Gobierno andaluz de izquierdas, error de inicio. Rectifiquen pronto

Mario Ortega./ Lo primero un poquito de memoria. Esta vez no es difícil. No hace tanto:

1. Un pacto nocturno y alevoso, cambió el artículo 135 de la Constitución para limitar el déficit público de acuerdo con imposiciones del eje roto Merkel/Zarkozy. Este último trabajo de ZP ha permitido al Gobierno de Rajoy imponer sus propios criterios sobre distribución de déficit público entre Estado y Comunidades Autónomas. En el fondo de esta distribución está destruir los indicadores del estado del bienestar relacionados con la salud, la educación pública y los servicios sociales. Que por cierto ya estaban muy por debajo de la media de la UE-16. Esta Ley de estabilidad presupuestaria obliga a la comunidad andaluz a rehacer sus presupuestos restringiéndolos en 2.500.000.000 (si, dos mil quinientos millones de euros).

2. Unos presupuestos generales del Estado que incumplen el Estatuto de Autonomía de Andalucía, detrayendo de las obligadas aportaciones del Estado 1.860.000.000 euros (sí, mil ochocientos sesenta millones de euros). Andalucía no puede dar las gracias al PP.

3. Recortes e imposiciones por parte del gobierno centralista con medidas de pérdida de derechos y calidad en sanidad, educación y servicios sociales, justo las partidas presupuestarias que permiten la gestión de derechos universales a las comunidades autónomas.

Vale, la ley es la ley y un gobierno tiene que cumplirla y los partidos ganar elecciones para poder cambiarla. Son las reglas del juego democráticas. Si no se cumple se recurre, es lo que debe hacer Andalucía para que España cumpla nuestro Estatuto (no olvidemos que el Estatuto es norma de rango constituyente.)

Ahora bien, cuando analizamos el cómo ha actuado el gobierno de izquierdas andaluz para cumplir la ley todo chirría. IU prometió diálogo y participación con la sociedad, y resulta que los recortes salariales y modificaciones de condiciones laborales aprobados no se han negociado con los sindicatos, ni siquiera se han explicado a la sociedad sosegadamente con carácter previo al Consejo de Gobierno de ayer (15/05/12).

El recorte en la masa salarial de los trabajadores públicos es el último de una serie reciente que se inició en junio de 2010, tras el mayo traidor de Zapatero. Ya va un acumulado próximo al 18 por ciento. Este último recorte debía haber sido fruto de la negociación colectiva en el ámbito de la administración. Estoy seguro que tal vez hubiese sido aceptada una nueva reducción salarial a cambio de mejora en derechos laborales y sin tocar los tramos salariales más bajos, y, sobre todo a cambio de un compromiso legal firme de mantener el empleo público en su totalidad (tal vez aumentarlo), no ceder ni un gramo en educación ni en sanidad, asumiendo Andalucía el gasto que va a dejar de aportar el Estado, y estableciendo contrapartidas en políticas de género. Trabajar menos para que trabajen más podría haber sido un principio negociador.

En este marco, y a pesar de que los sindicatos de clase se pringaron con el gobierno andaluz a tope para ejecutar una reforma de la administración pública que rompía los principios de igualdad, mérito y capacidad, y que colocaba al sector fucionarial en situación de agravio frente a la trama de empresas públicas creadas durante la hegemonía pesoística, Griñán y los sindicatos de clase debía haberse plateado la redefinición de esa reforma cuestionada ya a fondo en los tribunales, desde el punto de vista de la eficiencia presupuestaria.

Pero vayamos a más, este momento en que era necesario reconocer la indisponibilidad para Andalucía de dos mil quinientos millones de euros, era el momento oportuno para, como anunció griñán en su discurso de investidura, «explorar la fiscalidad ecológica».

Ya sabemos que el margen de política fiscal para el gobierno andaluz es muy estrecho, pero por qué no relacionar la subida en el tramo del impuesto de los combustibles, el llamado céntimo sanitario», con nuevas políticas de transporte público urbano e interurbano (movilidad sostenible) que tienen un fuerte potencial de generación de empleo en Andalucía, por qué no relacionar tal medida con la disminución de emisiones de CO2 y con la disminución del gasto sanitario consecuencia de la mejora de la calidad del aire.

Por qué no explorar los impuestos en materia de residuos, emisiones y efluentes a grandes empresas, por qué no explorar la subida de impuestos a las grandes superficies comerciales que ocupan territorio y crean islas de calor y asfalto.

Por qué no explorar la tasa ecológica hotelera, que no está mal vista en el mercado externo europeo dada la fuerte conciencia ecológica en algunos países que son nuestros tradicionales mercados turísticos.

Y todo ello, por qué no hacerlo previa cita con las organizaciones ecologistas, buscando connivencia y consenso.

Esperemos que, no obstante, el nuevo recorte a las y los empleados públicos, sirva de verdad para mantener la ratio y el número de unidades educativas, para evitar los recortes sanitarios, y para antender a toda la población sea inmigrante o no y se encuentre en la situación legal que se encuentre.

Por lo demás, nada más que decir, que seguiremos pendientes de lo que ocurra, y que demandaremos diálogo con la sociedad civil, participación, transparencia, racionalidad, y austeridad, sí, pero que conduza a favorecer las condiciones para un cambio de modelo productivo y marque en Andalucía con claridad una ruta distinta a la marcada por el gobierno centralista del Partido Popular.