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Transformaciones del poder económico en Andalucía. Reacomodo de las viejas oligarquías y los nuevos poderes transnacionales.

mayday_tecnocasa En las páginas que siguen se trata de presentar el caso andaluz como ilustración del desplazamiento de lo económico desde la producción y el comercio de mercancías a la mera apropiación, desposesión y utilización de activos patrimoniales en beneficio de quienes están en mejores condiciones para manejar a su favor las reglas del juego que rigen en el sistema, moduladas, en esta etapa de la globalización, desde el ámbito de lo financiero. Para ello vamos a centrar la atención en las partes más relevantes del patrimonio empresarial en Andalucía: la industria agroalimentaria, actividad que ocupa un primer plano en la especialización de la economía andaluza dentro de la división espacial del trabajo, y el negocio inmobiliario, que en las últimas décadas ha venido ocupando un lugar central en las formas de adquisición de riqueza.

2. Dedicación de la economía andaluza y precedentes de la situación actual.
El perfil de la especialización de la economía andaluza nos puede servir como una primera aproximación para ver alrededor de qué actividades se sitúan las partes más relevantes del patrimonio empresarial en Andalucía. Este perfil queda bien dibujado en el gráfico 1, donde se tiene la participación, por ramas de actividad, en el total español equivalente para 20041. Las actividades que ocupan los lugares de cabeza de la jerarquía, agricultura, extractivas, alimentarias y construcción, denotan la permanencia, e incluso la profundización en la dedicación de Andalucía a tareas primarias estrechamente vinculadas a la explotación de sus recursos naturales.
En alimentarias el núcleo de actividades gira en torno a la elaboración de aceite, vinos, azúcar, y en la última etapa cerveza. Las tres primeras suponen una fuerte proximidad con la agricultura, una prolongación difícilmente separable de la misma, que, históricamente, no sólo no fue incompatible con la estructura agraria tradicional, sino que constituyó un apoyo fundamental para el mantenimiento y reproducción de la misma (Delgado, 2004).
Esta especialización define a Andalucía como área abastecedora de materiales y energía, territorio periférico de apropiación y extracción de recursos, subordinado a las necesidades de los procesos de crecimiento y acumulación de regiones como Cataluña, Madrid o el País Vasco. La economía andaluza se sitúa en las antípodas, en el envés de las tareas que en la división espacial del trabajo desempeñan las economías centrales, dedicándose en gran medida a actividades generadoras de daños sociales y ambientales que permanecen ocultos si utilizamos la red analítica de la economía convencional.

Gráfico 1
Andalucía. Participación en el total español equivalente. VAB. 2004.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Contabilidad Regional.

En relación con el tejido empresarial, desde los años 60 y hasta los 80 del siglo XX se ha venido observando en Andalucía un triple proceso: destrucción de formas locales de producción, ante las dificultades para competir con otras áreas, expansión de algunas empresas ligadas a las actividades que nuclean la especialización productiva andaluza –especialmente agroalimentarias-, y penetración o localización en el territorio andaluz de grandes establecimientos, pertenecientes a grandes grupos empresariales que provienen del proceso de concentración de capital en las regiones centrales. Asistimos así al desplazamiento de algunas actividades industriales a Andalucía (Química básica, Refino de petróleo, Papel y productos derivados, Producción y primera transformación de metales), cubriéndose aquí las primeras fases de elaboración de procesos cuyos eslabones finales se localizan en las áreas centrales. Se busca en Andalucía el aprovechamiento de “mejores condiciones” ecológicas y sociales para los establecimientos que se instalan en la región. En este período, medio centenar de empresas, asociadas la mayoría a este tipo de actividades, dominan la inversión industrial que tiene lugar en Andalucía. Se trata de grandes establecimientos pertenecientes a grupos financieros que tienen su origen y se han desarrollado en el proceso de acumulación acontecido en las regiones industrializadas. En las actividades más ligadas al tejido empresarial “autóctono”, especialmente en la industria agroalimentaria, donde el tamaño medio de la inversión necesaria es menor, prosperan en esta etapa negocios y empresas vinculados en mayor medida al capital local.
A finales de los 90 los principales establecimientos agroalimentarios localizados en Andalucía son ya el resultado de una intensa reestructuración que ha tenido lugar a partir de los años 80, en gran medida como consecuencia de la inserción de la economía andaluza en un contexto en el que, cada vez en mayor medida, los circuitos esenciales de acumulación de capital aparecen dominados por grandes organizaciones empresariales cuyas estrategias contemplan ahora tanto la gestión de los recursos como el acceso a los mercados a escala global. Se trata no sólo de una extensión cuantitativa de lo que había antes, sino de un cambio cualitativo en los modos de organización condicionado en gran medida por el protagonismo que ahora adquiere el capital financiero (Marsden y Whatmore,1994); un capital que, a la vez que hace posible la concentración, expansión y reorganización de las corporaciones agroalimentarias a escala planetaria, modula el funcionamiento del sector desde criterios de “racionalización” construidos bajo el imperativo de la “creación de valor” financiero; desde esta lógica financiera se ve estimulada la eliminación de restricciones para la localización, el aprovisionamiento, la producción y la distribución agroalimentaria.
En este contexto, nos encontramos en el agroalimentario andaluz con un proceso de fuerte polarización empresarial, e intensa concentración, fruto de los procesos de fusión y adquisición llevados a cabo por las grandes firmas del sector, de tal modo que una veintena de establecimientos acaparan en 1998 un porcentaje muy importante del valor de la producción, el empleo o la inversión. Las actividades a las que se dedican estos establecimientos giran en torno a bebidas sin alcohol (refrescantes o agua), cerveza o lácteos, o subsectores más vinculados a la existencia y explotación de inputs locales (vinos, aceite y aceitunas, arroz) (Delgado y Márquez, 1999).
En este grupo, desde el que modula en gran medida el proceso de crecimiento y acumulación del agroalimentario andaluz, encontramos tres características de interés a reseñar aquí:

1.por una parte, una creciente vinculación de las empresas a las que pertenecen estos establecimientos a grandes grupos empresariales que actúan a gran escala, y que se traduce en la mayoría de las ocasiones en procesos de adquisición de la parte más saneada del patrimonio empresarial local desde lo global. Este sería el caso de Cruzcampo, (propiedad del grupo Guinness), Aceites Carbonell, (Grupo Koipe), Compañía andaluza de cervezas (Grupo Bavaria), Agrovic-Sur (Grupo Montmelley), o Arrocerías Herba, (Ebro Agrícolas, Cía de alimentos). A estas empresas hay que añadir las que directamente se localizan ya como establecimientos pertenecientes a grandes grupos empresariales (Danone, Donut Corporation, San Miguel, Pepsico). Se trata, en ambos casos, de establecimientos o empresas que, localizados en Andalucía, pasan a comportarse como piezas que forman parte de las estrategias globales del capital transnacional.
2.Al mismo tiempo que tiene lugar esta pérdida de protagonismo del capital local en la actividad empresarial más importante del tejido económico andaluz, encontramos algunas empresas de origen familiar local que, en su proceso de expansión, consiguen globalizarse. González Byass o la familia Hernández, serían los casos más ilustrativos de este grupo.
3.En paralelo, detrás de algunas de estas empresas de cabecera encontramos apellidos procedentes de la vieja oligarquía local, convertidos en concesionarios de prósperos negocios asociados a grandes marcas globales (Gómez-Trénor, Mora Figueroa, Bohórquez y Osborne estarán entre ellos).

3. Situación actual del patrimonio empresarial agroalimentario.
La tabla 1, en la que se tienen las principales empresas agroalimentarias en Andalucía, para el año 2000 y el 2005, nos puede servir como punto de partida para presentar la situación actual.

Tabla 1
Principales empresas agroalimentarias en Andalucía

Fuente: Base de datos Sistema de Análisis de Balances Ibérico

En ambos años, las primeras 15 empresas consideradas en la tabla acaparan casi la mitad del valor añadido por la totalidad de las empresas agroalimentarias en Andalucía. Las tres primeras se asocian con más de la tercera parte de este valor agregado total. Estas cifras reflejan una fuerte polarización empresarial, de manera que unas pocas empresas, las mayores, muestran una gran capacidad para apropiarse de valor, mientras el resto se encuentra en una situación mucho más desfavorable. Como veremos, se trata de empresas capaces de crear y adquirir dinero y de conseguir una fuerte capacidad para apropiarse de activos patrimoniales y/o ponerlos al servicio de sus estrategias financieras de creación y apropiación de valor.
A continuación presentamos los casos más relevantes de entre las principales empresas agroalimentarias localizadas en Andalucía, agrupándolos en dos categorías que resumen bien el comportamiento del conjunto: por una parte, empresas locales apropiadas por el capital global, y por otra, grupos locales que proceden de la evolución de patrimonios familiares pertenecientes a las élites tradicionales que consiguen una expansión en sus operaciones, convirtiéndose en las dos últimas décadas sus negocios en empresas “globalizadas”.

3.1.Empresas apropiadas por el capital global.

3.1.a. El Grupo Cruzcampo.
En 1904, Roberto y Tomás Osborne, nietos del fundador de una de las grandes familias bodegueras jerezanas, fundaron Cruzcampo. Todavía en los años 80 del siglo XX la empresa cervecera pertenece en un 39,2% a la familia fundadora, y a algunos grupos familiares sevillanos, con apellidos como Laffite, Barea o Ibarra, aunque ya a estas alturas ha tenido lugar la penetración de capital “foráneo” : el 28,3% es propiedad de Stroh Brevery Company (EEUU), el 4,8% de Oetker (Alemania), el 8,4% pertenece al Banco Hispano y un 13,7% está en manos de grupos familiares mexicanos. Dos décadas antes, en los 60, la empresa comienza una importante expansión, incorporando a Henninger Española en 1969, Industrial Cervecera Sevillana en 1975 y El Alcázar en 1985. En 1987 se creó el grupo Cruzcampo, con marcas como Alcázar, Estrella del Sur, Henninger y Victoria (Parrondo, 2005).
En 1991 el grupo cervecero multinacional Guinnes Brewing Wolldwide, entonces una de las primeras cerveceras del mundo y la segunda compañía de bebidas por el volumen de sus beneficios, detrás de Coca-Cola2, adquiere el 98% de las acciones de Cruzcampo por una cantidad próxima a los 100.000 millones de pesetas, la cifra más alta, hasta entonces, pagada por la compra de una empresa en Andalucía. Esta operación encaja en la reestructuración de las filiales del grupo en España, que poseía 22 marcas de cerveza en 1994, y está tratando de posicionarse en el mercado único. La distribución de las marcas del grupo, aprovechando los canales de comercialización de la marca andaluza, será una de las principales razones que justifiquen la operación.
El cambio en la propiedad del Grupo supone su paso desde lo local a conformarse como parte de un puzle global gobernado desde las reglas del juego del capital financiero, que será el que ahora de sentido a su funcionamiento. Entre las repercusiones de la nueva situación cabe señalar la internacionalización de la compra de “inputs”, que ahora obedece a las reglas impuestas por la eficiencia de aprovisionamiento del grupo en su conjunto, y que termina alejando espacialmente a los proveedores, antes vinculados al entorno regional, de cuyo tejido empresarial formaban parte, y una reestructuración que conlleva tanto la reducción del empleo como el cierre de algunas plantas como la de Victoria en Málaga para dedicarla a plataforma de distribución de las marcas del grupo.
En 1999 el Grupo Cruzcampo conoce un nuevo cambio de manos, siendo ahora adquirido por Heineken, el primer grupo cervecero europeo y el segundo a escala mundial. La adquisición de Cruzcampo (108.000 millones de pesetas3), se hace por medio de una ampliación de acciones, es decir, a través de la creación de dinero financiero (Naredo, 2000), mecanismo que permite a las empresas expandir su área de influencia y de poder, proporcionándoles una gran capacidad de compra sobre el mundo que a su vez las sitúa en una posición privilegiada para alterar o elaborar las reglas del juego del sistema a su favor. Con esta adquisición, Heineken afianza su liderazgo en el mercado europeo, se hace con marcas importantes claramente establecidas en mercados regionales, y se apropia de una red de distribución que le permite introducir sus cervezas y sus marcas y moldear así progresivamente el gusto del consumidor local.
Cuando Heineken negocia la compra de Cruzcampo, contempla también la posibilidad, que se hará real pocos años después, de obtener importantes plusvalías a través de la realización de un megaproyecto urbanístico. Una operación de especulación inmobiliaria asociada a la consecución de una recalificación de usos del suelo para los terrenos donde se sitúa la fábrica (17 hectáreas, muy próximas al centro histórico), bajo la amenaza de cerrar la planta de Sevilla y abandonar la ciudad4. Industria a cambio de recalificación. Un suelo que, en el avance del Plan General de Urbanismo continuaba siendo de uso industrial y sobre el que no había previsto cambios de uso. Posteriormente, en el año 2003 el gobierno municipal recalifica los suelos como parte de la negociación de la permanencia del establecimiento industrial en Sevilla; con el cambio de uso el Ayuntamiento modifica sus planteamientos urbanísticos iniciales, recibiendo los suelos recalificados un uso residencial, con un coeficiente de máxima edificabilidad.
Toda esta operación especulativa se presenta bajo la justificación, por una parte, de la obligación de la administración de evitar que Heineken “levante el vuelo” y abandone su actividad en la ciudad, y por otra, haciéndose alusión al encaje del proyecto dentro de una ordenación urbana en la que se encarga al director de PGOU de la búsqueda de “espacios de oportunidad” bajo el lema: “Sevilla, la construcción de un sueño” (Arquitectura social, 2007). Se trata de conseguir estos espacios de oportunidad donde hay actividades que se contemplan como obsoletas, o de “baja productividad”, de modo que las 17 hectáreas en las que se ubica la fábrica de cerveza son consideradas como “improductivas”, si se compara su uso fabril con la “productividad” de las 1.693 viviendas de alto estanding que se planean en la zona. Un ejemplo claro del desplazamiento de lo económico desde la idea de producción vinculada a la elaboración de mercancías, a la consideración ahora de productivo para lo que es mera apropiación de riqueza monetaria generada a partir de la revalorización de activos patrimoniales.
El proyecto es firmado y avalado por el star system de la arquitectura global: se legitima con la marca de cuatro arquitectos estrellas (Fóster, Nouvel, Vázquez Consuegra, e Isozaqui), que, junto con González Fustegueras como director del PGOU, ponen su imagen al servicio de esta operación de maquillaje en la que se han buscado espacios de negocio privado de cuyas migajas saldrá la financiación de lo público. Una operación que proporciona a Heineken 300 millones de euros de beneficio. La mitad, aproximadamente, de lo pagado por la adquisición del grupo Cruzcampo. Esta recalificación se decide en una corporación municipal gobernada por un pacto entre PSOE e Izquierda Unida, promoviéndose así desde la administración pública la especulación urbanística a través de un Plan que tiene como pilar básico “la participación ciudadana”.
Asociada a esta operación tiene lugar otra actuación propiciada por la familia Benjumea, accionista mayoritario de Abengoa, empresa propietaria de 4,2 hectáreas de suelo colindante con el recalificado para Cruzcampo. Ya en el avance del Plan se había cambiado el posible uso de esta parcela industrial. Lo previsto era un edificio terciario y una residencia de ancianos. Cuando Heineken llama a la puerta, la familia sevillana aprovecha para reclamar un uso residencial para su suelo, y días antes de que se aprobara en el Ayuntamiento la operación de recalificación residencial, los Benjumea crean una sociedad, (IBISA), a la que Abengoa vende el suelo, yendo así a parar las plusvalías generadas por la operación al patrimonio familiar de la saga que fundó Abengoa. (Diario de Sevilla, 30 y 31/10/2003).

3.1.b. Pernod Ricard y las corporaciones “vacías”.
En 1989, el grupo transnacional Pernod Ricard adquiere la empresa Larios, compañía y marca de ginebra malagueña todavía entonces perteneciente a una de las familias de la oligarquía andaluza que protagonizó, junto con los Loring y los Heredia, el efímero denominado “proceso de industrialización” en los años 30 del siglo XIX (Delgado, 2004). Pernod Ricard traslada, después de su compra, las oficinas de Larios a Madrid y la producción de la ginebra Larios a un establecimiento localizado en Manzanares. En Málaga se quedan algunos departamentos como contabilidad, compras, comercial y algo de bodega: el brandy 1866 y Príncipe.
En abril de 2005 Pernod absorbió a Allied Domecq por una cantidad de 11.000 millones de euros. El grupo francés financió parte de la operación con la cesión de aproximadamente la mitad del negocio resultante al grupo norteamiericano Fortune Brand, por un montante de 4.100 millones de euros. Pernod se quedó con la mayor parte de las marcas globales de licores de Allied Domecq, (gráficos 2 y 3) desprendiéndose de la firma Larios por incompatibilidad con la marca global Beaffeter, que ahora pertenece a Pernod. Larios, en manos ahora de grupo Fortune Brands, se fabrica ahora en Segovia, en las instalaciones donde Allied Domecq elabora el wisky Dyc para Fortune Brand (gráfico 4). En Manzanares, ya no queda producción y el establecimiento ha quedado reducido a embotelladora de productos del grupo y centro logístico.
Estamos, en el caso de Pernod Ricard, como en el de tantas megacorporaciones, próximos a lo que se ha dado en llamar “empresa virtual” o “corporación vacía” (Dicken, 2007), formas de hacer dinero gobernando, controlando y gestionando la cadena de mercancías y/o servicios, pero sin hacerse cargo de sus eslabones, o, dentro de ellos, reteniendo sólo aquellos que generan mayor valor añadido. El capital global trata así de liberarse de los lastres y limitaciones que impone el mundo real –la fabricación-, al crecimiento y la acumulación, en la búsqueda de posibilidades de expansión ilimitadas. De modo que el llamado proceso de producción ya no es el camino del éxito, sino más bien un inconveniente a evitar.
En este sentido, la creación y utilización de marcas es la vía que ha encontrado la gran corporación en la economía mundial globalizada para acaparar los mercados y poner la cadena de valor a su servicio (Klein, 2001). Muchas de ellas trascienden ya la exigencia de identificarse con objetos materiales para asociarse con necesidades culturalmente construidas: el deporte, la salud, la libertad, la seguridad. Sin referencia real concreta, las marcas le permiten al capital amplios grados de libertad para proyectarse en “cualquier cosa”, porque, una vez conseguida la apropiación del territorio simbólico, cabe, sin fabricar absolutamente nada, venderlo absolutamente todo. En este contexto, los recursos deben concentrarse en la construcción, el mantenimiento y el desarrollo de la propia marca: la publicidad, el patrocinio, las extensiones de la marca y el diseño de nuevos productos acaparan el grueso de los costes. Después de hacer frente a estos gastos y bajo las restricciones que impone la financiarización de la economía, queda poco margen para los costes de la producción, que vienen a ocupar un lugar residual en la escena. Hay que encontrar, a lo largo y ancho del planeta, fábricas y subcontratistas que sean capaces de manufacturar tan barato como para poder facilitar a la megacorporación propietaria de la marca la apropiación de amplios márgenes de “valor”. De otro modo, los mercados financieros castigarán la ineficiencia de aquellas marcas que no se desprendan convenientemente del lastre de la producción. Esta es otra de las formas en las que se concreta el desplazamiento desde la producción de riqueza hacia la mera adquisición y apropiación de la misma, otro de los mecanismos de enajenación y desposesión de lo local desde lo global.
Asociado a la actuación de Pernod ha surgido párrafos atrás el nombre del grupo Allied Domecq, en el que figura uno de los apellidos más representativos de la vieja oligarquía andaluza, con intereses patrimoniales y empresariales muy importantes ligados en su origen al negocio bodeguero jerezano. Pedro Domecq llegó a ser la mayor empresa de bebidas de España, tras la expropiación de Rumasa en 1982 (Soler Montiel, 2004). Su trayectoria desde los 80 es ilustrativa de la evolución de los comportamientos patrimoniales de una parte importante de las élites locales tradicionales en Andalucía. En 1981, Hiran Walker utiliza la red comercial de Domecq para distribuir sus marcas en el mercado español. En 1986 esta compañía transnacional es adquirida por Allied Lyon, uno de los mayores grupos empresariales de bebidas espirituosas en Europa, que compra también el 32% del capital de Domecq, de manera que en los 90, la empresa “jerezana” ya no estaba centrada en la producción de vinos y brandys de Jerez; se había convertido en una de las principales distribuidoras de marcas locales –La Ina, Carlos I, Carlos III, Dyc, Doble V, Anís Castellana-, y globales, Ballentines, Souza, Beefeater, Courvoisier, Tía María. En este contexto, los productos locales van siendo progresivamente desplazados de los mercados, penetrados progresivamente por las marcas globales y la producción local terminará teniendo un papel residual para el capital global, estimulándose así un proceso permanente de reestructuración productiva y del empleo.
En 1994 Allied Lyons adquiere Domecq, cambiando su denominación por Allied Domecq. Consigue de este modo Allied dos importantes redes comerciales: España y México; esta última le abre a su vez las puertas del mercado latinoamericano. Desde entonces se ve acentuado el interés por las marcas globales, en perjuicio de las actividades productivas de Domecq en el marco de Jerez, -consolidado cada vez en mayor medida como espacio logístico-, hasta terminar trasladándose el centro de decisión del grupo a Madrid y transformándose las bodegas de Jerez en un mero centro subordinado a estrategias empresariales diseñadas en el Reino Unido y en Madrid. Como se ha señalado, Allied Domecq ha sido absorbida por Pernod, cambiando su denominación por la de Domecq Wines España S.A. El caso de Domecq es un buen ejemplo de articulación entre lo local y lo global en un contexto en el que las dinámicas espaciales y productivas se modulan desde estrategias globales, reformulándose desde allí el papel del marco de jerez en la división territorial del trabajo y utilizándose este territorio como una pieza de un puzle en un capitalismo que ha convertido en objetivo prioritario la fructificación del patrimonio financiero.

3.1.c. Refrescos Envasados del Sur, (Rendelsur), empresa franquiciada.
La segunda empresa que figura en la tabla en los dos años considerados es Rendelsur, empresa concesionaria de la fabricación de la marca Coca-cola. Esta franquicia ha experimentado un importante proceso de concentración, siendo ahora sus ámbitos de actuación los territorios de Andalucía y Extremadura. Continúa perteneciendo a un conjunto de familias representativo de la vieja oligarquía andaluza, con apellidos como Mora-Figueroa, Bohórquez o Gómez Trénor, que, con esta forma de articulación dependiente en la globalización, encuentran así su reacomodo, desde la asociación con el capital transnacional para servir a sus necesidades en los procesos de elaboración y distribución de sus marcas. Como ingrediente “especulativo” del negocio, también en este caso nos encontramos con la recalificación de los terrenos en los que, dentro del municipio de Sevilla, se localizaba la fábrica de Coca-Cola, y el consiguiente traslado a la demarcación municipal de La Rinconada, a pocos kilómetros en la misma provincia.

3.2. Empresas andaluzas globalizadas.
3.2.a. González Byass y Osborne, dos grupos “andaluces” que ponen en marcha estrategias globales.
Estos dos grupos empresariales figuran en la lista de empresas agroalimentarias más importantes en los dos años considerados. En el caso de González Byass, en 1992 es participada por el grupo Gran Metropolitan de manera que ésta megacorporación amplía así la red de distribución de sus marcas, a la vez que González Byass accede a la red de distribución y comercialización de Gran Metropolitan (Soler Montiel, 2004). En 1997 la empresa jerezana recompra las acciones de Gran Metropolitan, para quien, una vez conseguido el uso de los canales de comercialización, no es negocio mantener sus “inversiones productivas” en el marco de Jerez. González Byass inicia en estos años una etapa de expansión basada prioritariamente en la adquisición y gestión de marcas locales y, cada vez en mayor medida, globales (gráfico 5 ). En el año 2001, el grupo Diageo vende a González Byass la empresa jerezana Croft, poniéndose una vez más de manifiesto la pérdida de interés de los grandes grupos globales por las actividades productivas, una vez consolidada su posición en el mercado español. Aunque el establecimiento de Croft continúa utilizándose como planta embotelladora de marcas de Diageo, -Pampero, Safari, Vehoven-, aprovechando la capacidad embotelladora instalada. En el año 2003 el Ayuntamiento de Jerez y González Byass firman un convenio para construir, en los terrenos de Croft –cuyas instalaciones fabriles se trasladan a una zona periférica-, una zona residencial de alto poder adquisitivo, modificándose en el Plan Urbanístico el uso previsto del suelo.
En el caso de Osborne, aunque la dirección del Grupo se mantiene en Jerez, las inversiones se alejan de las denominaciones de origen, de modo que puede decirse que se plantea una deslocalización de la actividad productiva en relación al marco de Jerez, destinándose las inversiones a “espacios desregulados donde poder reproducir el modelo productivo de los nuevos espacios vitivinícolas, siguiendo las dinámicas de la globalización” (Soler Montiel, 2004 :541). También la gestión de marcas aparece en este grupo como elemento prioritario de su estrategia empresarial (gráfico 6). Un ejemplo ilustrativo en este sentido: la distribución de una sola marca en el mercado español, Red Bull, proporciona a Osborne el 10% de los ingresos netos totales del grupo (Alimarket, 2006).
3.2.b. Aceiteras y aceituneras andaluzas en los mercados globales.
Por ser este un sector tradicionalmente de tan fuerte arraigo local, conviene reseñar aquí que el principal grupo aceitero en España es actualmente el grupo Sos Cuétara, S.A., lejano territorialmente a Andalucía, en sus orígenes y desarrollo. En marzo de 2006, este grupo, que ya participaba ampliamente en el negocio aceitero, hizo efectiva la compra de la aceitera italiana Carapelli Firenze, controlada hasta entonces por un grupo de fondos de inversión y otras entidades financieras, por un precio de 127 millones de euros. La operación fue financiada mediante un crédito subordinado de 125 millones de euros, y se ha realizado a través de Minerva Oli, en la que poco después se ha realizado una ampliación de capital de 60 millones de euros. Esta empresa fue adquirida, a su vez, en 2005 por los fondos de capital riesgo Fidia Prudentia, Athena Private Equiti, y Mercantile (Alimarket,2006). Dentro del grupo Sos nos encontramos con marcas como Elosua, Koipe, Sojasol, Minerva o Carbonell, las dos últimas asociadas a empresas pertenecientes hasta los 80 a familias de apellidos fuertemente vinculados a la oligarquía tradicional andaluza. También hay que decir que, además de las empresas con estrategias globales, tengan o no su origen en Andalucía, el sector del aceite es todavía un ámbito de la economía andaluza en el que existe un tejido empresarial de medianas y pequeñas empresas de propiedad local vinculadas a familias que, junto con otras asociadas a actividades agrarias, han venido conformando élites locales de poder5, y algunas de las cuales han derivado su ámbito de actuación, en las dos últimas décadas, hacia el negocio inmobiliario. Entre estos casos sobresalen apellidos como Osuna, Avila Rojas, Alvarez Colunga, -expresidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía-, o Roca, éste último capo principal de la operación Malaya.

b.1.Grupo Angel Camacho.
Pertenece a la familia Camacho, que fundó la empresa matriz en 1897. Centrado en el municipio sevillano de Morón, y encabezado por Angel Camacho, S. A., este es un grupo internacional de empresas integrado por Envasadora Loreto, Camagro, Internacional envasadora, A. Camacho U.K., y A. Camacho Inc., que tiene como actividad el envasado y comercialización de aceites comestibles, aceitunas de mesa, mermeladas, miel, encurtidos, otras conservas vegetales, patés, infusiones, y queso rayado, productos asociados a una decena de marcas, que exporta a cerca de 100 paises. Los proveedores de materias primas configuran una red de empresas locales que trabajan mediante figuras contractuales como “for fait” o “maquila” dentro de un modelo muy “flexible” de adaptación a las necesidades del grupo y condiciones de trabajo muy precarias (García Jurado, 2003).

b.2.Miguel Gallego S.A. (Migasa).
Patrimonio de la familia Gallego (Sevilla), integra empresas como Mengíbar S.A., elaboradora de ácidos grasos, Agrufal, S.A., extractora de girasol y orujo, Agrícola Gaju, S.A., con fincas rústicas propias y arrendadas, y Cexac, S.L., envasadora en Plasencia. Participa en un 50% en Aceites Ybarra S.A.. Asimismo, Aceites Ybarra cuenta con Oleo Macía, S.A. para gestionar las marcas de Aceites La Masía S.A., sociedad propiedad de Migasa.. Aceites Ybarra también participa en un 70% en Mueloliva y Minerva S.L., sociedad conjunta con Grupo Empresarial Muela S.A. para comercializar las marcas de esta última. Los accionistas de Migasa participan además con el 60% en proteínas del olivo, S. A., extractora y refinadora de aceite. A finales de 2004 Migasa creó Oleosalgado S.A. al tiempo que suscribía un acuerdo de colaboración con la aceitera madrileña Rafael Salgado S.A.. Igualmente, a finales de 2004 ha firmado un acuerdo con Coop. Andoleum, para el envasado de aceites (Alimarket, 2006)

b.3. Aceites del Sur-Coosur S.A.
A partir de 2005, se integran estas dos empresas, conformando ahora un amplio grupo empresarial que gestiona la extracción, el envasado y la distribución de aceite de oliva en los mercados globales. Aunque cuenta con instalaciones fabriles propias, una gran parte de las materias primas y de los procesos que incluye la cadena de valor los adquiere mediante acuerdos con otras empresas aceiteras (Alimarket, 2006).

4. El negocio inmobiliario.
En Andalucía, el negocio inmobiliario tiene un peso que está por encima del que tiene en el conjunto de la economía española. Como reflejo de esta mayor intensidad del boom inmobiliario en la región, el sector de la construcción supone en 2004 el 12% del PIB de Andalucía, estando el peso de esta actividad dentro del PIB de Cataluña, Madrid y el País Vasco en alrededor del 8%, y en el 9,6% para la economía española. Si a ello le sumamos los efectos de arrastre6 que dentro de la economía andaluza genera este sector, tendríamos que añadir un 16,1% ; de modo que, directa o indirectamente, la construcción está asociada al 28,1% de PIB. A esta cifra habría que agregar la incidencia sobre el consumo del llamado efecto riqueza, derivado de la revalorización de activos inmobiliarios, y tendríamos así una cantidad que relacionaría el negocio inmobiliario con una parte del PIB que estaría por encima del 30%. Estamos, sin duda, en el período considerado, ante la principal actividad económica de Andalucía.
En cuanto a la promoción inmobiliaria, en Andalucía se construyen, en el período 1991-2004 cerca de un millón de viviendas nuevas, 938 miles, bastantes más que en ninguna otra Comunidad Autónoma, -un 53,7% más que en Cataluña, 68,0% por encima de la Comunidad Valenciana, y 78,6% más que en Madrid. El parque ha crecido aquí un 31,6% sobre el existente en 1991, una intensidad para la construcción también superior al resto de las Comunidades, y muy por encima de la tasa de crecimiento de la media española, 24,9%. Mucho mayor que la de las propias necesidades de vivienda que exigiría el crecimiento de la población: se han construido viviendas a un ritmo que viene a ser el triple del ritmo al que crece la población andaluza.
Al modelo de expansión del negocio inmobiliario y su proyección territorial en Andalucía se ha hecho referencia en otro lugar (Delgado, 2006), y allí se evidenciaba que estando el número de viviendas construidas muy por encima (tres veces), del incremento de la población, ésta se encuentra cada vez más lejos de la posibilidad de acceder a una vivienda. Dicho de otra manera, la actividad económica más importante de Andalucía, convertida en puro negocio inmobiliario, pone en entredicho la idea de que la economía, tal como se entiende convencionalmente y en su funcionamiento real, tenga por objeto la satisfacción de las necesidades de la población. Más bien cabría concluir que el objetivo de esta economía coincide con el de los amos del negocio inmobiliario: acumular para poder seguir acumulando. Si es así, también el sistema político imperante de democracia representativa se vería fuertemente cuestionado, al propiciarse desde la política operaciones que tienen como finalidad la obtención de pingues beneficios privados en contra del interés de la mayoría, aunque el negocio inmobiliario se trate de presentar como generador de riqueza y bienestar para todos. En este sentido, habría que tomar en serio la viñeta del roto: “votemos a los constructores y dejémonos de intermediarios”.
El negocio inmobiliario, basado en la obtención de plusvalías derivadas de la recalificación de suelos, es hoy un claro ejemplo de que el proceso económico se reduce en gran medida a un proceso de creación y apropiación de valor monetario, muy lejos de poder considerarse como un proceso de producción de riqueza. Una apropiación que acrecienta el poder de unos pocos y, como argumenta extensamente José Manuel Naredo en el trabajo incluido en este libro, amplifica su capacidad para influir en la elaboración del proceso de toma de decisiones y en la modificación de las reglas del juego que le facilitan su adquisición. De manera que el enriquecimiento de unos termina siendo a costa del empobrecimiento de otros, y, paradójicamente, lo que se anuncia como un proceso de creación de riqueza en beneficio de todos termina convirtiéndose en mayores cotas de deterioro ecológico y social para la gran mayoría de los ciudadanos.
¿Quiénes son, en Andalucía, los amos del negocio inmobiliario? Para una primera aproximación a esta cuestión hemos considerado la relación de las principales empresas constructoras en la región (tabla 2). Prácticamente en todos los casos se trata

Tabla 2
Principales empresas de la construcción en Andalucía
2005
Empresas
Lugar entre las constructoras españolas
Ventas 2005
(Millones de euros)
Grupo PRASA
30
672,6
Grupo SANDO
38
520,0
Grupo AIFOS
58
346,0
Grupo NOGA
59
344,0
Inabensa S.A.
67
288,0
Azvi
86
245,0
Grupo Arenal
105
200,0
Grupo. Avila Rojas
125
170,0
Jarquil Andaluza S.A.
139
157,9
Fuente: Alimarket. Informe anual 2006.

de grupos empresariales medianos o pequeños, como muestra el lugar que ocupan en el ranking de constructoras en España, y el volumen de ventas (ACS, el primer grupo constructor español, tiene un volumen de ventas de 12.113,8 millones de euros en 2005). Este tipo de constructoras conforman toda una red de empresas abarcando diferentes eslabones de la cadena del negocio inmobiliario, en mayor medida que las grandes empresas, con mayor capacidad para apropiarse del valor generado por otros y que utilizan con más frecuencia la subcontrata y la externalización de tareas y servicios.
En el caso de PRASA (gráfico 8 ), localizada su sede en Córdoba, el grupo, perteneciente a la familia Romero González tiene su origen en un pequeño negocio de construcción iniciado en los años 60 por el padre del actual presidente de la compañía, José Romero González. Este grupo posee varias promotoras inmobiliarias, en las que participa una importante Caja de Ahorros (CAJASUR), respondiendo dicha participación a una estrategia empresarial generalizada en las Cajas de Ahorro Andaluzas de participación en el negocio inmobiliario que más adelante comentaremos. Además, el grupo lo componen empresas de contratas e infraestructuras, una cementera, una empresa de prefabricados de hormigón, y una comercializadora de sus viviendas en el extranjero. Tiene también empresas constructoras en Europa Oriental, donde cuenta con varias promociones e inversiones. A estas actividades se añade la propiedad de empresas hoteleras y una división de promoción y explotación de centros para mayores. El Córdoba Club de Fútbol es hoy una empresa más perteneciente al grupo PRASA.
SANDO es un grupo malagueño que también pertenece a una familia de varias generaciones de constructores, los Sánchez Domínguez. El grupo (gráfico 9) aglutina un conglomerado de empresas dedicadas a la construcción, la promoción, la producción de hormigones y áridos, y de cemento, a la extracción de pizarras, y al negocio del medio ambiente (jardinería, limpieza urbana, reforestación).

El grupo AIFOS, (Málaga), pertenece a la familia Maldonado Taillefer, integrantes de la burguesía malagueña tradicional, y también sus actividades y empresas cubren desde la promoción a los servicios de arquitectura, medioambientales, etc. En mayo de 2006 tenía una cartera de 80.000 viviendas y una reserva de suelo para otras 17.000. Ente sus proyectos en marcha figuraban la promoción de 1.000 inmuebles en Atarfe (Granada), dentro del proyecto “Ciudad Liberis”. En Casares (Málaga), prevé desarrollar otras 1.000 viviendas más. En Murcia adquirió 4 millones de metros cuadrados para acoger 3.000 viviendas, tres hoteles y un campo de golf. Aifos proyectaba también la puesta en marcha de establecimientos hoteleros en La Linea (Cádiz), Andorra, Marbella y Estepona. (Alimarket,2006).
Inabensa, S.A. (Sevilla), es una empresas de instalaciones integrada en el grupo Abengoa, en la que nos encontramos a la familia Benjumea como propietaria mayoritaria, con filiales en Francia, Marruecos, Brasil, Francia, Portugal e India. Sus actividades van desde las Instalaciones eléctricas a Concesiones, pasando por Instalaciones mecánicas, Fabricación, Instrumentación y matenimiento, Grandes líneas, Comunicaciones, o Instalaciones ferroviarias.
Azvi, (Sevilla), perteneciente a la familia Contreras, constructores desde los años 60, es también un grupo que integra prácticamente todos los eslabones de la cadena inmobiliaria, y entre sus actividades cobra más peso la construcción de proyectos ligados a las infraestructuras. En su cartera de obras de 2006 sobresalían las del tramo ferroviario del AVE Madrid-Valencia, entre el embalse de Contreras (Cuenca) y Villalgordo del Gabriel (Valencia), y el tramo Madrid, Segovia, Valladolid. La actividad constructora de Azvi está centralizada en Andalucía, con un 37,8%, aunque también tiene una importante presencia en Castilla-La Mancha, Madrid, Baleares y Comunidad Valenciana. En el exterior, tiene obras en Chile, Portugal, y está comenzando a penetrar en el mercado de Europa del Este.
Detrás de grupo NOGA (Granada), está Nicolás Osuna García, Conde de Osuna, propietario de un patrimonio que no viene reflejado ni por la facturación ni por los activos de NOGA. El granadino posee miles de hectáreas de olivar, agrupadas bajo la firma Haciendas del Sur, la mayoría adquiridas a la familia Oriol, que le convierten en uno de los mayores receptores de ayudas de la Unión Europea. Su división hotelera, Hoteles Center, gestiona una docena de establecimientos, entre ellos la lujosa casa Fuster de Barcelona, desde 1999.(El Mundo.Magazine, 2006).
El grupo Arenal fue fundado en Córdoba (1996) por Rafael Gómez Sánchez, (más conocido por Sandokan), trabajador emigrado a Francia en los 60 que a su vuelta montó un negocio de joyería, del que pasó al inmobiliario en los 90. El grupo poseía una promotora (Arenal Sur), participada por CAJASUR, entidad financiera que le sirvió de soporte para su expansión por Andalucía. Arenal llegó a tener, en 2005, una cartera en desarrollo de más de 8000 viviendas y en proyecto otras 8000 unidades, con numerosas operaciones urbanísticas localizadas en la Costa del Sol. El ocaso de este grupo no ha tenido que esperar a que se desinfle la burbuja inmobiliaria. Llegó en junio de 2006, cuando su Presidente, Rafael Gómez Sánchez fue detenido por su implicación en la operación Malaya. Según el juez, Gómez Sánchez entregó doce sobres a Roca con 600.000 euros de comisión. A cambio, logró la recalificación del uso de los locales comerciales que el empresario poseía en el complejo Mare Nostrum, situado en el paseo marítimo de Marbella (El País, 17/2/2008). En libertad provisional bajo fianza, a partir de aquí, cerrado el grifo de su expansión por parte de CAJASUR, y después de una carrera vertiginosa de venta de suelos y propiedades, el “magnate” ha cerrado prácticamente su negocio inmobiliario y se ha replegado de nuevo al de la joyería.
El grupo Avila Rojas pertenece a José Avila Rojas, terrateniente granadino de origen, que derivó en los 80 hacia el negocio del ladrillo hasta que en el año 2006 fue detenido en la segunda fase de la operación Malaya, después de diversos casos con la justicia, que resume el siguiente documento de Efe-Europa Press:
“Avila Rojas se enfrentó en 2003 a uno de los principales juicios por estafa inmobiliaria celebrados en Granada, con 14 acusados -funcionarios y técnicos del antiguo MOPU (entre ellos el exDirector General de Obras Públicas, Rafael Villar) y responsables de la constructora- por la presunta comisión de falsedad, estafa y prevaricación en la tramitación de los expedientes, construcción y venta del “Conjunto Occidente”. La Fiscalía sostuvo que entre 1978 y 1983 Avila Rojas, en connivencia con los responsables del MOPU en Granada, urdió una trama para “procurar un considerable beneficio económico en claro perjuicio para los compradores de los pisos”, de forma que se alteraron los expedientes de la superficie construida y se cambiaron plazas de garaje por locales comerciales, entre otras anomalías.
Entonces el fiscal pidió para José Avila Rojas, máximo accionista de la promotora, siete años de cárcel por un delito de estafa y siete meses de prisión por falsedad, pero la Audiencia Provincial declaró prescrita la responsabilidad de todos los acusados al haber pasado más de diez años desde su presunta actuación delictiva hasta su imputación en el caso. Aunque ha ejecutado promociones prácticamente en toda Andalucía, en 2000 Los Verdes lo relacionaron con las irregularidades urbanísticas de Marbella al denunciar que el decano del Colegio de Abogados de Málaga, José María Davó, que entonces firmó una carta de varios colectivos denunciando las trabas a la aprobación de la revisión del PGOU, era letrado de la constructora Avila Rojas.
El empresario fue absuelto en mayo de 2002 por el delito contra el medioambiente por el que fue juzgado y para el que el fiscal pidió seis años de cárcel porque aunque quedó probado que desde una granja de su propiedad se hicieron vertidos tóxicos al río Darro, el juez descartó “condición objetiva punible”.

El constructor vio cómo en junio de 1997 un Juzgado ordenaba la intervención de las cuentas bancarias de su grupo por incumplir una sentencia del Tribunal Supremo que le obligaba a indemnizar a la comunidad de propietarios de la Urbanización Parque del Genil con 225 millones de pesetas (1.352.277 euros) por defectos de construcción y desperfectos.Finalmente la intervención no llegó a producirse por un recurso ante la Audiencia Provincial.
Pese a la oposición de la Fiscalía, también fue absuelto en 1993 de la presunta comisión de falsedad y estafa en la construcción de la urbanización granadina “Parque Luz”, cuyos vecinos denunciaron incumplimiento del proyecto previsto.
En febrero de 1991 se vio involucrado en un caso de malversación de fondos públicos por el que fue condenado el ex alcalde de Güéjar Sierra Antonio Moreno al considerarse probado que cobró dos cheques de 500.000 pesetas (3.005 euros) cada uno entregados por el constructor granadino. Además, la Junta de Andalucía le ha abierto expedientes administrativos con resultado de sanción por actuaciones no autorizadas en parajes protegidos como la Umbría del Generalife o Playa Granada, en Motril, y que el empresario recurrió, sin éxito, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA.(EFE.Europa Press. Granada 27 de Junio 2006).
En toda esta trama urbanística en la que se teje una red de intereses con la administración y los recursos al servicio de operaciones especulativas de apropiación y reparto de grandes cantidades de dinero, es importante subrayar, en el caso de Andalucía, el papel de las Cajas de Ahorro, entidades a las que se supone una finalidad social y que comenzaron en el negocio inmobiliario adelantando los fondos a promotoras y constructoras mediante créditos que se justificaban en su concesión por las revalorizaciones patrimoniales que se esperaban conseguir con la realización del proyecto financiado. Este modo de financiación de operaciones inmobiliarias por parte de las Cajas entrañaba un riesgo, asociado a la realización de las plusvalías en situaciones en las que con frecuencia el suelo sobre el que se pretendía construir estaba
todavía sin recalificar. Para disminuir el riesgo, las Cajas ponen en marcha una estrategia de participación en las entidades promotoras que supone no sólo la obtención de los intereses del dinero prestado, sino también la participación en los propios beneficios de la promoción. De este modo las Cajas de Ahorro se convierten en actores que, a través de un conjunto de sociedades participadas, intervienen directamente en el negocio inmobiliario (véase el gráfico 10 para el caso de las Cajas sevillanas de San Fernando y El Monte, fusionadas en 2007 para dar lugar a Cajasol).
Si se tiene en cuenta que el gobierno de estas entidades está hoy en Andalucía en manos de quienes tienen el control del poder político, nos encontramos con la paradoja de que, quienes debieran procurar, desde las instituciones políticas, la ordenación del territorio, el uso del suelo, y la planeación urbanística en beneficio del conjunto de la sociedad, vienen a ser los mismos que participan en el reparto de una tarta7 que se fabrica poniendo los resortes del poder político al servicio de los intereses que sostienen el negocio inmobiliario, máxime cuando los usos y la disponibilidad del suelo se deciden en gran medida al margen del planeamiento y en función de la capacidad de influencia (el poder) de quienes negocian con el suelo para conseguir recalificarlo y obtener plusvalías. En ocasiones han sido las propias Cajas de Ahorro quienes directamente han llevado a cabo operaciones de compra y venta de suelo con la consiguiente apropiación de las plusvalías generadas. Este es el caso de la llamada “operación tablada”, llevada a cabo en el municipio de Sevilla, sobre un extenso solar de 356,8 hectáreas, La Dehesa de Tablada, en principio propiedad pública municipal, cedida después al ejército, y que desde esta institución es subastada y comprada en 1997 por las Cajas de ahorro sevillanas de San Fernando y El Monte por 8.000 millones de pesetas. Desde el Banco de España se califica la operación de especulativa de alto riesgo. En 2001, las Cajas consiguen vender el solar a un consorcio (Tablada Híspalis), integrado por las principales promotoras que actúan en la ciudad por 13.600 millones de pesetas. (Rodríguez Almodóvar, 2003). Las plusvalías, 5.600 millones de pesetas: mera apropiación de valor monetario (“riqueza”), como resultado, no de producir nada, sino de “revender con beneficio”. Si a continuación el suelo hubiera sido recalificado como urbanizable, esta operación se planteaba como altamente rentable para el consorcio. De lo contrario, que es lo que hasta el momento ha sucedido, “las apuestas han seguido siendo ganadoras, vía reparto y compensaciones” (De Manuel y López, 2003), pues las empresas propietarias de Tablada son poseedoras también de gran parte del suelo urbanizable en la ciudad, y de la mayoría de las operaciones urbanísticas que se han desarrollado en la misma durante las últimas décadas. En relación con la expropiación del suelo, el litigio en marcha se fundamenta, por parte de Tablada Híspalis, en que el precio que debe pagar la administración tiene que tener en cuenta que los terrenos se compraron con expectativas de beneficios.
Al amparo de las Cajas de Ahorro andaluzas se han fraguado grandes patrimonios alrededor del negocio inmobiliario, entre los cuales destaca en Andalucía el de Luis Portillo, “el príncipe del ladrillo”, que en 2006 acumulaba un patrimonio bursátil y empresarial de 3.785 millones de euros, según Forbes la tercera fortuna de España, detrás de Amancio Ortega (Inditex) y la familia Del Pino (Ferrovial). Este volumen monetario se extrae del valor que acumulan las participaciones en la inmobiliaria Inmocaral y en los bancos BBV, Santander y Popular y del resto de activos de la sociedad Zent Inversiones, que agrupa una treintena de empresas, de las que veinticinco (diecisiete inmobiliarias, siete gestoras y una constructora) están relacionadas directamente con el ladrillo, tres con el negocio agroalimentario y el resto con el transporte, la enseñanza y el reciclaje. En diciembre de 2006 presidía tres grandes inmobiliarias: Inmocaral, Colonial y SFC. La privilegiada posición de este empresario no está basada en las ventas de sus empresas, sino en el valor de sus activos patrimoniales: terrenos –una reserva de suelo de más de tres millones de metros cuadrados-, y propiedades para su venta o promociones inmobiliarias propias, terrenos y propiedades para explotar en arrendamiento, y activos financieros. (Economía y Empleo, 2006). Inmocaral y Colonial, dos de las grandes constructoras controladas por Luis Portillo, tienen en marcha un proceso de fusión que se efectuará sin contraprestación en metálico, a través de un intercambio de acciones. De esta fusión surgirá un grupo, -Inmocaral, Colonial, SFL,- que estará entre los principales operadores inmobiliarios de Europa. Para fraguar esta operación, Inmocaral llevará a cabo una ampliación de capital por 219,3 millones de euros, (Europa Press, 2008), en un ejemplo más de creación de dinero financiero, forma central en la actualidad, de adquisición y acumulación de riqueza y de poder.

5.Consideraciones finales
Después de esta aproximación a las formas de apropiación de riqueza en dos de las actividades más significativas de la economía andaluza, hemos podido constatar comportamientos que justifican algunas consideraciones finales.
En relación con el patrimonio empresarial asociado a las agroalimentarias, actividad muy importante desde el punto de vista de la especialización económica, y, en consonancia, uno de los modos tradicionales de generación y apropiación de valor monetario en Andalucía, ha tenido lugar una fuerte penetración de capital global en la parte más saneada del patrimonio empresarial “autóctono”, dando lugar a un proceso de apropiación y desposesión de lo local desde lo global. De tal modo que las megacorporaciones que han hecho de esa parte del patrimonio empresarial “objeto del deseo” para sus fines expansivos han utilizado diferentes estrategias entre las cuales cabe señalar las relacionadas con su capacidad para crear dinero financiero, generando así una capacidad de compra que les ha permitido la apropiación de esos activos empresariales a la vez que han utilizado su posición de poder para modificar las reglas del juego locales a su favor. También hemos tenido ocasión de observar la utilización de las marcas como mecanismo de apropiación de riqueza sin necesidad de intervenir en o gestionar directamente los procesos “productivos”; una forma de alejar los límites que la realidad, el mundo físico, impone a los procesos de expansión y acumulación de capital.
Por otra parte asistimos también en esta etapa al reacomodo de las viejas oligarquías locales con una cierta continuidad de determinadas familias en el mundo de los negocios, acoplándose ahora a las nuevas formas de hacer dinero. Es el caso de quienes han prosperado “globalizando” sus empresas o grupos empresariales, y, por tanto, han conseguido trascender las actividades de extracción, elaboración y manejo de mercancías para utilizar en su beneficio la lógica de un sistema económico que hace de la organización empresarial un mero instrumento para la expansión por medio de la apropiación de valor monetario (Naredo, 2006). Se han adaptado al funcionamiento de un capitalismo que, como ha señalado René Passet, se ha hecho patrimonial, al convertir en primer objetivo del sistema la fructificación del patrimonio financiero (Passet, 2001). En consonancia con esta nueva etapa en la que la revalorización de activos patrimoniales ocupa un lugar central en las actuales formas de adquisición de riqueza, se han hecho en las dos últimas décadas importantes fortunas alrededor del negocio inmobiliario, bien a partir de la incursión en el mismo de quienes ya se ocupaban de hacer dinero en otras actividades, o por parte de “primerizos” que en poco tiempo, y bajo el paraguas del poder político, han logrado, en medio del “todo vale”, importantes posiciones de riqueza y de poder.
En definitiva, asistimos a fuertes procesos de polarización y concentración de la capacidad de disponer de personas y territorios, desde una lógica sacralizada que termina dando sentido y gobernando cada vez más extensos ámbitos de la vida: la lógica de la acumulación. Acumulación de poder y de riqueza que, en lo sustancial se reviste de formas que tienen que ver con su apropiación (Naredo, 2006) por parte de quienes manejan los resortes del poder y controlan las reglas del juego, y se concreta en la desposesión de la mayoría (Harvey, 2003), bajo los efectos del predominio del ámbito de lo financiero.

BIBLIOGRAFÍA

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SOLER MONTIEL, M. (2004) La vitivinicultura del marco de Jerez en la globalización. 1980-2002. Tésis Doctoral. Facultad de Económicas. Universidad de Sevilla..

Capítulo 5 del libro Economía , poder y megaproyectos. J.M. Naredo y F. Aguilera Editores) Ed. Fundación César Manrique 2009.

2 Comentarios

  1. Francisco Garrido

    Magnífico estudio que establece cuales deben ser las bases analíticas de las condiciones materiales y ecológicas del andalucismo político y el marco territorial para la ecología política en Andalucía

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