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El 4 de diciembre podremos ser, en la calle, codo a codo, un ejército de ilusiones compartidas

Mario Ortega / Queramos o no la agenda política y de imposiciones legislativas la están marcando los ricos (la clase dirigente, la clase que controla todas las claves del poder económico e institucional).

El Gobierno centralista del PP ha interiorizado la mayoría absoluta que consiguió el 20N de 2011 (curiosa fecha para marcar una involución democrática hacia el pasado) de tal manera que tiene abiertos manu militari todos los frentes contra la mayoría de la sociedad.

La reforma laboral anula cualquier capacidad de negociación equilibrada de la clase trabajadora (mayoría) con los dueños del capital (minoría). La reforma de la Ley de plazos para la interrupción voluntaria del embarazo limita dramáticamente la libertad de las mujeres y su derecho a decidir (mayoría) otorgando a la moral católica (minoría) el juicio sobre sus cuerpos. La ley de amnistía fiscal para los grandes defraudadores (minoría) es un esperpento inútil que alimenta la destrucción de la credibilidad en el estado de derecho por parte de las clases medias (mayoría). La ley de libertad de horarios comerciales es un nuevo apretón a los bolsillos de las pymes (mayoría) para que las monedas caigan en la cesta de los dueños de las grandes superficies comerciales (minoría). Los recortes en las partidas presupuestarias destinadas a la enseñanza, la sanidad, las prestaciones por desempleo, las políticas activas de empleo, los servicios sociales y la universidad pública (destinadas a la mayoría) favorecen el monopolio de los derechos constitucionales por parte del capital privado (minoría). La subida del IVA ha sido planificada para que pague la mayoría social y se beneficie la minoría opulenta. La reforma de la justicia limita el derecho a la justicia de la mayoría y mercantiliza el sistema judicial favoreciendo a la minoría. Podría seguir con reformas que atacan a nuestras costas, a las energías renovables, al mundo agrario, a la producción cultural, a la libertad de expresión y manifestación, al derecho a la información contrastada y veraz, y podría seguir…

Añadido a esta demolición sistemática del estado social y de derecho por la vía del decreto ley (la excepción convertida en norma), se encuentra el ataque frontal al Estado de las autonomías, un modelo que impuso Andalucía en la transición para vincular derechos sociales e igualdad con autogobierno y ciudadanía ante el reparto de la tarta del capital público que de manera desequilibrada querían imponer las derechas española, catalana y vasca. El gobierno prevé una Ley de Unidad de Mercado y una nueva LOAPA ambas limitativas de las competencias autonómicas en cuestiones esenciales, de modo que anularían por la vía de hecho la capacidad de los gobiernos y parlamentos autonómicos subvirtiendo la voluntad popular consecuencias de los resultados electorales.

Resumidamente, afirmo que es el gobierno centralista, votado por una gran mayoría, el que está actuando contra una mayoría mucho mayor. Resultando que tiene abiertos los frentes contra el mundo del trabajo, contra las mujeres, contra los derechos sociales esenciales, el de la violencia contra quienes se manifiestan pacíficamente, contra las pymes y las y los autónomos y contra el modelo de Estado alimentando el legítimo soberanismo catalán y vasco, independientemente de que pensemos que suponen una huida hacia delante para ocultar las causas profundas de la crisis tal y como venimos insistiendo en Paralelo 36 Andalucía. Las pruebas son abrumadoras para declarar al gobierno del Partido Popular culpable de la situación.

Todo esto afecta particularmente de un modo diferencial negativo a Andalucía. No recordaré todas las cifras, pues ya sabemos que nuestros indicadores socioeconómicos son de los peores de la Unión Europea. Esto se debe al modelo, a unas reglas del juego impuestas por el poder económico real y aplicadas a pies juntillas por la derecha nacional-católica neoliberal del Partido Popular. Solo dos, Andalucía tiene ocho veces menos déficit público por habitante que España y la mitad que Cataluña, y soporta las competencias de educación, salud y servicios sociales, la deuda del Estado acumulada con Andalucía es de 3.400 millones de euros, y se va a ampliar si, tal y como propone el gobierno central se vuelve a incumplir la Disposición Adicional Tercera de nuestro Estatuto de Autonomía, una ley de rango constitucional, que fija las transferencias del Estado a Andalucía en función del porcentaje de población. En estas circunstancias, estrangulada por el gobierno centralista del PP, Andalucía avanza a unas cifras de paro superiores al 35%, el juvenil superior al 60%. Esto es un ataque en toda regla contra la mayoría del pueblo andaluz.

Es imprescindible abanderar nuestra conciencia de pueblo y vincularla directamente con nuestra conciencia de clase, está en juego la democracia real. En la lucha social por los derechos de la mayoría, Andalucía tiene que volver a emerger como la clave de bóveda del estado social y de derecho, el puntal de la democracia y la derrota del neoliberalismo y el nacional-catolicismo.

La lluvia de motivos para una movilización popular en Andalucía crece y crece.

El 4 de diciembre podremos ser, en la calle, codo a codo, un ejército de ilusiones compartidas. Por Andalucía, los pueblos y la humanidad.

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