Por un nueva política de ‘welfare’

 

Andrea Fumagalli.

Las transformaciones del mercado de trabajo de los dos últimos decenios han hecho urgente una redefinición de conjunto y una rearticulación de las políticas de welfare. Dicha cuestión no siempre ha suscitado el interés adecuado del pensamiento económico de izquierdas y alternativo. En el debate socio-económico actual, dos son las concepciones del welfare que, sobre todo, atraen la atención de los estudiosos y de la política: por un lado, el workfare y, por otro, el welfare público de inspiración keynesiana. Con el término workfare se hace referencia a un sistema de welfare no universalista de tipo contributivo (esto es, en el que cada uno recibe en función de cuánto da, como ya ocurre hoy con la reforma de la seguridad social), estructurado en torno a la idea de proveer una ayuda en última instancia allá donde se den condiciones existenciales que no permiten trabajar y, en consecuencia, acceder a aquellos derechos que sólo la prestación laboral está en condiciones de garantizar. La idea de workfare es, por otra parte, complementaria de los proyectos de privatización de buena parte del welfare público, empezando por la sanidad, la educación y la seguridad social. Tales proyectos encuentran hoy su fundamento en el llamado ‘principio de subsidiariedad’, según el cual, en las materias que no son de competencia propia exclusiva, pueden intervenir niveles superiores de gobierno (i.e., el Estado) sólo y en la medida en que se considera que los niveles inferiores (i.e., las Regiones) no están condiciones de conseguir los objetivos previstos de manera satisfactoria. Traducido a la práctica, esto significa que la intervención pública puede tener razón de ser sólo donde la iniciativa privada no está en condiciones o no considera conveniente intervenir. Mientras, por otro lado, el workfare tiene como objetivo inmediato y parcial sólo a quien se encuentra fuera del mercado de trabajo, como los parados y los jubilados que cobran las pensiones más bajas, y se basa en la neta distinción entre políticas sociales y políticas laborales. Un concepto, pues, meramente fordista con el añadido de un marco neoliberal conforme al modelo anglosajón: incentivos al trabajo y estado social mínimo. El protocolo sobre welfare, competitividad y mercado de trabajo del 23 de julio de 2007, destilado por el entonces ministro de Trabajo Cesare Damiano, quería representar su aplicación en Italia. El decreto 112 del último agosto, que anticipa las líneas de la Ley Presupuestaria para el trienio 2009-2011, sanciona su realización. Lo confirman los recortes en el gasto destinado a ciertos ministerios en el desarrollo de sus competencias: 8400 millones de menos para 2009, que se convertirán en 15600 millones en 2011. Lo confirma la reescritura del pacto de estabilidad con los entes locales (reducción de cerca de 3000 millones en 2009 y de 9000, en 2011) que traerá consigo la simpática consecuencia de aumentar las tarifas de los servicios públicos en perjuicio de los residentes o de proceder a ulteriores privatizaciones. Lo confirman también los recortes al fondo nacional para el sistema sanitario nacional, que conocerá, en 2009, una reducción del gasto sanitario de casi el 3% en términos reales y del 2% en 2011, con la consiguiente reducción de camas hospitalarias y de gastos para el personal (bloqueo de los turnos, redimensionamiento de los fondos para la contratación complementaria, etc.). Lo confirma el inicio de un principio de desmantelamiento de las universidades públicas en beneficio de su transformación en fundaciones de derecho privado (¡ni siquiera de derecho público!). Pero esto no basta, aún hay más. Como toda buena política de workfare exige, también están obviamente presentes las intervenciones en el ámbito del mercado de trabajo y de la subsistencia (aunque sólo para los ciudadanos italianos autóctonos). Y ahí tenemos, entonces, la controvertida norma sobre los trabajadores precarios, que tan sólo prevé una escasa compensación monetaria para los trabajadores con contrato de duración determinada en contencioso con los empleadores, y ya no su contratación, con lo que vuelve ‘legalmente’ estructural, vitalicia, la precariedad. Y, paralelamente, hace su aparición la limosna de una ‘social card’ (según el modelo de las cartillas de racionamiento del período bélico) que permite la adquisición de bienes alimentarios de primera necesidad a los indigentes.

A esta idea de workfare, se quiere contraponer –sobre todo, por parte de la llamada izquierda radical- el retorno del welfare público o keynesiano. El Estado debería hacerse cargo de una intervención de alcance universal con capacidad para garantizar a todos los ciudadanos (que no siempre coinciden con los residentes) algunos servicios sociales básicos, como la salud, la educación y la asistencia a lo largo de toda la existencia (de la cuna a la tumba, según la famosa definición del informe Beveridge de la segunda posguerra) a cambio de la participación en el trabajo y en la definición de un pacto social entre los factores de la producción. En cuanto al hecho de que algunos servicios sociales primarios (como, por ejemplo, la educación y la sanidad) deban seguir siendo públicos, no hay duda de ningún género. Sin embargo, con la crisis del modelo fordista, vienen a establecerse algunas precondiciones para que tal modelo pueda cumplir su cometido de forma equitativa dentro de un marco de justicia social. Me refiero en particular a la crisis del estado-nación, entendido como ámbito nacional en condiciones para desarrollar políticas económicas de modo independiente, aunque también de forma coordinada, con respecto a otros estados; a la imposibilidad de medir la ganancia de productividad y, en consecuencia, de proceder a su distribución entre beneficios y salarios; a la impracticabilidad de establecer relaciones industriales no concertativas entre partes sociales que se reconocen recíprocamente como contrapartes conflictivas y legitimadas en el nivel institucional con capacidad para representar de modo claro y unívoco los intereses empresariales y de los trabajadores. Ninguno de estos tres presupuestos está presente hoy en el capitalismo cognitivo desde el momento en que el dispositivo de gobernanza político-social ya no puede retornar al modelo fordista. En otras palabras: el welfare keynesiano es insuficiente. ¡Queremos más! De donde se sigue la necesidad de reformular la idea del welfare state, en lo que nos detendremos en breve. Si bien éstas son las dos concepciones fundamentales sobre el terreno, otras hipótesis, que representan situaciones particulares e híbridas, son posibles: el welfare escandinavo, por ejemplo, que da origen a las políticas de la flexicurity, que se presentan como un momento de síntesis del welfare keynesiano de tipo no siempre universalista, pero equilibrado con las exigencias de flexibilización del mercado de trabajo y la existencia de un mercado de trabajo fuertemente homogéneo, incorporando algunas de las características del workfare. Y, por el lado latino-mediterráneo, podría citarse también el welfare familiar, una mezcla de workfare y de asistencialismo no universalista.