableció la democracia. A favor votaron, además del PSOE (84), Unidos Podemos (67), Esquerra Republicana de Catalunya (9), Partido Demócrata Europeo Catalán (8), Partido Nacionalista Vasco (5), Compromís (4), Euskal Herria Bildu (2) y Nueva Canarias (1). Coalición Canaria (1) se abstuvo y votaron en contra el Partido Popular (134), Ciudadanos (32), Unión del Pueblo Navarro (2) y Foro de Ciudadanos (1). El PSOE con el apoyo de toda la izquierda y de las minorías territoriales, había derrotado a la derecha

La moción de censura a Mariano Rajoy en junio de 2018 impulsó al PSOE. La transferencia de votos parecía haberse invertido y el PSOE comenzaba a recuperar apoyo del espacio político de la izquierda. Pablo Iglesias estuvo hiperactivo esos días tratando de buscar apoyos a pesar de que, tras la moción de censura, hubo un trasvase de apoyo desde Unidas Podemos al PSOE.

10.               La dimisión de Rajoy y la elección de Casado como Presidente del PP

Inmediatamente después (5 de junio), Mariano Rajoy anunció que abandonaba la presidencia del PP y que dejaba la política tras perder el Gobierno. Para elegir a su sucesor se celebró el XIX Congreso de carácter extraordinario, durante los días 20 y 21 de junio, en el que se eligió a Pablo Casado como Presidente frente a Soraya Saiz de Santamaría. El PP quiso disfrazar de cambio generacional lo que era una vuelta al pasado, a la era Aznar, y un puente con la corriente neofascista que recorría gran parte del planeta alentada por Trump.

11.               La elección de Bolsonaro

El 28 octubre, el ultraderechista Jair Bolsonaro, un exmilitar de 63 años nostálgico de la dictadura, ganó las elecciones en Brasil con el 55,13% frente al 44,87% de Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores. Concluía así una campaña marcada por la tensión, la desinformación en las redes sociales y, sobre todo, por las actitudes antidemocráticas de Bolsonaro. Sus amenazas y diatribas abocaban al mayor país de América Latina a la incertidumbre y refuerzaba el auge de la ultraderecha en todo Occidente.

12.               La formación del nuevo gobierno

Pedro Sánchez formó un gobierno compuesto por 17 carteras ministeriales, con mayoría de mujeres. Durante 2018, a pesar de su debilidad parlamentaria, llevó a cabo una importante labor legislativa:

a)      Cambio en la legislación de las renovables

El Real-decreto Ley 15/2018, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores ponía fin a tres años del muro de contención que Rajoy había levantado a las energías renovables prohibiendo el autoconsumo compartido e instaurando el polémico impuesto al sol. En 2017 el TC derogó la prohibición, pero no lo legalizó con lo que se creó un vacío legal. El nuevo marco normativo simplificó la tramitación administrativa y técnica y ha eliminó tasas. Y, lo más importante, permitía el autoconsumo compartido, no solo entre vecinos de un mismo bloque, sino entre varios edificios de una misma manzana que quieran ahorrar en la factura.

b)     SMI

Subida del SMI hasta los 900 €, el 22,3%, la mayor subida en la historia del SMI que afectó directamente a unos 1,6 millones de trabajadores y beneficiaba en gran medida a las personas jóvenes.

c)      Revalorización de las pensiones

Revalorización de las pensiones del 1,6% para 2019 y las mínimas y no contributivas en un 3%.

d)     El acuerdo de los autónomos

Acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Trabajo y las organizaciones de autónomos (ATA, UPTA, UATAE y CEAT) para que los autónomos aportaran una mayor cotización, un incremento del 1,25% a la base mínima de cotización a la seguridad social, a cambio de una mayor protección: se duplicó el periodo durante el cual se tiene derecho a la prestación por desempleo, hasta 24 meses, se establece una tarifa plana para las madres tras la baja por maternidad de 60 euros en los 24 meses posteriores a la baja de maternidad, y se eximía del pago de la cuota desde el inicio del tercer mes de incapacidad por enfermedad.

e)      El Aquarius

En junio de 2018, el gobierno de Pedro Sánchez permitió que la ciudad de Valencia acogiera el barco de salvamento Aquarius con 630 náufragos, como una cuestión humanitaria y urgente.

f)       Vivienda

El Real-decreto Ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, volvió a ampliar el plazo de los contratos de alquiler de 3 a 5 años.

13.               Las elecciones andaluzas del 2 de diciembre (XI LEG.)

Susana Díaz, a pesar de tener asegurado la mayoría parlamentaria por el apoyo de Ciudadanos, convocó elecciones anticipadas para el 2 de diciembre. La participación fue del 56.44 %, con los siguientes resultados:

PSOE-A, 1.009.243 votos (27.95 %), 33 escaños.

PPA, 749.275 votos (20.75%), 26 escaños.

Ciudadanos, 659.631 votos (18.27 %), 21 escaños

Adelante Andalucía, 584.040 votos, (16.18 %), 17 escaños

Vox, 395.978 votos (10.97 %), 12 escaños.

Los resultados de las elecciones andaluzas del 2D supusieron:

* el fin de un ciclo de gobiernos ininterrumpidos del PSOE desde la creación de la Junta, por la bajada de votos que experimentó el PSOE: perdió 402.035 votos, el 28,48 % de sus votos, con respecto a las anteriores elecciones andaluzas y obtuvo 14 escaños menos.

* El inicio de la presencia de la ultraderecha en los parlamentos.

* Una alta abstención con bajada de la participación de un 3,65%, y 326.053 votos menos, concentrada en las personas que venían votando a la izquierda.

* La mayoría para el bloque de la derecha que ganó 350.881 votos, pasando de 1.454.003 votos a 1.804.884, y del 39,43% (sumando PP, Ciudadanos, Upyd, PA y Vox) al 49,99%. Dentro del bloque de la derecha hubo un trasvase desde el PP hacia Vox y Ciudadanos. El PP perdió 316.410 votos, un 29,69% de sus votos de 2015.

* Los malos resultados de la coalición Adelante Andalucía: perdió 282.519 votos, un 32,60%, y 3 escaños, con respecto a la suma de IU y Podemos en las elecciones autonómicas de 2015.

* La bajada de votos del bloque de izquierdas (669.545 votos menos que en las anteriores elecciones autonómicas) y 17 escaños menos.

14.               Cambio climático

El 15 de diciembre se clausuró la COP24, la conferencia de la ONU sobre el cambio climático celebrada en Katowice (Polonia), que incorporó en sus conclusiones la referencia al informe científico que apelaba a la importancia de acometer cambios «urgentes y sin precedentes» para limitar el aumento de la temperatura del planeta a 1,5 grados, tras una gran controversia. La delegación de Estados Unidos cuestionó y rechazó las investigaciones y evidencias científicas que demostraban el calentamiento global y sus consecuencias catastróficas y lideró un grupo de países que también mostraron su desacuerdo que, como Estados Unidos, se retiraron del Acuerdo de París. Brasil anunció su renuncia para ser la sede del COP25, lo que implicó un aumento en la preocupación para la lucha contra el cambio ambiental, teniendo en cuenta que en Brasil está el Amazonas, el gran pulmón del planeta.

 

(*) Imagen de la artista plástica Marcella Campagnano