Portada / Andalucismo / Ad sidera, ad inferos (regularización por decreto de viviendas ilegales)

Ad sidera, ad inferos (regularización por decreto de viviendas ilegales)

vivienda ilegalDECÍAN los juristas latinos que la propiedad de la tierra comienza en las estrellas y termina en los infiernos (usque ad sidera, usque ad inferos). Hoy no. Unos propietarios nacen con estrella y otros viven en los infiernos. Pertenecen al primer grupo todos aquellos dueños de viviendas construidas en suelo no urbanizable, ilegales en su mayoría, que podrán ser regularizadas en breve gracias a un decreto de la Junta. El resto de los mortales padecemos el infierno de la hipoteca y la amenaza permanente de perder nuestra casa.

Por la misma razón que los socialistas ya están en campaña electoral, hace un mes se elaboró un Proyecto de Decreto por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en Andalucía. Es un texto farragoso que esconde buenas y malas intenciones. Parece bueno que la norma quiera poner punto final a las parcelaciones ilegales y empezar de cero. Sin embargo, entre sus maldades se parapeta la sandokanización de Andalucía. Una inmoralidad que deja de serlo cuando se realiza por decreto y casi clandestinamente.

Se llamaban “fuera de ordenación” a aquellas construcciones en suelo no urbanizable que devenían disconformes con el ordenamiento jurídico vigente. Por ejemplo, una casa vinculada a una explotación agropecuaria vive en una especie de limbo jurídico, de “alegalidad”, ya que no es justo que se le aplique una norma nueva y distinta a cuando fue edificada. El decreto ha eliminado la palabra “devenir”. Una perversión sutil que equipara estas construcciones “alegales” con las ilegales. Dos supuestos radicalmente distintos: aquéllas merecen protección, estas no. En ningún caso las ilegales tienen derecho a suministro, ni quedan eximidas de derribo por la administración (antes de los cuatro primeros años) o por sus dueños después. Ya no será así. La nueva norma permitirá el acceso al Registro de estas viviendas ilegales disfrazadas como “fuera de ordenación”, electoralmente rentables, permitiendo su tráfico jurídico con normalidad. Y sus dueños, libres de cargas mentales e hipotecarias, disfrutarán de las estrellas a cielo abierto que tú no puedes ver desde un tercero interior.

En los infiernos sobreviven quienes reciben órdenes de embargo por impago hipotecario. Algunos son consecuencia de la borrachera inmobiliaria que les indujo a comprar coches ampliando el préstamo sobre la vivienda. Pero la inmensa mayoría son parados o trabajadores en precario que han decidido comer antes que seguir engordando a los banqueros. Que me quiten la casa y no deba más (dación en pago), o que me suban el tope que no podrán embargarme (mínimum vital), no son las soluciones sino partes de la tragedia: ni tengo techo donde dormir, ni dinero para comer. Los remedios deben llegar antes, por ejemplo, adelanto público de la deducción fiscal por vivienda; renegociación de la hipoteca a mayor plazo con cargo a la administración a devolver sin intereses… Desgraciadamente, siempre será más fácil y siniestro legalizar que legitimar las conductas humanas. Porque la ley habita en los infiernos. Y la legitimidad en las estrellas.

Articulo publicado en El Día de Córdoba

Un comentario

  1. Las viviendas irregulares son una realidad, y negarla es un absurdo, tanto como pedir su destrucción, que nada aporta a la riqueza nacional, ni autonómica, ni local, estas viviendas forman en la mayoría de los casos el único patrimonio de familias enteras y frecuentemente su único techo, demolerlas, derribarlas, y destruirlas son actos terroristas, aunque sean amparados por una ley, y construir por muy clandestino que haya sido, es susceptible de sanciones proporcionadas, justas, asumibles por una economía familiar, también se debieron realizar actos preventivos,pero nunca de demoler, porque siempre se pudieron haber parado o denunciado por aquellos que hoy ven la solución en la demolición.
    Los propietarios de las viviendas deben compensar al erario público la legalización de sus viviendas con sanciones acordes a la situación económica del pais, y de las familias, a lo sumo un 20% del valor de la edificación, sanciones superiores son casi un embargo de las propiedades, y si a esas sanciones se les suman las ordenes de demolición es ya una confiscación de bienes, no una hipoteca, solo pedimos coherencia, proporcionalidad y regularización.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *