Desahucios: moratoria, dación en pago y alquiler social

 

 

En un conocido poema  Bertolt Brecht expresaba sus dudas sobre si era más inmoral robar un banco o fundarlo. Viendo la conducta de estos en los desahucios no cabe duda alguna: fundarlo. El espectáculo de unas entidades financieras quebrada sangrando por un lado al Estado y por otro a las familias, que a su vez están siendo sangradas por la deuda pública provocada por esos mismos bancos;  no resiste  ninguna consideración ética, política o económica. Ninguna sociedad puede sopórtalo por mucho tiempo sin destrozar la cohesión social y la confianza mutua básica.

Por ello entre las urgencias más urgente de cualquier acción de gobierno esta parar este enloquecido proceso que lleva a centenares de miles de personas a no tener ni siquiera “donde  caerse muerta”. La inseguridad psicológica y el estrés que ocasionan los desahucios, o la expectativa de estos; tiene unas consecuencias demoledoras sobre la salud de las  personas y sobre los vínculos sociales. La expresión más dramática de estas devastadoras consecuencias son los suicidios, como los del vecino del barrio granadino de la  Chana.

Tres medias deben ser aprobadas inmediatamente, con la prontitud y la diligencia que propia de una situación de “emergencia social”. Primero una moratoria de cinco años  en cualquier desahucio cuyos inquilinos no tenga otra vivienda disponible ni renta para la misma. La moratoria podría ser prorrogada si continúa las condiciones  que la justificaron. La segunda medida modificar la ley hipotecaría, y la legislación civil afecta,  para aprobar la dación en pago, de tal forma que con la entrega  quede saldada toda la deuda. Esta modificación sería definitiva y  sólo se aplicaría a aquellos casos en que el inquilino dispone de otra vivienda o de renta suficiente. Y una tercera acción consistente en la creación de un banco  de viviendas  de alquiler social (gestionada por CCAA y ayuntamientos)   provenientes de los stock de vivienda que poseen  los bancos que reciben dinero público.

Después habrá que cambiar muchas cosas. Habrá que reformar toda la política urbanística, de vivienda y de suelo  pero estas tres medias no pueden esperar. La fórmula del decreto-ley puede ser un buen instrumento legislativo para su aprobación. Los costes económicos son mínimos habida cuenta de la saturación y parálisis del mercado inmobiliario. Incluso puede ser un incentivo al aumento del consumo familiar y la obtención de una cierta tasa de retorno por los inmuebles almacenados. Hay que actuar con la diligencia y la contundencia propia de una situación de “emergencia social” como si de una “catástrofe natural”, sólo que en esta ocasión  se trata de ese terrible “ciclón atlántico” que es el neoliberalismo.