Guadalquivir , el regreso del centralismo

 

18/03/2011.

La sentencia del Tribunal constitucional declarando inconstitucional el artículo 51 del Estatuto de Autonomía es un grave error  que hay que enmarcar en el plano de una ofensiva neocentralista  que no ha hecho sino comenzar. Que nadie entienda  que esta es una sentencia basada en criterios de mejora  ambiental o hidrológica. El TC solo debe juzgar si hay contradicción o no entre lo que establece la constitución y la norma  sobre la que se presume inconstitucionalidad. Esta es una sentencia constitucional con una clara orientación y vocación política.

Esta sentencia es, frente a lo que pudiera parecer para una lectura poco atenta o ilustrada, es  un ataque  muy lesivo al principio de unidad de cuenca hidrográfica. El objetivo básico de este principio es el mantenimiento de  una simetría entre la dimensión  y localización  de gestión administrativa  y los límites físicos del recuro (que no es sólo el rio sino la cuenca).  Proteger esta simetría no es sólo protegerla frente a posibles fragmentaciones por abajo  (locales o comarcales), sino también por arriba  (estatales). Andalucía es ese punto de simetría equilibrado en relación a las dimensiones  territoriales y ecológicas de la cuenca del Guadalquivir).Esa simetría la destroza el TC con su españolísima sentencia. Nada hay en esta sentencia que beneficie y al medo ambiente, y al uso eficiente y sostenible del  agua. El objetivo es otro;  recentralizar el poder político   atacando allí donde se visualiza material pero también simbólicamente  como es este caso, la capacidad de autonomía.

La misma técnica constitucional  utilizada por delata la  intención de “hacer daño político” político a Andalucía y al Estado de las Autonomías de paso. Si al TC le preocupaba la gestión  solidaria  y coordinada del Guadalquivir, la evitación de  exclusiones o de usos despilfarradores podía haber optado  por una sentencia interpretativa del  artículo 51 y no por una sentencia  derogatoria, como finalmente ha hecho. La redacción del artículo 51 permitía  d e manera  cómoda  una sentencia interpretativa cuando incluye clausulas de salvaguarda del tipo de “sin perjuicio de la planificación general del ciclo hidrológico, de las normas básicas sobre protección del medio ambiente, de las obras públicas hidráulicas de interés general y de lo previsto en el artículo 149.1.22ª de la Constitución” (art.51) Con estas cláusula era perfectamente posible haber dictado una sentencia interpretativa,  el TC no ha querido, la intencionalidad política es evidente. Por medio de una sentencia interpretativa  se podrían haber blindado todos  estos aspectos,  sin por ello crear el vacío legal actual, y la fragmentación  centralista  de la unidad de cuenca. Y de camino haber eludido el bofetón  moral   a la comunidad autónoma   andaluza. Pero tal vez era eso lo que se buscaba.  ¿Qué será lo próximo la Alhambra, ¿la Giralda?, ¿El flamenco?.

Algunos sectores han valorado  la sentencia positivamente en la creencia de que una gestión centralizada garantiza una mejor  administración del rió  en los aspectos ambientales, hídricos y administrativos. Tal opinión que carece de fundamento  empírico y se basa en un virus  ideológico que el centralismo difunde: el poder central (Madrid)  es más ecológico y eficiente  que las CCAA. O lo que es lo mismo la centralización es más eficiente ecológicamente  que la descentralización. Esto es manifiestamente falso como ley general. Nada, ningún modelo de administrativo garantiza una gestión eficiente  y ecológica de los  recursos naturales.  La prueba empírica de que esto  es asi es la misma  historia  de la gestión del Guadalquivir o de la masas  forestales  y bosques  andaluces ¿Hubo algo más dañino  ambientalmente que esa  pesadilla  de los ingenieros del ICONA o de las Confederaciones  Hidrográficas cuando dependían de Madrid? La Junta  de Andalucía  ha podido acercarse peligrosamente  a estos nefastos organismos  pero superarlos no. Ejemplo como estos habría otros muchos que aducir. Una somera revisión de la historia  de las políticas hídricas o forestales en España bastaría para desmontar la ecuación entre centralismo y sostenibilidad.

Sabemos por el contrario  que la descentralización es .como tendencia estructural,  el modelo institucional que puede fomentar  mejor políticas de gestión sostenible de los recursos natrales con la mayor  implicación  de  las  poblaciones en la conservación y la eficiencia. Los estudios que desde la ecología política se han vendió realizando  confirman esta tendencia. Modelos  de gestión descentralizada, colectiva y coordinada de los recursos  naturales, entendido como bienes comunes,  ha demostrado  ser los más vigorosos tanto histórica como experimentalmente. De manera   transitoria puede producirse una concentración de decisiones pero  el marco estable debe ser el de la descentralización si queremos que la gestión sea sostenible.

El  Guadalquivir es física,  simbólica y ecológicamente andaluz y esta realidad no la va a cambiar ninguna sentencia. Pero si no reaccionamos ante esta agresión política, vendrán más y serán peores.