Paralelo 36 Andalucia Espacio de pensamiento y acción política
Nota de prensa de Los Verdes.En el año 2006, en el marco del comienzo de la investigación de la trama Malaya, el diputado verde Francisco Garrido pidió a la fiscalía una investigación seria sobre las ilegalidades urbanísticas de las naves de Colecor en la carretera cordobesa de Palma del Río. La fiscalía dio entonces un rápido carpetazo al asunto, cuando Rosa Aguilar era todavía alcaldesa de Córdoba por IU. Las naves habían sido contruidas por la empresa Arenal 2000, propiedad de Rafael Gómez, apodado Sandokán.
Ecologistas en Acción cree que la ministra pudo prevaricar como alcaldesa de Córdoba
Gómez ha realizado varias declaraciones públicas en el sentido de que el Ayuntamiento sabía cuáles eran sus planes de construir un centro comercial de venta al por mayor y que de forma tácita se le dio el visto bueno para seguir adelante con sus planes. Y fue aún más explícito al asegurar que ese permiso se pidió a quien ostentaba el poder municipal y que se obtuvo una autorización «verbal» para que las obras se desarrollaran. Además, aseguró que se tuvieron reuniones directas con Aguilar, la última de ellas cuando era consejera de Obras Públicas, para reducir la multa de 24,6 millones de euros y dejarla en 6.000 euros. El alcalde de Córdoba, Andrés Ocaña, calificó esas declaraciones de absurdas. «Uno de los implicados dice en voz alta lo que era evidente, esto es, que es imposible no ver la construcción de semejante estructura hasta su conclusión, sin que se hubiera precintado la obra con anterioridad», afirma Ecologistas en Acción.
Un portavoz de la organización explicó que las palabras de Gómez son lo suficientemente relevantes como para constituir un indicio de que se ha cometido un presunto delito de prevaricación al permitir desde la autoridad municipal una construcción sin licencia mediante la omisión de los controles municipales. Ecologistas en Acción considera que las palabras de Gómez tienen el carácter de una «autoinculpación».
Ecologistas en Acción cree que la ministra pudo prevaricar como alcaldesa de Córdoba
Gómez ha realizado varias declaraciones públicas en el sentido de que el Ayuntamiento sabía cuáles eran sus planes de construir un centro comercial de venta al por mayor y que de forma tácita se le dio el visto bueno para seguir adelante con sus planes. Y fue aún más explícito al asegurar que ese permiso se pidió a quien ostentaba el poder municipal y que se obtuvo una autorización «verbal» para que las obras se desarrollaran. Además, aseguró que se tuvieron reuniones directas con Aguilar, la última de ellas cuando era consejera de Obras Públicas, para reducir la multa de 24,6 millones de euros y dejarla en 6.000 euros. El alcalde de Córdoba, Andrés Ocaña, calificó esas declaraciones de absurdas. «Uno de los implicados dice en voz alta lo que era evidente, esto es, que es imposible no ver la construcción de semejante estructura hasta su conclusión, sin que se hubiera precintado la obra con anterioridad», afirma Ecologistas en Acción.
Un portavoz de la organización explicó que las palabras de Gómez son lo suficientemente relevantes como para constituir un indicio de que se ha cometido un presunto delito de prevaricación al permitir desde la autoridad municipal una construcción sin licencia mediante la omisión de los controles municipales. Ecologistas en Acción considera que las palabras de Gómez tienen el carácter de una «autoinculpación».
Lo de Córdoba es mucho peor que la película El Padrino III